El Gobierno nacional recordó este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la violencia que persiste en el país, y que el año pasado le costó la vida a 78 defensores de derechos humanos, es anterior a la firma de los Acuerdos de paz que acaban de cumplir cinco años y cuyo éxito defendió ante el organismo multilateral.
El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, tomó la palabra al término del examen que cada trimestre lleva a cabo el Consejo de Seguridad en la sede de la ONU y en el que todos los presentes alabaron sus progresos, pero alertaron sobre los ataques que sufren excombatientes, defensores de derechos humanos y líderes comunales, y principalmente los indígenas.
'No debemos llamarnos a engaño sobre las fuentes de la violencia (en Colombia). El acuerdo no garantizó desactivar todos los cárteles de droga, que ya existían previamente, y ellos son los responsables de los asesinatos', aseguró, y puso como ejemplo lo que sucede en Arauca, donde los recientes ataques son obra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que nunca se sumó al proceso de paz.
Archila recordó que si hay 13.000 combatientes de las Farc firmantes de los acuerdos de paz, hay 14.000 más, disidentes de las Farc o miembros de otros grupos, que nunca se sumaron a ellos, por lo que la violencia que practican es preexistente a los acuerdos y no como consecuencia de ningún 'incumplimiento' de este último.
Pero además, y en declaraciones posteriores a la prensa, Archila aseguró que algunos de esos grupos reciben 'apoyo de la dictadura vigente en Venezuela', y se refugian en departamentos donde el estado tiene más problemas en llegar.
