Llegó la hora de la verdad. El extenso, polémico y cuestionado juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que es investigado por los delitos de soborno en actuación penal, soborno y manipulación a testigos, culmina este lunes con el veredicto, absolutorio o condenatorio, de la jueza Sandra Liliana Heredia desde el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.
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El histórico proceso (nunca antes un presidente de la república había sido procesado penalmente en Colombia) ha estado cargado, entre otros aspectos, de una lucha de dos orillas políticas, la izquierda y la derecha, que no han ahorrado esfuerzos en acusarse mutuamente de llevar a cabo maniobras irregulares para usar relatos de exparamilitares con el objetivo de desprestigiar a su sector rival.
El oficialismo, del cual hace parte el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, considera que –en caso de que Uribe llegue a ser declarado culpable– se abren nuevas posibilidades para que la rama judicial empiece a investigar crímenes de lesa humanidad en los que, supuestamente, habría tenido responsabilidad el líder natural del Centro Democrático.
La derecha, por su parte, expone que el juicio ha sido desde el día uno un proceso politizado, carente de sustento jurídico y parcializado por parte de varios actores clave, entre ellos la fiscal Marlenne Orjuela, que ha sido acusada de burlarse en varios momentos de las declaraciones del exmandatario, y la jueza Heredia, que fue recusada por la defensa.
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Uribe, que ha insistido en que nunca ofreció dádivas ni beneficios jurídicos a exparamilitares a cambio de que desmintieran las versiones que lo vinculaban con la creación de estas organizaciones ilegales, podría enfrentar una pena de entre seis y 12 años de cárcel; sin embargo, a raíz de que su hoja de vida está limpia de anotaciones judiciales y su edad (73 años), el exmandatario podría recibir medidas alternativas o condiciones especiales en una eventual condena.
La tesis de la Fiscalía
Cepeda y las otras personas acreditadas como víctimas consideran que el expresidente, a través del abogado Diego Cadena, intentó sobornar testigos en las cárceles, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan sobre los supuestos vínculos de Uribe con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia recopiló testimonios, conversaciones de WhatsApp e interceptaciones telefónicas al abogado Cadena en las que habla con el exparamilitar Monsalve, preso en la cárcel bogotana de La Picota, sobre supuesto dinero o ayudas entregadas a los testigos.
Uribe y su equipo habrían usado a estos testigos, presuntamente, para que declarasen a su favor y en contra de Cepeda, lo que el expresidente niega: “Aquí no hay ni una prueba de que yo manipulé testigos”, afirmó.
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También ha señalado que el proceso tiene motivos políticos y alega que fue movido por el actual gobierno de izquierda, “por su más representativo senador”.
“Por estos días, estoy pensando mucho en las madres de los muchachos víctimas de los 6.402 ‘falsos positivos’ y en las de los que siguen enterrados en La Escombrera. Pienso en el sufrimiento de tantos años que han padecido. Este lunes las tendré muy presentes en mi mente y en mi corazón”, señaló Cepeda, quien hace unos días manifestó que el juicio a Uribe es un primer paso para esclarecer crímenes en Colombia.
“Nosotros creemos que este es un momento más de esta larga lucha jurídica que vamos a continuar. Es más, diría que si hay una condena, vamos a persistir en que también los otros delitos por los que se acusa a Uribe (en numerosos procesos) sean esclarecidos con mayor razón”, aseguró.
“Uribe se equivocó garrafalmente al pensar que intentando silenciarnos por la vía de montajes judiciales se iba a resolver el problema. Todo lo contrario, se ha profundizado y se puede profundizar todavía más”, agregó.
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A su turno, el Centro Democrático señaló: “¿En qué estamos pensando nosotros, señor Cepeda? En que usted ha dedicado años a distorsionar la historia, usando el dolor de las víctimas como herramienta política, mientras guarda un silencio cómplice frente a los crímenes de sus aliados de las Farc. Usted hoy dice pensar en las madres de los mal llamados 6.402 ‘falsos positivos’, pero omite deliberadamente lo que la propia JEP —el tribunal que usted promovió— después de años de investigación, concluyó: que los ‘falsos positivos’ nunca fueron una política de Estado ligada a la Seguridad Democrática. A diferencia de su doble moral, el expresidente Uribe desmontó el paramilitarismo, debilitó la guerrilla, al crimen organizado, fortaleció el control institucional del Estado y creó la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. ¿Y usted? Mientras eso pasaba, aparecía en correos del Secretariado de las Farc”.
“Usted no piensa en las víctimas, senador. Usted las utiliza, las manipula y las divide, porque su lucha no es por los derechos humanos, sino contra quienes enfrentaron y vencieron al terrorismo”, agregó la colectividad.
Persecución
Por su parte, en la última semana Uribe ha asegurado que el presidente Gustavo Petro “ha presionado la justicia” con el objetivo de que el veredicto sea una condena.
“El presidente Petro ha presionado a la justicia. Ha negado haberse referido como presidente a este juicio contra mí. Sin embargo, se le conocen más de doce manifestaciones públicas sobre el tema”, señaló el expresidente. Sin embargo, Petro afirmó el pasado martes que hay presiones a la justicia ante la proximidad del fallo en este caso, pero sugirió que provienen del lado de Uribe.
“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general”, dijo Petro en su cuenta de X, y agregó: “Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”.
Un largo proceso
Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista sino que el magistrado José Luis Barceló le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
“Unas denuncias presentadas por mis abogados contra el senador comunista Iván Cepeda, cercano a la Farc, en 2012 y adicionadas en 2014, las resolvió el magistrado Barceló, de la Corte Suprema, en la víspera electoral de 2018, en favor de Cepeda y acusándome de soborno de testigos y de engaño a la justicia”, reclamó Uribe.
Según el expresidente, ese proceso que le abrió la Corte Suprema “fue oculto, expedito, sin antecedentes, conocido por Cepeda y su entorno, y filtrado a algunos periodistas sesgados”, pero a sus abogados les negaron la existencia del caso.
“El magistrado Barceló, en compañía del magistrado Hernández, salieron a debatir mi tema en un canal de televisión. Actuación nociva a la justicia”, denunció.
Posteriormente, tras pasar el caso a manos de la Fiscalía, Uribe fue imputado.
La audiencia en la que se conocerá el sentido del fallo —es decir, si el expresidente Álvaro Uribe Vélez será absuelto o condenado— fue programada para este lunes 28 de julio a las 8:30 a. m.
