Este lunes 7 de julio la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, tumbó el artículo consignado en el Plan de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro para modificar la temporalidad del cobro de la contribución por valorización.
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De esta manera se declaró la inexequibilidad del artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, por el cual se avaló al Ejecutivo para que, hasta 5 años después de terminados los proyectos, se pudiera adelantar el cobro de la mencionada contribución.
Sobre esta decisión se argumentó en que la norma no guarda una conexidad directa e inmediata con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, como exige la jurisprudencia.
Además, la Corte indicó que no se probó que la modificación fuera indispensable para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial ni que los recursos sin la modificación fueran insuficientes.
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En ese mismo sentido, reiteró la importancia de que las normas tributarias y de vocación permanente tengan un amplio debate en el Congreso y no se incluyan por vía indirecta en la ley del plan.
Luego de conocerse la decisión de la Corte Constitucional, el senador Mauricio Gómez indicó que la sentencia “significa un paso enorme”.
“Instauramos la demanda y hoy celebramos esta sentencia que significa un paso enorme. Desde el primer día lo dijimos: el cobro de valorización incluido en el Plan de Desarrollo era inconstitucional. Hoy la Corte Constitucional lo confirma y tumba ese artículo. El Atlántico y Bolívar celebran. ¡La justicia se impuso!”, escribió desde su cuenta de X.
Además, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, manifestó que la decisión de la Corte Constitucional sobre el cobro de valorización es una “victoria de todos”.
“Esto frena una injusticia con los departamentos y con 10 municipios de estos dos departamentos que lograba impactar de manera negativa el desarrollo inmobiliario y turístico de la banda costera que conecta a Cartagena con Barranquilla y, por supuesto, que es una victoria de todos, una victoria de los congresistas del departamento del Atlántico, de Bolívar, del alcalde de Cartagena, el alcalde de Barranquilla, los gremios de los dos departamentos que hemos insistido de un primer momento que este cobro es totalmente inconstitucional e ilegal.”, dijo Cepeda.
Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, indicó que se está a la espera del fallo definitivo.
“Es una primera victoria en la lucha que hemos tenido para que no se haga este injusto inconveniente cobro valorización en nuestra región. Aquí hemos buscado que se haga una segunda calzada que mejore la operación y la seguridad en esta vía y por el contrario lo que han querido es hacernos un cobro para llevarse los recursos. Por lo tanto, manifestamos nuestro total compromiso seguir adelante y estamos esperando un fallo de manera definitiva de una demanda nulidad simple que tenemos ante el Consejo de Estado.”, dijo Oliveros.
El gobernador Eduardo Verano, por su parte, calificó como positiva la decisión de la Corte: “Esto quiere decir que se cae el cobro en la Vía al Mar y nuestra zona costera no será afectada. Es una decisión justa que protege el bolsillo de todos los colombianos y, además, libera el camino para que el desarrollo turístico, urbanístico y económico de la zona costera del Atlántico avance sin obstáculos ni cargas adicionales para la comunidad”.
“Con esta decisión, se fortalecen las condiciones para atraer nuevas inversiones, impulsar el desarrollo y liberar el enorme potencial de esta región. Fortalece, además, la confianza de los habitantes del Atlántico y de quienes ven en nuestro territorio una oportunidad para crecer.”, agrega.
El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, indicó que esta decisión “sigue cerrando la posibilidad de estos atropellos del Gobierno” y que se mantiene la lucha de los predios ubicados en el eje vial entre Barranquilla y Cartagena, así como estudiando la tutela que presentó el Invías para retomar el cobro.
Plinio Cedeño, alcalde de Puerto Colombia, aseguró que la decisión es “coherente con el sentir de miles de porteños y atlanticenses”, al tiempo que reiteró su posición de rechazo a este cobro.
Mientras que el Consejo Gremial de Bolívar indicó que “nuestra firme postura siempre estuvo alineada con la defensa de la Constitución y hoy vemos cómo se reafirma este principio”.
El diputado Camilo Torres expresó: “la Corte Constitucional (@CConstitucional) le dio la razón a la gente y tumbó un cobro de valorización que desde el inicio advertimos que era injusto y perjudicial para las comunidades del Atlántico y Bolívar.”
Por su parte, el exmagistrado del CNE César Lorduy advirtió que la “lucha debe continuar”.
“¡La lucha debe continuar! La ANI, INVÍAS, y Mintransporte insisten que la vía Barranquilla-Cartagena NO ESTÁ TERMINADA. Con base en lo anterior y el fallo de la Corte Constitucional que todo indica se refiere solo a vías terminadas, seguramente pretenderán seguir cobrando el injusto y absurdo impuesto.”, escribió.
