El Heraldo
Colombia

Caso Jon Sonen: exempleados denuncian irregularidades en sus pagos

A raíz del caso de la mujer que salió esposada de una de las tiendas de esta marca, varias personas que están o estaban vinculadas a la compañía afirmaron que nunca recibieron el pago de EPS, ni tampoco liquidaciones. 

La denuncia de una mujer identificada como Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, quien laboró como asesora comercial en la tienda Jon Sonen en Cartagena, fue solo el inicio de un 'tsunami' de denuncias de varios exempleados de la compañía sobre presuntas irregularidades y anomalías en los pagos legales que debe tener un empleador con sus trabajadores, como la liquidación cuando termina un contrato y la seguridad social (salud, pensión, ARL, entre otros). 

EL HERALDO recogió las denuncias de varios extrabajadores de la tienda de ropa masculina, quienes aseguran que trabajaban para el empresario barranquillero sin recibir sus pagos parafiscales correspondientes, ni tampoco las obligaciones de la empresa como las vacaciones y liquidaciones. 

A través de chats de WhatsApp y denuncias, varias personas que estuvieron vinculadas a la compañía manifestaron su inconformidad al no recibir los pagos correspondientes.

En una de las conversaciones se lee cómo una persona en un grupo de WhatsApp le envía un mensaje al empresario solicitando el pago de la seguridad social e incluso resalta que su punto de venta superó las metas exigidas mensuales. "Este sábado vendimos 12.000.000, que considero fue una buena venta. Por esta razón me atrevo a decirle que la seguridad social es un derecho que tenemos como trabajadores (...) estamos sin EPS. La hija de mi asesora se encuentra mal de salud y mi sabatina ha tenido problemas en el riñón", se lee en uno de los mensajes. 

Así mismo, en el mismo grupo de chat, otra persona denunció que estaba en estado de embarazo, su bebé estaba a punto de nacer y no contaba con la afiliación a la EPS. Este medio obtuvo varias conversaciones de las peticiones y exigencias que le hacían los trabajadores al diseñador barranquillero, quien se encontraba al tanto en el mismo grupo de la red social. 

Varios de ellos aseguraron que se dirigieron a la oficina de recursos humanos, donde la directora de ese momento afirmaba que los pagos correspondientes de liquidaciones y seguridad social ya se habían hecho efectivos. No obstante, exempleados insistían en que estos no se veían reflejados, por lo que tuvieron que acudir en repetidas oportunidades a la encargada del tema, sin tener solución alguna. 

EL HERALDO constató que en medio de las múltiples denuncias y reclamos, Jon Sonen envió por el mismo grupo un mensaje a los empleados: "Sabemos muy bien cuáles son las responsabilidades contractuales, como ustedes saben cuáles son las suyas. Estamos tratando de normalizar pagos atrasados como estos y muchos que ustedes desconocen como impuestos nacionales, insumos, confección, etc. Como ven, existen muchos pagos que no son salario, seguridad y comisiones", se lee en la respuesta del empresario. 

También se lee que el dirigente de la compañía manifestó que para cumplir con todos los pagos pendientes, dependen del cumplimiento de las ventas en cada punto: "tenemos administradores de esta zona que mes a mes no cumplen con las metas(...) a pesar de estos incumplimientos de ventas, han recibido todas sus quincenas, sus pagos y comisiones y se les ha permitido estar en sus cargos". 

De otro lado, afirmó que era de su interés conocer quién estaba de acuerdo y quién no, al mismo tiempo que recalcó que dicho grupo no era para hacer "quejas y reclamos". 

Otra denuncia que recibió este medio fue de una persona que aseguró que fue despedida "sin justa causa" y al reclamar su liquidación no la firmó, pues consideraba que el valor estaba erróneo. "Luego de llamar y enviar mail varias veces, de hecho hasta correo certificado, fue que tomé las decisión de demandar ya que sus claras intenciones era no pagarme lo que legalmente me corresponde. Inicié el largo proceso y este señor (Sonen) terminó pagando unos días antes de la conciliación, casi un año y medio después de la demanda", señaló el extrabajador. 

Así mismo, aseguró que su caso sigue sin resolver, pues aunque le envió el pago de la liquidación, aún le deben el saldo correspondiente al interés de la mora del pago. Según el denunciante, a principios de este año se fijó la audiencia con un juez, la cual tuvo que aplazarse porque la compañía al parecer no remitió las pruebas solicitadas en el caso. 

Por ahora, el empresario se ha pronunciado por el caso específico de Wendy Norelys Álvarez, quien incluso fue sacada del punto de venta en Cartagena esposada y con su bebé en brazos. “Una extrabajadora fue a reclamar unas acreencias laborales que están completamente canceladas. Este es el volante de pago. (Pero) que hoy, a través de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso”, afirmó en un video publicado en Instagram. 

Además, resaltó que “se le brindó unas garantías en tiempo de pandemia dónde se respetó su puesto de trabajo” y, que como obliga la ley, le cancelaron su licencia de maternidad.

Sin embargo, no se ha pronunciado sobre las recientes denuncias que se han venido conociendo por parte de otros extrabajadores. 

7.500 denuncias por violación de normas laborales en Colombia

El Ministerio del Trabajo se ha venido pronunciado sobre el caso e incluso tomó la determinación de sellar el punto de la tienda de ropa en Cartagena, al constatar que "hay otros trabajadores del almacén que no cumplen, pues están contratados incumpliendo la norma, razón por la que hemos ordenado el cierre de manera preventiva hasta que los dueños del establecimiento comercial cumplan con lo estipulado de la norma". 

De acuerdo con la ministra Gloria Ramírez, a nivel nacional la cartera laboral ha recibido 7.500 denuncias por violación de normas laborales, entre las que se destacan el no pago de salarios, sin seguridad social ni afiliación a riesgos laborales y formas de contratación adecuadas.

Sobre el caso específico de Wendy Álvarez, la funcionaria hizo un llamado a la fuerza pública por el trato contra la trabajadora: “Ese no es el trato que debe dar la fuerza pública a una mujer y su pequeño hijo, que está exigiendo de muy buena forma que le paguen sus prestaciones, que no tiene para vivir y que se los adeudan desde hace dos años”, puntualizó.

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