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Uribistas aplauden tributaria y facción de Cambio Radical la critica

César Lorduy, no obstante, le dijo a EL HERALDO que Cambio Radical se declara a la espera del proyecto para pronunciarse.

En la antesala de la radicación de la comentada reforma tributaria, los partidos políticos han empezado a manifestarse a favor o en contra, o a declararse en espera de la totalidad del articulado.

El Centro Democrático expidió el pasado miércoles un comunicado en el que dice que “reconoce el esfuerzo del Gobierno del presidente Iván Duque para atender una pandemia impredecible, que exigió un endeudamiento de más de 150 billones de pesos en 2020 y 90 en 2021 por la caída del ingreso y el mayor gasto social y en salud”.

Advierte en este sentido que “sin los 90 billones que se requieren en 2021, no hay como pagar salarios del Estado en el segundo semestre”.

Afirma la bancada de gobierno que hay consenso en la necesidad de acelerar la reactivación del empleo y apoyar a los colombianos más necesitados con transferencias económicas, a las micro, pequeña y medianas empresas a sostener el empleo y a la clase media y vulnerable con educación gratuita. “Debemos mirar alternativas sociales para financiar los programas que eviten que la pobreza de un salto en dos años de 35 a 50%”, se lee.

“Acompañamos la idea de posponer la reducción de algunos impuestos, como el descuento de industria y comercio y la reducción de la tarifa de renta, que aprobamos en la ley de crecimiento económico para recoger algunos ingresos en los próximos años”, indica el documento.

Dicen reconocer de la propuesta del Gobierno el esfuerzo para ahorrar 39 billones de pesos en el mediano plazo con el congelamiento y adelgazamiento del Estado, a partir de las atribuciones que se le darían al presidente de la República para realizar una reforma administrativa, fuente de sostenibilidad social.

Y concluyen: “Vivimos un momento que nos exige la mayor solidaridad. Por eso consideramos que se puede aplicar un impuesto a los patrimonios de personas naturales, superiores a 3.000 millones de pesos, con tarifa marginal, progresiva, descontable y transitoria, como mecanismo para cofinanciar programas sociales. También a los altos sueldos”.

Por su parte, el representante César Lorduy, de Cambio Radical, le dijo a EL HERALDO que la bancada se declara a la espera de conocer la totalidad del articulado para emitir un pronunciamiento oficial como colectividad al respecto.

Y por ahora una facción del partido de extracción liberal, representada por José Daniel López, Temístocles Ortega y Jaime Rodríguez, produjo una misiva criticando varios aspectos de la reforma e invitando a la bancada a que se una contra la iniciativa.

“¿Vamos a subir los impuestos en la coyuntura más devastadora y dolorosa de la historia reciente? Les hacemos este llamado público a favor de la clase media y los sectores productivos del país”, se lee.

Uno de los argumentos que esbozan es que la reforma “es inoportuna, inconveniente y desprovista de conexión con la realidad social y empresarial del país”, ya que, por ejemplo, “no es justificable el cobro de IVA a productos de la canasta familiar. Reducir poder adquisitivo de la clase media y asfixiar a quienes menos recursos tienen entorpecería la reactivación económica, acrecentaría la desigualdad, ayudaría a la informalidad y la evasión”.

Advierten así mismo que no es razonable poner a pagar renta a quienes ganen mensualmente $2,5 millones o más y agregan que los hogares colombianos gastan casi la mitad (44,6%) de sus presupuestos en servicios públicos y comida, por lo que antes que nuevos cobros, dicen, se necesita eliminar las ineficiencias y simplificar el sistema tributario.

“Eliminar incentivos tributarios para cuentas AFC, exclusivas para compra de vivienda, es insólito, en un mercado que pretende formalizarse. La única consecuencia será la pérdida del ahorro de los colombianos y la desaceleración del sector vivienda, hoy motor de la reactivación”, sostienen.

Y concluyen que no se le debe hacer 'conejo' a la inversión privada con propuesta de prorrogar el impuesto al patrimonio, que supuestamente terminaría en 2022; y con tarifa del 3% anual sobre patrimonios mayores a $5.000 millones: “Inversionistas se irán y habrá más desempleo”, afirman.

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