La Superintendencia Nacional de Salud presentó formalmente una solicitud de nulidad y aclaración contra la sentencia de la Corte Constitucional que anuló la intervención a la EPS Sanitas y devolvió su control al Grupo Keralty.
La Corte Constitucional confirmó el 28 de julio de 2025 la recepción de estas solicitudes, presentadas por María Camila Ana Fernanda Lozano Martínez, Subdirectora de Defensa Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, junto con Yaki Hortúa. “De manera formal, se comunica la iniciación de las solicitudes de nulidad y de aclaración contra la Sentencia SU-277/25”, informó el alto tribunal.
Le recomendamos: Parques Nacionales suspendió el ingreso a 4 áreas protegidas en el Pacífico ante riesgo de tsunami
La decisión original de la Corte Constitucional había determinado que la intervención gubernamental violó el derecho al debido proceso de la entidad prestadora de servicios de salud. El tribunal consideró que la Superintendencia de Salud no evaluó adecuadamente la situación financiera real de Sanitas antes de proceder con la medida interventora.
Según el fallo, la autoridad sanitaria “omitió argumentar, valorar y determinar su conducta considerando si EPS Sanitas se encontraba o no en una imposibilidad fáctica de cumplir con los requisitos de habilitación financiera derivados del impago o el ajuste de la UPC y del no reconocimiento de los Presupuestos Máximos”.
La Corte cuestionó particularmente que el gobierno no consideró el estado financiero de Sanitas en relación con las alertas emitidas por la Sala de Seguimiento sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ni los presupuestos máximos establecidos.
Le sugerimos leer: Al menos 132 colombianos han sido víctimas de trata de personas este año fuera del país
Esta omisión, según el tribunal constitucional, tiene “repercusión constitucional, directa y esencial, en la medida de intervención”, lo que fundamentó la anulación de la decisión administrativa y el retorno del control de la EPS al Grupo Keralty.
El caso ahora queda a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las solicitudes de nulidad presentadas por el gobierno nacional.