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Durante una misión internacional en Colombia, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, recibió de primera mano los avances en la implementación de las políticas públicas al ordenamiento legal del país.

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En ese sentido, el abogado constitucionalista barranquillero, Luis Miguel Hoyos, se convirtió en uno de los invitados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas como experto independiente para contar los ejes estratégicos que viene trabajando la Nación.

“Nuestro informe técnico demarca tres ejes principales para el fortalecimiento de las políticas públicas en discapacidad en Colombia, que son la capacidad legal y acceso a la justicia, la reestructuración del sistema nacional y local de discapacidad, y la adopción de un modelo híbrido que articule discapacidad y cuidados”, indicó.

Del mismo modo, resaltó a la ciudad de Barranquilla como referente a la hora de crear políticas públicas para personas en discapacidad.

“Mientras el sistema nacional permanece estancado en estructuras superadas, Barranquilla consolida un modelo innovador que integra discapacidad y cuidados para garantizar autonomías reales. La Estrategia InclúyeteMás es un ejemplo regional con potencial de incidencia en el Sistema Universal de la ONU”, afirmó.

Así las cosas, Hoyos se convirtió en el único barranquillero que ha sido convocado a una mesa de trabajo por la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en articulación con otros destacados referentes nacionales en derechos de las personas con discapacidad, incluidos integrantes del programa PAIIS de la Universidad de los Andes, expertos independientes y representantes de organizaciones de amplio reconocimiento en el país.

Cabe resaltar que el oriundo de ‘La Arenosa’ cuenta con más de 12 años de trayectoria en asuntos públicos, y ha liderado asesorías de procesos técnicos que han sido claves para el país como: la formulación del Sistema Nacional de Justicia Familiar en el ICBF, que dio origen al Decreto 1574 de 2024, y el diseño del modelo jurídico de Alianzas Público-Populares adoptado mediante el Decreto 874 de 2024 para la Dirección Nacional del Cuidado del Ministerio de Igualdad y Equidad.