El Ministerio de Salud emitió el pasado miércoles el polémico Decreto 0858 del 30 de julio de 2025 “mediante el cual se adopta el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, con el propósito de consolidar un sistema centrado en la atención primaria”, que para varios sectores políticos, gremiales y de la salud fue decretar la reforma a la salud, que va para su penúltimo debate en el Congreso.
Afirma la cartera de protección social que “este decreto está alineado con los lineamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y no reemplaza el trámite legislativo de la reforma estructural al sistema de salud”, sino que “busca reorganizar los servicios para fortalecer la atención primaria, priorizar la prevención de enfermedades y mejorar la prestación de los servicios”.
Además, indica el Ejecutivo que busca “garantizar un acceso equitativo, continuo y resolutivo a los servicios, con enfoque diferencial y territorial”, y que es “parte del reconocimiento de la crisis estructural y de desfinanciamiento del sistema, y plantea un modelo más cercano a las personas, especialmente en zonas rurales y dispersas”.
Se lee en el documento oficial que “el modelo será implementado por los entes territoriales, con liderazgo del Ministerio” y que“este plan incluye transferencia de herramientas, acompañamiento técnico y formación del talento humano”.
Y concluye que “aunque se orienta a una transformación organizativa del sistema, el decreto no suprime las EPS, sino que establece directrices para su articulación territorial, garantizando continuidad de servicios”. Es decir, “en lugar de operar como intermediarias desarticuladas, deberán articularse activamente con las redes territoriales de salud (Riits), coordinando de manera efectiva la referencia y contrarreferencia de pacientes, la adscripción poblacional, la gestión del riesgo en salud y el uso eficiente de recursos”.
Ver también: Primero construir y después resolver
Advierte finalmente el Gobierno que “la habilitación y permanencia de las EPS dependerá de su capacidad de integrarse al nuevo modelo territorial y de cumplir con estándares de calidad, oportunidad y continuidad en la atención”.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseveró que “si (las EPS) se transforman en gestoras administradoras de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, se salvan; pero si se mantienen como aseguradoras financieras se quiebran, porque sus deudas son superiores a sus activos, incluidas las reservas técnicas que ya no tienen”.
Desdibuja el rol de las EPS
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, que agremia a las EPS, manifestó en la emisora W Radio que en abril pasado advirtieron que “muchos de esos cambios eran de rango de ley, que no podían modificarse por decreto”.
“Mientras el decreto mantenga su fuerza de ley y no sea demandado, no hay opción distinta a adherirse, pero, desde luego, hay que iniciar y revisar las acciones legales que proceden”, explicó.
Le sugerimos: Day Vásquez denuncia presiones para obligarla a “no hablar”
“No se trata solamente del manejo de los recursos, se trata esencialmente de responsabilidades que tienen hoy las EPS de cara a la población y que, en esta oportunidad, se van a asignar a diferentes entidades: los entes territoriales y los centros de atención primaria”, puntualizó Vesga.
Y en su cuenta de X indicó que este modelo de atención “desdibuja el rol de las EPS en funciones que son esenciales para la correcta atención de la población, no resuelve ni mejora los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más”.
Vamos a debatir la reforma
El presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, dijo a medios que “el mensaje que hoy da el ministro de Salud es que le interesa poco el Congreso, que no quieren tramitar la ley y la quieren sacar vía decreto siendo automáticamente inconstitucional, porque yo no creo que este decreto se logre sustentar en la Corte Constitucional”.
Y concluyó que el camino es debatir la reforma a la salud 2.0, que va a su tercer debate en dicha célula legislativa, en la que la primera reforma a la salud también se hundió en tercer debate.
Le recomendamos: Junior y Adidas presentan la nueva camiseta visitante del ‘Tiburón’
“La Comisión Séptima va a tramitar, va a debatir y va a discutir este proyecto de ley, porque estamos seguros de que este decreto se cae rápido en la Corte Constitucional y vamos a seguir con nuestro debate en la Comisión Séptima”, puntualizó.
Medidas preventivas
La presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, pidió a la Procuraduría, Contraloría y Defensoría medidas preventivas ante el polémico decreto.
“Solicito la adopción de medidas preventivas y la activación de vigilancia especial frente a los riesgos que dicho acto administrativo puede generar sobre la sostenibilidad del sistema de salud, el patrimonio público y la garantía de los derechos fundamentales”, se lee en sendas misivas.
Al Ministerio Público le solicitó la emisión de una alerta preventiva, a la Contraloría disponer vigilancia especial inmediata sobre giros y contratos derivados del decreto, y a la Defensoría emitir alertas tempranas dirigidas a las autoridades nacionales y territoriales de salud para garantizar la continuidad y oportunidad de la prestación de los servicios de salud.
Las críticas
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que “no tiene la menor consideración el Gobierno en generar, por ejemplo, claridad alrededor de cómo va a ser la financiación del sistema” o “con los pacientes que no saben hoy en día cuál es la ruta de atención”.
Y critica que “el sistema asegura que el Gobierno podrá manejar la totalidad de los más de 80 billones de pesos que administra el sistema, dándole el poder también, seguramente, de definir cómo será la contratación de bienes y servicios que están relacionados con el mismo”.
Leer también: 10 producciones colombianas que llegarán a Netflix
El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, anunció que demandará la norma: “No les bastó el desastre del sistema de salud de los maestros y ahora implementa su reforma vía decreto. (...) Demandaremos ese esperpento”.
El ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo sostuvo que “se ordena la implementación de redes y CAPS (centros de atención primaria en salud) sin bases legales, sin capacidad presupuestal, ni garantías operativas, y se concentra el control del sistema en el Ejecutivo (estatización en marcha)”.
Y el activista Vicente Calvo, nombrado por Petro en las mesas técnicas de la salud, indicó: “El decreto no crea nuevas leyes ni modifica el marco legal vigente, sino que desarrolla y reglamenta lo dispuesto en las leyes aprobadas por el Congreso, en especial el Plan Nacional de Desarrollo. Todas las acciones, competencias y estructuras que establece se fundamentan en normas ya existentes y en la necesidad de armonizarlas para el nuevo modelo de salud”.
Consejo de Estado recibe demanda
Los abogados Germán Calderón y Abelardo De la Espriella –candidato presidencial cercano al uribismo– presentaron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra el decreto por considerar que excede las competencias del Ejecutivo, pues advierten que es el Congreso el que puede regular los derechos fundamentales mediante leyes estatutarias.
Procuraduría advierte por nuevo modelo de salud del Fomag
Un llamado tajante hizo la Procuraduría a los actores intervinientes en el nuevo modelo de salud del Fomag que presta sus servicios al cuerpo docente oficial del país y que entra en vigencia este 1 de agosto.
El Ministerio Publico aseguró que “la salud de los profesores, beneficiarios y pensionados del magisterio no admite improvisaciones”, haciendo referencia a la Fiduprevisora, vocera y administradora del Fondo.
Le dijo que se requiere un “cumplimiento integral, oportuno y efectivo” del nuevo modelo.
Por su parte, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, a través de Fiduprevisora, confirmó que más de 800 mil usuarios del sistema educativo colombiano tendrán garantizada la continuidad en sus servicios de salud a partir de este 1 de agosto con el nuevo modelo que elimina la intermediación financiera.
Y anunció que desplegará desde sus equipos territoriales la información completa sobre la red de prestadores, organizada por regiones y departamentos.
