La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, como lo reveló EL HERALDO desde el pasado sábado, presentó al Congreso un paquete de tres proyectos de ley que buscan 'potenciar' los consultorios jurídicos, 'celeridad' en los procesos de arbitraje y 'agilizar' los casos del contencioso administrativo.
El primero, sobre los consultorios jurídicos, incluye la ampliación del catálogo y la cobertura de servicios, aumento del número de semestres para los estudiantes, y revisión del listado de competencias en cuanto a representación.
Algunas de las variantes previstas en el proyecto de ley son: Se amplía el catálogo y la cobertura de servicios, cuya prestación se reconoce a cargo de los consultorios jurídicos, incluidos la pedagogía en derechos y el litigio estratégico; y se amplía el número de semestres en los cuales los estudiantes podrán prestar estos servicios a través de los consultorios.
Así mismo, se revisa el listado de competencias en materia de representación de usuarios que se ejercen a través de los consultorios jurídicos, armonizándolas con las normas vigentes y los asuntos prioritarios en materia de acceso a la justicia; y se da voz a los usuarios de los consultorios, haciendo obligatoria la creación de mecanismos mediante los cuales éstos puedan formular inquietudes, quejas o reclamos.
Arbitraje y contencioso
Entre tanto, el proyecto de ley por medio del cual se modifica el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, es decir la Ley 1563 de 2012, 'busca celeridad en la etapa prearbitral, claridad en las reglas probatorias, transparencia en la designación de árbitros, impulso al arbitraje internacional a través de garantías de seguridad jurídica y calidad del servicio y el desarrollo del arbitraje social con el fin de ampliar su cobertura territorial y poblacional', se lee en el comunicado de la cartera en cabeza de la barranquillera Cabello Blanco.
Y la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o sea a la Ley 1437 de 2011, 'tiene por finalidad fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado, agilizar el trámite de los procesos contenciosos para facilitar la labor de los jueces y tribunales administrativos, y otorgar mayor seguridad jurídica en las decisiones judiciales para incrementar la confianza de los ciudadanos en la justicia'.
