A Sandra Ortiz las posibilidades de negociar con la justicia se le agotan, el fiscal Gabriel Sandoval, asignado al caso, dejó claro que la Fiscalía General de la Nación ya no contempla un principio de oportunidad en el caso que se le sigue por el entramado de corrupción en el interior de UNGRD.
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“No está cerrada la puerta para una negociación, pero ya no en principio de oportunidad sino se le ha dejado la abierta puerta en un preacuerdo”, expresó Sandoval en diálogo con medios de comunicación.
Ortiz resultó salpicada en este escándalo luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, declarara ante la justicia que ella fue la mensajera para llevar los 3.000 millones de pesos (unos 678.000 dólares) que fueron entregados, supuestamente, al entonces presidente del Senado de la República, Iván Name.
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La Fiscalía imputó el pasado 29 de noviembre a Ortiz los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos.
El escándalo tiene que ver con la malversación de 46.800 millones de pesos (poco más de 10,5 millones de dólares) de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a poblaciones del departamento de La Guajira (en el Caribe) mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.
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Las cabezas del gigantesco entramado de corrupción fueron Olmedo López y Sneyder Pinilla, a los que el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como director y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respectivamente.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la exfuncionaria recibió el dinero en efectivo que “posteriormente la transportó en vehículos oficiales y entregó al entonces presidente del Congreso de la República (Iván Name), con pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos”.
