La revelación de una propuesta gubernamental que buscaría beneficiar con libertad condicional a líderes de organizaciones criminales ha desatado una ola de rechazo en el Congreso, donde la oposición ya anuncia una férrea resistencia cuando el proyecto llegue a debate después del 20 de julio.
“Nos vamos a oponer frontalmente, no solamente por una actitud de oposición política, sino un asunto de dignidad y cumplimiento de normas internas e internacionales”, declaró el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, quien calificó la iniciativa como “una especie de amnistía prohibida por la normativa internacional”.
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La propuesta, elaborada por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y su equipo según reveló el diario El Tiempo, plantea reformar la Ley de Justicia y Paz del 2005 para incluir a narcotraficantes que no tienen estatus político en el marco de la ‘paz total’. Estos capos podrían acceder a condenas máximas de entre cinco y ocho años, con posibilidad de cumplirlas en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de ‘armonización’.
El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa expresó su rechazo señalando que la medida “contradice toda una política en materia criminal que afecta gravemente los derechos de las víctimas, poniendo en riesgo la estabilidad de los valores de la República”. El congresista anticipó que su bancada se opondrá rotundamente cuando el proyecto llegue al Legislativo.
“Si este Gobierno insiste en este tema por supuesto nos opondremos”, manifestó Motoa, quien además ve en esta controversia una oportunidad para “limitar más las posibilidades de adelantar diálogos con el Eln o las Farc, que han incumplido acuerdos con los gobiernos de turno”.
La iniciativa tendría particular relevancia para capos que mantienen control sobre sus estructuras desde la cárcel, como los de las organizaciones del valle de Aburrá que acompañaron al presidente Gustavo Petro en el controversial ‘tarimazo’ de La Alpujarra en junio pasado. Estos líderes podrían acceder a excarcelación si ya completaron la pena mínima.
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Para Cadavid, la propuesta “trasciende cualquier escenario de paz” al pretender beneficiar a “personas condenadas por delitos gravísimos como secuestros y homicidios”. El representante uribista expresó particular preocupación por la posibilidad de que estos individuos “terminen siendo aliados del Gobierno en tarimas, para la política”.
La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, prefirió no pronunciarse argumentando que el proyecto aún no tiene texto definitivo. “Buscan generar un ambiente negativo”, señaló la congresista.
El mecanismo propuesto exigiría el cumplimiento de condiciones como la entrega de armas y bienes ilegales, liberación de menores reclutados y secuestrados, cese de actividades ilícitas, participación en proyectos de ‘transformación territorial’ y certificación de buena conducta expedida por la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Por su parte, el presidente del Senado Efraín Cepeda aseguró que ha sido “defensor del Estado de Derecho, el que la hace la paga y ahí está la justicia colombiana”.
Así mismo, enfatizó que no está de acuerdo con que “salgan todos los delincuentes a las calles de Colombia que de día se sientan en una mesa de negociación y de noche delincan”.
“Yo estoy en la orilla de la defensa de la seguridad de los colombianos, una seguridad que se ha deteriorado durante este gobierno, donde imperan los grupos armados, donde suben los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la producción de cocaína”, añadió.
