La Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, advirtió este jueves en un comunicado que el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, “han puesto en duda la autonomía de la Corte Constitucional” en medio del estudio de constitucionalidad que adelanta el máximo tribunal guardián de la Carta Magna sobre la polémica reforma pensional.
Por ello, el centro de pensamiento sobre la justicia manifiesta su “más seria preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y la de su ministro del Interior Armando Benedetti, quienes han puesto en duda la autonomía de la Corte Constitucional, así como las motivaciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez respecto del estudio de constitucionalidad de la reforma pensional. Acusar a la Corte de promover un ‘golpe de Estado’ y atribuir intenciones políticas a su presidente representan una amenaza directa a la legitimidad y a la autonomía de toda la rama judicial colombiana”.
Le recomendamos: Duras críticas al gobierno Petro por creación de la zona binacional con Venezuela: “Pone en riesgo nuestra soberanía”
Reiteró en este sentido Excelencia en la Justicia que la independencia judicial, la separación de poderes y el respeto por las reglas del Estado Social de Derecho son pilares fundamentales de la democracia.
“Las decisiones judiciales deben tomarse con libertad, sin presiones externas ni señalamientos del Gobierno Nacional. La solicitud de pruebas adicionales por parte del magistrado Ibáñez es un acto rutinario en el procedimiento que la Corte Constitucional adelanta, y resulta indispensable para el análisis exhaustivo de los proyectos de ley que se someten a control judicial, por lo que su decisión está respaldada por el principio de necesidad de la prueba, elemento fundamental del debido proceso constitucional que el Gobierno Nacional está llamado a respetar”, agrega el boletín.
Las críticas emitidas por el poder Ejecutivo al procedimiento judicial y a quien lo instruye, observa la corporación, “no sólo atropella la función esencial del juez, sino que también lastima la estabilidad institucional. Deslegitimar a los magistrados y sugerir motivaciones ajenas a lo jurídico erosiona el equilibrio entre poderes y sienta un precedente peligroso para la democracia, práctica desafortunada que, en tiempos recientes, se ha empleado en contra de otras cortes de justicia y de sus magistrados, conducta respecto de la cual la CEJ siempre seguirá expresando su absoluto rechazo”.
Y concluye Excelencia en la Justicia que el respeto a la autonomía judicial es imperativo para evitar la concentración de poder y proteger los derechos de la ciudadanía.
Le sugerimos leer: Petro oficializa rompimiento de diálogos con el ELN: “Al atacar a sangre y fuego acabaron con la paz”
“En contextos donde el Ejecutivo busca influir o desacreditar a la justicia, se debilitan los mecanismos de control y aumenta el riesgo de prácticas autoritarias lo que, desde todo punto de vista, resulta inaceptable para la sociedad colombiana”, puntualizó.
Esto luego de que Petro aseverara en sus redes sociales tras aplazarse la decisión de la Corte sobre la pensional y de que el magistrado ponente decretara más pruebas: “Sé que Ibáñez no quiere la ley pensional y espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral. La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de estado. Dudar de la palabra del presidente de la Cámara de Representantes y del presidente de la República es de una grosería inmensa. Pero como en toda ley hay cosas que ya se pueden hacer. Procedo a efectuarlo. Desde este año se aplica el bono pensional a todos los mayores de 75 años hombre y 70 años mujer que no tengan pensión. Hasta el momento era para mayores de 85 años. Y desde ya empieza la inscripción de todas las mujeres mayores de 62 años y de todos los hombres mayores de 65 años, que no tengan pensión y no estén registrados al DPS. En el presupuesto del año 2026 desde ya queda la partida para atender el bono pensional con recursos presupuestales. La reforma pensional comienza ya”.
Y Benedetti, a su vez, ‘trinó’: “Con respecto a la Ley Pensional, ¿cómo es posible que el magistrado Ibáñez ponga en duda lo que diga el presidente de la Cámara y altere el procedimiento de la revisión de una ley que 3 millones de viejos y viejas están esperando? ¿Es que él no quiere que entre en vigencia la ley? ¿Hay una extralimitación de sus funciones? ¿Cuántas veces en la Corte había pasado esta dilación? ¿En ese auto hay más política que ley?”.
