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Corte Suprema ya no tiene competencia en caso de El Aro: Defensa de Uribe

El abogado del expresidente y exsenador insiste que el alto tribunal tardó cinco días en notificar la providencia que lo cita a versión libre.

A través de un comunicado emitido ayer, Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, se refirió al llamado de la Corte Suprema de Justicia a su cliente para que rinda versión libre el próximo 16 de septiembre por la masacre de El Aro y aseguró que la corporación "ya no tiene competencias sobre ese caso”.

"Esta actuación carece de soporte jurídico puesto que la Sala Especial de Instrucción perdió competencia para continuar con dicha investigación desde el pasado 18 de agosto, fecha en la que el Senado aceptó su renuncia", se lee en el documento.

El abogado insistió en que ni el caso que tiene privado de la libertad al exsenador, ni el de la masacre de El Aro son competencia del alto tribunal, pues tras la renuncia de Uribe al Congreso el resorte para investigarlo es de la Fiscalía.

"A pesar de que el 18 de agosto se preguntó por dicho proceso en la Secretaría sin que se reportara ninguna novedad, e incluso el día 19 de agosto de 2020, en horas de la tarde, hice presencia en la mencionada Secretaría sin que nada me fuera informado”, dijo Granados en el comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter.

Y añade que “resulta inexplicable que el 19 de agosto, fecha en que ya la Sala Especial de Instrucción sabía de su pérdida objetiva de competencia, nos comunica dichas diligencias como si se hubiesen fijado previo a la renuncia al Senado”.

El proceso

Recuerda el jurista en el comunicado que el proceso inició en los noventas y que el 28 de diciembre de 2000 se dictó resolución inhibitoria a favor de Uribe durante la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez.

Así mismo, indica que la Comisión de Acusaciones investigó al expresidente en 2008 tras la declaración del extinto exparamilitar Francisco Villalba y que no encontró mérito.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, denunciante en el expediente, refirió así lo sucedido en un debate de control político en 2014: "El paramilitar Francisco Villalba vinculó a Álvaro Uribe Vélez con la masacre ante la Fiscalía, en febrero del 2008, y lo ratificó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en noviembre del mismo año. Posteriormente, la Presidencia dio a conocer una supuesta carta firmada por Villalba en la que se retractaba de las acusaciones contra el presidente. Villalba desmintió que hubiera escrito la misma y un análisis grafológico dictaminó que no fue escrita por él. Villalba fue asesinado estando condenado a 33 años de cárcel".

El 2 de mayo de 2012, continúa Granados, el propio expresidente Uribe se puso a disposición de la Fiscalía para lo que requiriera.

Luego, recuerda el legista, el 2 de enero de 2013 con los testimonios de los exparamilitares Juan Fuillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, recolectados por el senador Cepeda, del Polo, la Fiscalía de Luis Eduardo Montealegre revocó el inhibitorio y retomó la pesquisa.

En noviembre de 2014, tras la posesión de Uribe Vélez como senador, la Fiscalía remitió el expediente ante la Corte

Los testimonios

En el auto de llamado a versión libre al expresidente, la Corte ordenó escuchar a los exparamiltiares Ramiro 'Cuco' Vanoy; Carlos Enrique Vélez; Ever Veloza, alias 'H.H.'; Edward Cobos Téllez, alias 'Diego Vecino' y Juan Carlos 'El Tuso' Sierra.

De igual modo, declararían los ex-AUC Juan Guillermo Monsalve; el condenado ganadero Santiago Gallón Henao; y los exjefes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'; Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario'; Diego Fernando Murilo, alias 'Don Berna' y el condenado general (r) del Ejército, Rito Alejo del Río, entre otros.

También aparecen los nombres del exfiscal Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo. 

Al respecto, precisamente, a principios de julio pasado, el exfiscal Montealegre llamó al expresidente "criminal de guerra" y lo señaló de ser "autor por omisión de delitos de lesa humanidad (caso del Aro y La Granja)".

Además, en el auto, de 71 páginas, se lee que el máximo tribunal de la justicia ordinaria "tiene competencia en el presente asunto para su trámite y posterior adopción de la decisión que en derecho corresponda, en relación con las conductas que fueran declaradas crímenes de lesa humanidad, eso es los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos".

En 2018, la Corte Suprema declaró como crímenes de lesa humanidad los cometidos en las masacres de El Aro, San Roque y La Granja, y el perpetrado contra el defensor de DD.HH., Jesús María Valle, por denunciar que la Gobernación de Antioquia, a finales de los noventas, omitió sus deberes en torno a estas matanzas.

Se lee así mismo en la declaratoria que "dicho asunto, no está de más anotarlo, inició con ocasión de la denuncia del señor Jesús María Valle Jaramillo (QEPD) por las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento La Granja en 1996 y posteriormente, con ocasión de la denuncia presentada por el doctor Iván Cepeda Castro y las entrevistas tomadas a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve".

 

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