La deportación de cientos de presos colombianos que estaban en cárceles de Ecuador ha generado una tensión entre ambos países. Por un lado, la Cancillería colombiana insiste en que se garantice un trato digno y una atención adecuada e integral a los retornados, mientras que desde el país vecino niegan que esto se trate de una deportación masiva.
Lea también: Ya han ingresado al país cerca de 450 presos colombianos deportados por Ecuador, reporta Cancillería
“La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior garantiza el respeto al debido proceso mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial especializada en la materia. Ecuador rechaza, por lo tanto, la afirmación de una supuesta deportación colectiva”, indicó el ministerio.
Ante esto, el presidente Gustavo Petro, quien no se había pronunciado al respecto, señaló en la tarde de este sábado a través de su cuenta de X que Ecuador ha respondido con “desdén” frente a la deportación de los presos colombianos.
"Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Saénz puede acercar y no alejar", señaló el jefe de Estado.
Y advirtió que que “si la grancolombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad. Si la grancolombia se encuentra, se encuentra la humanidad”.
Ecuador asegura que serán 1.000 los presos que deportará
El Ministerio del Interior de Ecuador aseguró este sábado que serán 1.000 los presos colombianos que deportará al país, un proceso que ha iniciado con 700 reos que estaban en diferentes cárceles ecuatorianas y que Colombia denunció que se ha realizado de manera “unilateral” e “inamistosa”.
Según Interior, durante este mes se instalaron cerca de 1.000 audiencias individualizadas para personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana, como parte de un proceso administrativo de deportación que se fundamenta en un acuerdo ministerial suscrito el 2 de julio.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra y controla las prisiones, gestionó la presentación de los reos ante los jueces y, en un plazo de 24 horas, los magistrados conocieron la resolución administrativa de deportación y emitieron las boletas de excarcelación.