Dejan libres a cinco implicados en el cartel de las pensiones
Un juez de Valledupar acogió la solicitud de la defensa, apegado a la norma, por vencimiento de términos.
El Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar dejó libres, por vencimiento de términos, a cinco implicados en el llamado Cartel de las Pensiones, con el cual se habría defraudado por más de 90 mil millones al sistema pensional y financiero en el país.
Se trata de José Meléndez Vega y Jean Carlos Miranda, quienes habrían fungido como intermediarios; los abogados Gilmar Silguero Linero y Emil Baines Ferrer, y el médico Eduardo Marrugo Castellón, vinculados a la investigación por este hecho de corrupción que se fraguó en la Junta Calificadora del Cesar, y fue descubierto por la Fiscalía en abril de 2018.
La solicitud de libertad la hizo el abogado de la defensa Rodrigo Pinto, debido a que luego de que el juzgado no avalara el allanamiento de cargos de los procesados, el escrito de acusación fue presentado ante el mismo despacho, cuando debió radicarse en el centro de servicio para su reparto, comenzando prácticamente de cero, venciéndose los términos para dicho procedimiento contra los implicados que estaban privados de la libertad en centro carcelario desde 2018.
La Fiscalía imputó cargos al médico Eduardo Marrugo Castellón, integrante de la Junta Calificadora del Cesar y al intermediario Jean Carlos Miranda Isaza, en calidad dolosa de autor, e interviniente, respectivamente, por concusión, cohecho propio, concierto para delinquir, estafa agravada y fraude procesal en concurso de conductas punibles.
Al abogado Gilmar Silguero, lo acusaron de realizar cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal y estafa agravada; a Emil Baines cargos como presunto responsable a título de dolo de concierto para delinquir en concurso con fraude procesal y estafa agravada, al igual que al intermediario José Miguel Meléndez.
A través de esta junta se lograba avalar invalidez a empleados, especialmente de empresas mineras, para que estos de manera fraudulenta se pensionaran anticipadamente.
A cambio de conseguir la pensión e incluso millonarios préstamos en el sector financiero, los integrantes de dicha junta creaban certificaciones médicas, expedientes y hasta perfiles de incapacidad mental para que los trabajadores accedieran más rápido a la pensión.
