Aunque Colombia avanza en la incorporación de energías renovables, el país aún no vive una verdadera transición energética. Pese a que alcanza una buena posición en el Índice de Transición Energética —ocupando el puesto 38 (cuarto de la región) gracias a su sistema confiable y predominantemente limpio— existen limitaciones en la red de transmisión y distribución que impiden despachar la energía generada de los proyectos renovables al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Hay que destacar que Colombia posee una matriz energética mayoritariamente renovable, ya que más del 58,59 % de su capacidad de generación proviene de fuentes hidráulicas, lo que le otorga una base sólida para avanzar en la transición energética.
En cuanto a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), alrededor del 13,87 % de la capacidad instalada del país corresponde a proyectos solares.
De acuerdo con los expertos, estas cifras muestran que Colombia no enfrenta la misma presión que otras naciones para acelerar de forma apresurada la transición energética, evitando así poner en riesgo la seguridad energética nacional.
Según el operador del mercado, XM, en su informe al Consejo Nacional de Operación de junio de 2025, advirtió que para este año el país ya registra un déficit entre energía firme y demanda de -1,6 %, el cual se acentúa hasta -3,5 % en 2027.
La demanda a nivel global
Mientras esto ocurre en Colombia, con una demanda que se incrementa año a año, a nivel mundial el crecimiento energético total fue de aproximadamente 2,3 % entre 2022 y 2023. Así lo afirmó Amat David Zuluaga, geólogo y director del Observatorio de Transición Energética del Caribe de la Universidad Areandina, quien señaló que esta cifra parece pequeña, pero cuando se convierte a números absolutos, equivale a sumar cada año un consumo similar al de 45 veces Colombia.
“Es decir, anualmente el mundo aumenta su demanda como si ingresaran 45 ‘nuevas Colombias’ al planeta a consumir energía. Proporcionalmente, es un crecimiento muy alto”, indicó.
Sostuvo que en 2024 ingresaron al sistema energético global alrededor de 487 gigavatios, es decir, menos de 500. Esto representa aproximadamente el 25 % de lo que se necesitaría únicamente para cubrir el crecimiento anual del consumo de energía global. La solar y la eólica, juntas, solo aportan una cuarta parte de esa demanda adicional.
Lo que significa, señaló, que el otro 75 % de la energía necesaria para sostener el crecimiento no está siendo reemplazado por las renovables. “Esa es la razón por la cual el mundo continúa consumiendo carbón —que alcanzó récords históricos en 2023 y 2024— y sigue dependiendo del gas y del petróleo”, expresó.
Aseguró que la explicación a esto es que la industria global no tiene la capacidad de fabricar, instalar y desplegar energías renovables al ritmo que exige el crecimiento de la demanda. Y, además, debe competir con gigantes como China, que produce tecnología a precios muy bajos.
Actualmente, los países nórdicos —Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega— lideran el camino de la transición, ubicándose en las primeras cuatro posiciones.
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Transición en América Latina
Entre tanto, en América Latina, con puntajes cerca de un 5 % por debajo del promedio mundial (54,3 frente a 55,6 sobre 100), hay avances importantes en la modernización de su infraestructura y en la alta penetración de energías renovables.
Sin embargo, la volatilidad institucional y las brechas de financiamiento para expandir tecnologías limpias siguen siendo desafíos clave para acelerar la transición energética y consolidar una seguridad energética robusta.
Los desafíos en Colombia
Zuluaga explicó que el sistema nacional no está reemplazando los combustibles fósiles, sino añadiendo nuevas fuentes sin desplazar las existentes.
“El consumo energético crece cada año entre un tres y cuatro por ciento, pero la nueva energía que se produce ni siquiera alcanza a cubrir ese aumento. Por eso, hablar de transición no es correcto: solo estamos sumando energía al sistema”, señaló.
Recalcó que la electricidad representa apenas entre el 16 y el 17 % de la matriz energética nacional, mientras que el transporte consume cerca del 44 %, la industria un 23 % y el sector rural entre un 10 y 12 %, principalmente mediante el uso de leña o biomasa: “Más del 80 % de la energía del país no es eléctrica”, precisó.
