El Ministerio de Relaciones Exteriores nacional manifestó este lunes su “profunda preocupación y enérgico rechazo” frente a la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado ante la Santa Sede, Iván Velásquez Gómez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. Ambos fueron acusados por la justicia guatemalteca de delitos relacionados con corrupción en el marco del caso ‘Acuerdos Fraudulentos’, vinculado a la constructora Odebrecht.
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Según el comunicado oficial de la Cancillería colombiana, la acción judicial emprendida por el Ministerio Público guatemalteco “carece de sustento jurídico” y constituye “un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”.
El Gobierno Nacional aseguró además que la medida vulnera derechos humanos básicos y representa “una grave desviación de los estándares del derecho internacional”.
La decisión de las autoridades guatemaltecas incluye la solicitud de circular roja de Interpol para la captura internacional de Velásquez y Camargo, a quienes se señala de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión. Ambos fueron funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por Naciones Unidas que operó en ese país hasta 2019, y que tuvo un rol destacado en la lucha contra la corrupción.
“La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”, advirtió la Cancillería, que cuestionó la legitimidad del proceso en curso.
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En respuesta a la medida, el Ejecutivo nacional anunció que activó “los canales diplomáticos pertinentes” para presentar de manera formal su inconformidad ante las autoridades de Guatemala. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca esta acción como un uso indebido de herramientas judiciales transnacionales.
“Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados”, concluye el comunicado.
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Iván Velásquez, exministro de Defensa y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, fue nombrado como embajador en el Vaticano el pasado mes de mayo. Por su parte, Luz Adriana Camargo asumió la jefatura de la Fiscalía en febrero de este año. Ambos mantienen silencio público sobre las acusaciones por el momento, mientras el Ejecutivo colombiano ha cerrado filas en su respaldo institucional.
La Fiscalía de Guatemala, liderada por Rafael Curruchiche, también decretó orden de captura contra otras exautoridades de la CICIG y del Ministerio Público guatemalteco, entre ellas la exfiscal general Thelma Aldana y la exsecretaria general Mayra Véliz. El comunicado de esa entidad sostiene que las personas señaladas “pueden ser aprehendidas en cualquier país”.
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El caso ‘Acuerdos Fraudulentos’, en el que se enmarcan estas acusaciones, denuncia presuntos beneficios ilegales otorgados a Odebrecht en procesos judiciales relacionados con corrupción en la región. La CICIG, en su momento, lideró investigaciones que comprometieron a figuras políticas de alto perfil en Guatemala, lo que ha generado tensiones entre los sectores que respaldaron su trabajo y aquellos que lo han considerado una injerencia externa.
