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El sur del Atlántico enfrenta nuevamente una situación de “alta vulnerabilidad” ante los riesgos que representan los altos niveles del Canal del Dique y el río Magdalena, los cuales se encuentran en 6.97 metros, una medida “atípica” para esta época del año.

Según la comunidad, la preocupación radica en la falta de avances en las obras de mitigación que debían adelantarse en puntos críticos en esta temporada previa al inicio de la temporada de lluvias.

Líderes del cono sur alzaron su voz para exigir al Gobierno nacional mayor compromiso y agilidad en los trámites que permitan adelantar “obras urgentes” en el Canal del Dique, con el fin de evitar una tragedia similar a la ocurrida en 2010.

Gustavo De La Rosa, líder de la zona, manifestó que actualmente no hay inundaciones ni una alarma activa en el territorio, pero advirtió que no se puede bajar la guardia.

“No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, expresó.

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Hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que se autorice la licencia ambiental que permita iniciar las obras del Canal del Dique, especialmente en el tramo que va desde el puente de Calamar.

Por su parte, Franklin Ortega, dirigente del municipio de Candelaria, aseguró que “no hay maquinaria trabajando y ni siquiera se ha hecho presencia institucional. Estamos más desamparados que nunca”.

Según Ortega, la decisión del Ministerio de Ambiente de frenar los trabajos por falta de licencia ambiental ha dejado a la región sin un plan de contingencia.

Aseveró que ya han informado de la situación a la Gobernación del Atlántico y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pero hasta la fecha solo han recibido visitas técnicas “sin soluciones concretas”.

Desde la Gobernación

A su turno, José Antonio Luque, secretario del Interior de Atlántico, afirmó que continúa realizando un monitoreo permanente de los niveles del río Magdalena y el Canal del Dique, en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

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Asimismo, sostuvo que la reciente declaratoria de calamidad pública habilita al concesionario para ejecutar obras de mitigación por un valor cercano a los $100 mil millones, recursos que serán destinados principalmente a la construcción de muros de contención y otras acciones de protección en los puntos más críticos del canal.

“Esperamos que el Gobierno nacional, a través de la Anla, otorgue un permiso especial que permita avanzar en estas obras en el menor tiempo posible. Nuestra expectativa es que esta autorización se otorgue en menos de un mes, dada la urgencia de la situación”, dijo Luque.

Es importante recordar que, en la etapa inicial del megaproyecto del Canal del Dique, cuyo valor supera los $3.2 billones, no se le exigió a la empresa concesionaria Sacyr una licencia ambiental. En su momento se aprobó un instrumento ambiental, que contemplaba una serie de determinantes para el desarrollo de las intervenciones.