Dentro de ese 16 % de electricidad, cerca del 10 % proviene de hidroeléctricas y solo un 5 % de termoeléctricas, lo que deja un margen muy pequeño para sustituir energía fósil por renovable. Según Zuluaga, los nuevos parques solares y eólicos no logran suplir el crecimiento de la demanda, y el ritmo de instalación es insuficiente.
“La transición está mal planeada. No estamos cumpliendo los objetivos de reemplazo ni de impacto económico”, manifestó.
Respecto a los proyectos eólicos en La Guajira, afirmó que el proceso avanza lentamente debido a la complejidad de las consultas previas con las comunidades indígenas wayuu. “No hay una autoridad única y cada comunidad exige su propia negociación, lo que vuelve todo más complejo. Mientras no se regule ese tema, la energía eólica difícilmente avanzará”, señaló.
Reiteró que la transición energética en Colombia es más una aspiración que una realidad, la cual está limitada por la falta de infraestructura, de planeación y de consensos sociales.
El experto insistió en que la prioridad debería ser fortalecer las redes eléctricas, ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia antes que compararse con países industrializados.
Por otro lado, líderes gremiales del sector energético —en reiteradas ocasiones y distintos escenarios— han expresado que el Gobierno sigue apostándole a la energía solar que, sin duda, es la tecnología que más avanza en el país, pero con un limitante: es intermitente.
Ante esta situación, cuando el consumo sube —especialmente entre 6:00 p. m. y 9:00 p. m. — se necesita respaldo, y es allí cuando se requiere de la entrada de los Sistemas de Almacenamiento con Baterías (SAEB).
No obstante, insisten en que a la fecha aún no existe una regulación clara que permita integrarlos al sistema. Sin eso, la energía solar por sí sola no puede sostener la transición.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), se calcula que el país necesita entre $10 y $13 billones anuales en inversión para que la capacidad instalada crezca al ritmo que exige la demanda.
En el mapa de la transición, La Guajira sigue siendo la gran incógnita. El potencial eólico es enorme —25 GW onshore, según el Ministerio de Minas y Energía—, pero los conflictos sociales siguen deteniendo los proyectos.
Y es que, así esté lista la generación, sin redes de transmisión no es posible avanzar en la transición, advierten los líderes.
Según este gremio, hoy, el 55 % de los proyectos están retrasados: 68 de 123. Algunos llevan entre 11 y 13 años sin entrar en operación. “Es decir, ni la nueva energía está llegando a tiempo, ni existe la infraestructura para moverla”, advirtió.
Un ejemplo es el caso de la línea ‘Colectora’, que hasta el momento ha realizado 245 consultas previas, pero siguen llegando comunidades que piden ser consultadas.
Región Caribe
El Caribe sigue dependiendo diariamente de la generación térmica, no por falta de alternativas, sino por las limitaciones del sistema. Gremios del sector indicaron que la energía hídrica producida en el interior del país no logra llegar a la región de manera estable debido a la infraestructura de transmisión deficiente, lo que obliga a respaldar la demanda con plantas térmicas.
A esto se suma la crisis de las distribuidoras, en especial Air-e, cuya situación financiera y operativa sigue sin solución. Así, sin una operación eficiente y sostenible, la región no avanzará a una transición energética real.
Subsidios, gas y generación, frentes que comprometen la seguridad energética
En días pasados, la Contraloría General de la República volvió a lanzar una advertencia sobre el riesgo de desabastecimiento de gas y energía en el país si no se toman los correctivos necesarios.
Ante este panorama, el experto en temas energéticos Javier Lastra explicó que para el sector hay cuatro acciones que se deben tener en cuenta: recuperar el atraso en capacidad firme, ya que se necesitan entre 350 y 500 MW nuevos por año para cerrar un déficit que ya supera los 1.500 megavatios.
Además, diseñar una estrategia financiera que permita reperfilar los $2,88 billones en subsidios atrasados y evitar que la presión recaiga sobre las tarifas; enviar señales regulatorias estables que vuelvan a atraer inversión, especialmente cuando no se adjudican contratos de exploración desde 2022, y acelerar la infraestructura de transporte y regasificación en el Caribe y el Pacífico antes de 2026, evitando un déficit más costoso y prolongado.
El experto aseguró que sin estos cuatro frentes en marcha “la advertencia de la Contraloría no será una alarma preventiva, sino un anuncio anticipado de lo que puede pasar”.
