Veinte años después no hallan qué inventar para acabar con el monstruo de la corrupción y mientras tanto siguen empecinados en la aplicación de una norma totalmente nociva para la gestión administrativa del Estado y que entorpece la contratación estatal violando normas como el principio de planeación del presupuesto público.
Un candidato que aspira a un cargo de elección popular inscrito con el aval de un partido o movimiento político, así haya suscrito acuerdo de coalición con otros partidos, no puede salir como loco a hacer campaña electoral con todo mundo, ni recibir, ni dar apoyo, pues violaría las disposiciones de la doble militancia.
Ninguna democracia es perfecta. Es posible que en otros planetas haya un mejor sistema de gobierno.
En conclusión, la renuncia aceptada de los diputados y concejal cuyo período vencía en diciembre 31 de 2027, configura una vacancia absoluta del cargo según lo indicó la Corte Constitucional en sentencias C-093 de 1994 y C-532 de 1993, pues quien renuncia al cargo ya no es titular del mismo. No sucede igual tratándose de Gobernador o Alcalde, por tener el compromiso del voto programático (art. 259 superior), donde opera de forma prevalente el principio pro electoratem, como fue el caso de la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto.
No basta entonces con ser un buen candidato, con el mejor perfil para conquistar el voto del pueblo, a veces esquivo y mañoso, sino saber llegar al poder, con los conocimientos y la experiencia en la administración pública para adelantar con éxito su programa de gobierno donde las encuestas de opinión marquen una gestión favorable en beneficio de la comunidad.
Sobre estos candidatos inscritos existen comentarios sobre posibles inhabilidades que impediría su elección, según las normas constitucionales y legales, con nuevas demandas electorales. En efecto, haciendo el papel de abogado del diablo (advocatus diaboli), en una forma pedagógica trataremos de dar una respuesta a estos temas que circulan en la opinión pública.
No había necesidad de acabar con un pueblo para después reconstruirlo a un costo exagerado de pérdidas de vidas, costumbre que viene desde el Imperio Romano cuando los emperadores se deleitaban con las atrocidades del combate de los sentenciados a muerte enfrentados a las bestias. Que se maten sus líderes, no el pueblo.
Con este artículo damos respuesta a su solicitud de rectificación presentada a la dirección del diario EL HERALDO de Barranquilla a raíz de mi columna de septiembre 30 de 2025, titulada ¿La culpa es de la vaca o del toro?
Los videos de la juez Marienela es una terapia musical que podría ser contratada por el gobierno nacional como una contribución a la salud mental del poder judicial para transformar la cara fea de una justicia criticada por su morosidad, impunidad y con algunos lunares de corrupción, en un rostro humano más amable y lejos de un laberinto sin salida.
Esta concesión es “una vaca lechera” fríamente calculada para saquear las finanzas del Estado, con unos amarres jurídicos de alta inteligencia artificial que no dejan huellas.
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