La Comisión Nacional de Género y No Discriminación de la Rama Judicial emitió un comunicado en el que expresa su “firme respaldo a la autonomía e independencia judicial” y rechaza los ataques dirigidos contra la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.
La entidad manifestó su preocupación por las manifestaciones públicas que han acompañado una reciente decisión judicial de la magistrada Heredia, las cuales han incluido “ataques personales, perfilamientos y estigmatización” contra la funcionaria judicial.
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En el pronunciamiento, la Comisión destacó que en una democracia constitucional, “la legitimidad de las decisiones judiciales se mide por su apego a la Constitución y a la normatividad vigente” y que “el respeto a esas decisiones es un deber ciudadano y una garantía de convivencia pacífica”.
La Comisión expresó “especial preocupación” por los señalamientos que provienen tanto del ámbito nacional como internacional, que buscan “interferir en la administración de justicia autónoma, independiente e imparcial, en detrimento de la dignidad de quienes actúan con probidad, responsabilidad y apego a los principios constitucionales”.
El organismo hizo énfasis en que las mujeres que desempeñan funciones judiciales “asumen riesgos diferenciados que, como ha sido el caso de la doctora Heredia, incluyen desprestigio y acoso”.
La Comisión realizó un llamado a las autoridades competentes para que garanticen “la protección y salvaguarda de la función judicial frente a presiones externas” y, específicamente en el caso de la doctora Heredia, para que se garantice “el ejercicio de su rol como jueza sin temor a represalias, desprestigio o intimidación de ningún tipo”.
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Asimismo, invitó a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, y a la comunidad internacional a mantener “una postura respetuosa frente a las decisiones judiciales”, reconociendo que la crítica debe darse “dentro de un marco democrático y jurídico basado en el respeto y el uso de los recursos legales existentes, nunca a través del señalamiento, la amenaza o el descrédito”.
La Comisión concluyó su pronunciamiento reafirmando que corresponde a toda la sociedad colombiana “rodear y exigir el respeto por quienes, en ejercicio de su labor, cumplen con rigor y compromiso la tarea encomendada en un país regido por la separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales”.
