Los gremios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, representados en la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, afirman que el riesgo de apagón en estas tres regiones continúa porque, aunque el Ministerio de Minas anunció el pago de $231 mil millones a Air-e por subsidios de energía, esa suma es insuficiente para superar la crisis financiera y operativa de dicha empresa.
En un comunicado, la Veeduría menciona que el mayor problema que incide en el riesgo de apagón es la demora del Gobierno nacional en transferirle a Air-e intervenida recursos, a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, para que pague las deudas a las generadoras de energía por $1,2 billones, ocasionadas luego de la intervención de esta empresa. “El desembolso de $231 mil millones a Air-e Intervenida representa menos del 20% de dicha deuda, lo que no resuelve esa situación”, se lee en la comunicación.
Además, dice que las deudas de Air-e intervenida con las generadoras se han duplicado luego de la intervención por parte del Gobierno nacional en septiembre de 2024.
“En ese momento la empresa le debía a las generadoras $940 mil millones y a marzo de 2025 esas deudas sumaban $2,1 billones, un incremento significativo en los primeros 6 meses de administración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, explican.
También advierten que esa alta y creciente deuda puede llevar a que las empresas térmicas no puedan cumplir con los contratos de compra de combustibles, “y en consecuencia a declararse indisponibles para producir energía por falta de esos insumos, poniendo en riesgo a todo el Sistema Eléctrico Nacional”.
Además, afirma que la intervención de Air-e se realizó sin la implementación de medidas estructurales y sin la asignación prioritaria de recursos, lo que ha evidenciado que intervenir empresas sin un plan sólido no resuelve los problemas de fondo. De hecho, “la situación financiera de Air-e hoy es más crítica que antes de la intervención”.
La veeduría reitera que está en desacuerdo ante cualquier intención del Gobierno nacional de intervenir injustificadamente a agentes del mercado de energía, puesto que una medida de esa gravedad generaría costosos perjuicios al Sistema Eléctrico Nacional y ahuyentaría la inversión privada.
Por último, explica que un apagón eléctrico tiene impactos en la productividad y la economía; interrumpe la operación de acueductos, genera riesgos para la salud, la seguridad y el transporte, y ocasiona la pérdida de alimentos, entre otros efectos. “El Gobierno nacional debe entender que, si no toma inmediatamente las medidas para evitarlo, sufriremos consecuencias sociales y económicas que afectarían las condiciones de vida de la población”.
Esta veeduría ha presentado propuestas concretas, resultado de un estudio de Fundesarrollo, que permitirían mejorar la operación del sistema eléctrico regional, bajar las tarifas de energía al usuario final y estabilizar a Air-e intervenida con decisiones que pueden implementarse en el corto, mediano y largo plazo.
La veeduría está integrada por las Cámaras de Comercio de Santa Marta, Barranquilla y La Guajira, así como los comités integremiales de Magdalena y Atlántico, así como la Andi Seccional Magdalena y Atlántico.
