La empresa Air-e pasa por un crítico momento financiero tras su intervención en septiembre del año anterior a causa de las millonarias deudas con los generadores de energía y proveedores, sino además con las entidades financieras.
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Este viernes que la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) le solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que levante la medida de suspensión de pagos para que la compañía pueda ponerse al día con esta entidad, puesto que a la fecha le adeuda cuotas atrasadas por $44.625 millones de pesos de tres obligaciones crediticias. En total, la deuda es de $180 mil millones.
De acuerdo con la carta enviada por el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez, son varias las solicitudes que le han hecho para que le autorice a Air-e que efectúe los pagos, teniendo en cuenta que los recursos están disponibles en una fiducia.
“Somos conocedores de que la empresa tiene los recursos para asumir el pago de las mismas en razón a las recepciones de los informes de rendición de cuentas emitidos por la Fiducia que administra los recursos de esta, por ser acreedores garantizados de la misma”, se lee en la comunicación enviada a la Superservicios.
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A espera de autorización
De acuerdo con el presidente de Findeter, el pasado 11 de abril, en una comunicación enviada a Márquez, le reiteró la solicitud del levantamiento de la medida: “Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la SSPD para esta financiera ni para la empresa Air-e”.
En la misma carta aseguró que Air-e le había enviado a Findeter la solicitud de evaluar la posibilidad de “flexibilización de las condiciones de los créditos vigentes”, con el fin de normalizar la cartera.
No obstante, la empresa Air-e le informó que dependía de la autorización del “ente supervisor para remitir la documentación requerida para este proceso de normalización”.
Así consta en la comunicación formal que la agente interventora de Air-e, Diana Bustamante, le envió a Findeter el pasado 10 de marzo, en el que señala que: “estamos a la espera del pronunciamiento por parte de esta Superintendencia, toda vez que por la medida de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, se hace necesaria su autorización para cancelar los (sic) créditos respectivos en las condiciones propuestas por Findeter”.
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A lo que Muñiz le expresó al superintendente Márquez, en la mencionada carta, que Air-e tiene “toda la voluntad de pagarnos y ponerse al día con sus obligaciones”.
Además, le advirtió que el incumplimiento del pago de las obligaciones crediticias por parte de Air-e –hoy intervenida y administrada por un agente interventor designado por la Superservicios “genera serios perjuicios económicos para Findeter y todo el país, afectando directamente su capacidad operativa y financiera para poder cumplir con su misión institucional de financiar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo de los territorios”.
Además, reiteró que la falta de pago deteriora la cartera, incrementa el riesgo financiero y sus provisiones contables de capital e intereses.
Hallazgo de la Contraloría
El atraso en las obligaciones con Findeter también ha generado consecuencias de índole fiscal. Así lo afirma el presidente de la entidad financiera, quien explicó que tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República dejó un hallazgo por el tratamiento que ha tenido el crédito de Air-e.
“Lo anterior solamente confirma que la falta de gestión adecuada para el levantamiento de la medida de suspensión de pagos, tendrá consecuencias aún peores, no solo para Air-e y Findeter sino para la gestión del Gobierno nacional”, dijo.
El origen de la deuda
De acuerdo con el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, esta deuda obedece a un requerimiento que le hizo la Superintendencia Financiera a Findeter por los créditos, con tasa descontada, extendidos a las empresas con cargo al cupo que por $2 billones abrió el Ministerio de Hacienda “para darle liquidez a las empresas comercializadoras agobiadas por la deuda de la Opción tarifaria. Findeter, a su vez, le hace el requerimiento a la Superintendencia, dada su intervención a Air-e, lo que le obliga a responder por sus pasivos”.
Mientras que Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, mencionó que “la región Caribe viene de tumbo en tumbo eléctrico desde que debilitaron a Corelca hace treinta años y la liquidaron”.
“La Superservicios, según la ley, debe mantener a Air-e a flote a través del Fondo Empresarial, pero parece que no quieren. Nos queda a las fuerzas vivas de la región unirnos para evitar un desastre anunciado”, recalcó.
