Iván Duque, ex presidente de Colombia (2018-2022), elabora un diagnóstico de la realidad energética de la nación en manos del gobierno Petro. Lo acusa de usar el populismo para presionar a las empresas del sector para que presten un servicio por debajo de sus costos, haciendo inviable su operación. También lo señala de prostituir la Creg, de politizar entidades y de destruir el sistema con intervenciones abruptas. Asegura que tener a Edwin Palma al frente de Minminas es como tener a “Drácula administrando el Banco de Sangre”.
Este jueves se realiza en Bogotá el segundo foro de su fundación, esta vez sobre energía. ¿En qué se enfocarán?
La Fundación Innovación para el Desarrollo busca plantear propuestas, soluciones y análisis que salen de lo común, lo tradicional o coyuntural para mirar las cosas con una perspectiva de largo plazo, de futuro. El año pasado nuestro primer foro fue Inteligencia Artificial: Ángel o Demonio, y en este 2025 lo titulamos Smart Energy: Transitando el Futuro de la Energía.
Con expertos internacionales y presidentes de empresas de energía del país analizaremos cómo está la seguridad energética mundial, cuáles son las dinámicas que se vienen, qué se debe hacer desde el punto de vista regulatorio, de transición y de diversificación de fuentes para darle a Colombia la certeza del suministro de energía que requiere para alcanzar los niveles de crecimiento que merece. Es un foro para llamar la atención y actuar a partir de la innovación sin ideología ni caer en las fauces del populismo regulatorio, sino dando certezas al sector de que peso invertido tendrá una repercusión positiva para nuestro país.
Es un tema crucial ahora que hemos perdido seguridad y soberanía energética. ¿Qué medidas concretas, urgentes, se requieren para revertir esta situación?
Meterle ideología al sector eléctrico es una estupidez. Las personas necesitan electricidad en sus casas, en sus negocios, independientemente si son de izquierda, de derecha, de centro o apolíticos. Y eso requiere gerencia, gestión por resultados, inversión, estabilidad, proyección, confiabilidad, certezas tarifarias, entre otras acciones.
Entonces, lo primero es pasar ya la horrible noche del populismo y de la intervención ideológica de sectores que deben estar cimentados en información técnica y gerencial. Lo segundo, se requiere estabilidad regulatoria. Este gobierno ha prostituido la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y ha destruido la certeza de la exploración para seguir encontrando petróleo y gas en un mundo donde todos los países luchan por su seguridad energética para tener todas las fuentes posibles: petróleo, gas, renovables, e inclusive en algunos lugares se habla de retomar los temas de energía nuclear, además de biomasa, etc.
¿Cuál sería su propuesta?
Colombia necesita retomar la exploración de gas, de petróleo, necesita seguir avanzando hacia nuevas fuentes renovables no convencionales y alternativas. Al igual que utilizar el potencial que tenemos en carbón, a boca de mina y con mecanismos de captura y reducción de emisiones. Pensar integralmente en todo lo disponible, teniendo en cuenta que el país tiene una matriz donde más del 70 % de la energía que se genera es hidro, cada vez más amenazada por fenómenos de variabilidad climática. Por tanto, necesitamos diversificar.
Y eso se logra con regulación transparente, sin intervenciones abruptas, con entidades regulatorias integradas por expertos objetivos que le den a la inversión certezas de largo plazo. Solo así recuperaremos estos cuatro años perdidos por la destrucción sistemática del sector energético colombiano.
Por recientes decretos y anuncios del Ministerio de Minas, gremios energéticos hablan de intervención del mercado eléctrico. ¿Identifica riesgos en estas medidas del Gobierno?
Tener a un expresidente de la USO como ministro de Minas y Energía es como tener a Drácula administrando el Banco de Sangre. Al menos, la USO ya se dio cuenta de que Petro quiere acabar con el sector petrolero. Este es un ministerio politizado con funcionarios sin conocimiento, bagaje ni entendimiento claro sobre lo que el país necesita para tener todas las fuentes posibles, diversificación sostenible de la matriz energética y marcos tarifarios soportados para cubrir los costos de generación, transmisión, comercialización, en los que se reduzcan al mínimo las pérdidas que se originan en los mercados.
Si el país quiere crecer por encima del 4 % o 5 %, necesita que la energía crezca en esa misma proporción, lo cual demanda decisiones claves porque las fuentes de energía alternativas o renovables no convencionales requieren subsidios.
Pero este gobierno espantó a los inversionistas porque los números ya no les cuadran: primero con el proyecto fiscalista del ministro José Antonio Ocampo que desmontó muchos incentivos en la primera reforma tributaria, después con las intervenciones regulatorias y luego con la lentitud para sacar adelante las líneas de transmisión. Y en una competencia feroz a nivel global, con incentivos, estabilidad y reglas de juego, los inversionistas se van para otros lugares. Sucede en el caso de los data centers. Por las malas decisiones, el país ya no es visto como un lugar atractivo para estas grandes inversiones.
En ese sentido, ¿qué tan sostenible puede ser el programa Colombia Solar que reemplazará los subsidios de energía para estratos 1 y 2 por techos solares?
Miremos las cosas con la evidencia y sin tratar de inventarse la rueda como le pasa a Petro constantemente por sus delirios cósmicos. Colombia necesita tener todas las fuentes de energía y esta debe tener una oferta en firme. Las renovables no convencionales, como la solar o fotovoltaica, no tienen todavía capacidad de ofrecer generación en firme de manera sostenida porque afrontan cambios bruscos y no cuentan con sistemas de almacenamiento.
