Con el objetivo de que se dispongan los recursos necesarios para atender la crisis financiera de la empresa Air-e, una acción de cumplimento fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico por parte de la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención’.
Esta acción judicial coincide con el primer año del proceso de intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, periodo en el cual se han registrado pocos avances alrededor del plan para resolver la crisis financiera y administrativa que ha puesto en vilo la prestación del servicio de energía para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Cabe recordar que la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención se encuentra conformada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, así como las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la seccional Atlántico – Magdalena de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que la intención es que la Superintendencia de Servicios Públicos y los ministerios de Hacienda y Minas y Energía gestionen de inmediato los recursos que requiere el Fondo Empresarial y así resolver la “crítica situación de iliquidez” de Air-e.
“Producto de una improvisación en la gestión por parte del Gobierno en este año de intervención, ya han pasado 3 superintendentes y 4 agentes interventores, y hemos visto un incremento del 246 % de la deuda con generadores y otros proveedores.
Esta situación amenaza el suministro eléctrico de más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira y podría generar un colapso en el Sistema Eléctrico Nacional”, aseguró el líder gremial.
Cepeda también indicó que se radicó una acción de tutela ante el Consejo de Estado “para que se nos garantice el acceso a la información sobre la situación financiera, el plan de inversiones y las dificultades operativas de Air-e”.
En ese sentido, agregó que “esperamos fallos favorables, pero reiteramos: usaremos todos los recursos legales para evitar un apagón en la región y exigir la prestación de un servicio estable y de calidad para los usuarios”.
Por su parte, Manuel Fernández Ariza, aseguró que “lo que tenemos es una evidente falta de gestión y de coordinación de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía y de la Superintendencia de Servicios Públicos para constituir garantías y créditos de la Nación que permitan conseguir recursos que nutran el Fondo Empresarial y por esa vía capitalizar a Air-e Intervenida”.
En ese sentido, expuso que “se trata de instrumentos que no implican un gasto presupuestal no previsto y que pueden destinarse a asegurar la continuidad de un servicio público esencial, como el de la energía eléctrica”.
También recalcó que la crisis de Air-e Intervenida ya tiene un impacto nacional “porque sus deudas con otros agentes del sector superan los $2,2 billones de pesos, en una especie de taxímetro que sube a diario. De esa suma, cerca de $1 billón de pesos le debe a las generadoras termoeléctricas, lo cual ha puesto en riesgo la sostenibilidad de estas empresas, que constituyen un eslabón fundamental en el sistema eléctrico del país”.
