Ante denuncias presentadas por la Secretaría de Salud del Atlántico respecto a la contaminación y mal estado de las comidas entregadas a los menores de edad en hogares infantiles, la Defensoría del Pueblo adoptó intervenciones de inspección y de carácter jurídico.
De acuerdo con lo denunciado por la Secretaría de Salud del Atlántico, las irregularidades más graves se estarían presentando en los hogares infantiles de Soledad, Galapa, Malambo, Sabanagrande y Manatí. 'Fueron tomadas unas muestras en los centros de atención infantil del Departamento y del Distrito y los resultados de estas arrojaron el hallazgo de hongos y levaduras que afectan la integridad de los jóvenes', denunció la Secretaría de Salud.
Ante esto, la Defensoría solicitó a la Secretaría de Salud copia del informe técnico que sustenta las denuncias, así como un avance respecto a los correctivos que desde esa institución han sido dispuestos.
'Paralelamente, se requirió mediante oficio a la seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a fin de que explique los protocolos para la manipulación, entrega y almacenamiento de los alimentos, el censo de niños y niñas beneficiarios de estos programas, el listado de los responsables para la administración y ejecución de los mismos, así como las medidas adoptadas para prevenir situaciones como las advertidas por la administración departamental', anotó la Defensoría en un informe de prensa.
Denuncia penal en el Chocó
Por otra parte, y a propósito de las graves denuncias que se conocieron respecto a presuntas irregularidades en la ejecución del contrato suscrito entre la Gobernación del Chocó y la Fundación para la Gestión y el desarrollo Social de Colombia (Fungescol) para la operación del programa de alimentación escolar en Unguía, la Defensoría interpuso una denuncia penal por las precarias condiciones de almacenamiento y manipulación de los comestibles.
Tras visitas de inspección a sitios como la Institución Educativa Agrícola de Unguía y la Escuela del Puerto, la Defensoría Regional Urabá puso el caso a disposición de la Dirección Seccional de Fiscalías en Quibdó, con copias al Fiscal General Eduardo Montealegre, al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, al Contralor General de la República, Edgardo Maya, a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, y a la Ministra de Educación, Gina Parody.