Se requiere diversificar, pero el país no puede depender solo de la capacidad que tenga de absorber solaridad o de la disponibilidad constante de vientos. Son fuentes importantes, pero tienen que ser complementarias con otras fuentes: hídricas, térmicas, biomasa, entre otras. También contamos con el petróleo y el gas. El primero es fundamental, sobre todo porque al no ser grandes consumidores, exportamos mucho de lo que producimos y obtenemos ingresos para hacer todas las inversiones sociales en infraestructura del Estado.
Y tenemos potencial en gas, pero al haber parado la exploración y generar la incertidumbre regulatoria, estamos ante un déficit que puede traer consecuencias negativas en materia de energía disponible. En consecuencia, los incentivos y los subsidios bien focalizados se requieren para asegurar acceso a la energía y aliviar la carga que significaría para los hogares vulnerables y la clase media emergente tener que pagar precios internacionales. E insisto, se necesita un nuevo gobierno que venga con claridad regulatoria de incentivos y subsidios que le dé al país un verdadero entendimiento de la dimensión de su soberanía energética.
Se radicó en el Congreso un proyecto de ley para bajar las tarifas de energía y transformar el sector. ¿Ese es el camino para garantizar estabilidad en el sector?
Le diré algo que es impopular: para que el sector energético funcione necesita que las tarifas reflejen los costos para producirla, distribuirla, comercializarla, que se compensen las inversiones en tecnología y genere una utilidad porque esto no es sin ánimo de lucro. Si no funciona así, todo irá a una destrucción de valor en el tiempo.
Colombia ha tenido un sistema regulatorio aplaudido en América Latina, referente desde las reformas que se hicieron después de la Constitución del 91. Fue lo que se hizo con las leyes de Servicios Públicos y de Energía y sus actualizaciones. También la Creg era respetada porque las condiciones para llenar sus posiciones eran muy estrictas y escasas. Todo eso se fue destruyendo por la terquedad populista, demagógica e ideológica de tratar de vender la idea de que el sector energético debe operar por debajo de sus costos y que se deben intervenir las reglas del mercado.
En el caso del Caribe colombiano, el régimen tarifario especial decidido en su gobierno disparó el valor de las facturas. ¿Fue un error?
Si no hubiéramos tenido un régimen tarifario especial ni establecido las condiciones, ¿quién hubiera llegado a invertir? La sostenibilidad en términos de ingresos de las empresas tiene que estar basada en, primero, que se puedan recuperar los costos; segundo, en que se puedan compensar las inversiones —claro, de muy largo plazo—; y tercero, que se puedan hacer las actualizaciones tarifarias que reflejen las condiciones del mercado energético.
Si un gobierno lo que quiere es mantener las tarifas bajas artificialmente o llevarlas a que inclusive se reduzcan, no hay forma de hacerlo distinta a decidir una compensación presupuestal, porque las empresas no van a poder operar por debajo de sus costos.
Cuando fui presidente de la República y tuve que enfrentar la herencia gravísima de la intervención de Electricaribe, que le costaba casi un billón de pesos al año al país, nos sentamos con las bancadas del Congreso, gobernadores, alcaldes, los ministros de Minas y Hacienda, Planeación Nacional, Superintendencia de Servicios Públicos e hicimos un trabajo con la banca de inversión que nos llevó a segmentar el mercado en dos.
Llegaron Air-e y Afinia, empresas que se comprometieron a hacer una inversión billonaria en una década para mejorar tecnología, profundizar los servicios y modernizar redes para acabar los apagones. Desafortunadamente, la pandemia y los momentos de estrés en la oferta de energía en firme incrementaron el valor de las tarifas. Es incómodo y no nos gustaría haber tenido esas situaciones, pero los mercados de energía tienen que reflejar las situaciones de abundancia y de escasez y de ahí que los precios puedan tener fluctuaciones.
¿Qué tan diferente fue lo que usted debió lidiar con lo que ahora ocurre?
Lo que ahora se ha querido, por populismo, es conducir a las empresas a operar por debajo de sus costos. Estamos ante una quiebra lenta que puede terminar en más intervenciones o en una huida del sector privado interesado en participar. Porque en el 2020 entró EPM, una empresa exitosa en el país y otro consorcio que elaboró un plan de inversiones muy interesante, pero cuando no pueden recuperar sus costos, prefieren que los intervengan a seguir operando. Ese es el costo del populismo.
¿Cómo reducir las tarifas de energía?
Con más oferta de energía, más disponibilidad, con mejores y más fuentes diversificadas. Pero creer que por decreto se va a resolver, pues no. La única manera de reducir el valor de la factura es que la diferencia entre la tarifa y los costos la asuma el Gobierno desde el punto de vista presupuestal porque no hay soluciones mágicas ni mucho menos traídas de un sombrero. Se requiere en este caso transparencia regulatoria que refleje los costos, las inversiones en tecnología y que permita también tener unos márgenes de utilidad.
En el Caribe están los fraudes o fugas de energía. Muchas veces los gobernantes locales les encanta salir a hacer bulla, a rasgarse las vestiduras, pero este es un problema estructural que se debe atender. Con las inversiones en el tiempo que se habían planteado con Air-e y Afinia, se debían acabar, pero al haber hecho una intervención demagógica y populista sobre el sistema tarifario, todo se viene encima y se desmorona como un castillo de naipes.
¿Intervenir o estatizar no es solución?
Para el privado o el Estado los costos son iguales. Si queremos que las tarifas sean baratas artificialmente, ¿qué toca hacer? Quitarle plata a la educación, la salud, la infraestructura, la cultura, el deporte, a todo lo demás, para poder cubrir la diferencia. Porque es absurdo desde el punto de vista administrativo pretender que las empresas operen por debajo de sus costos de producción y Estado o privado que siga esa ruta se quebrará. O sencillamente tendrá que generarle un subsidio cruzado en el que le estará quitando plata a otras cosas.
