La organización se refirió a los ataques perpetrados contra la localidad de Dhayra, en el Líbano. El uso de la sustancia está restringido en virtud del Derecho Internacional Humanitario.
Amnistía Internacional consideró la advertencia como 'una violación del derecho internacional humanitario' al poder equivaler a una orden de 'desplazamiento forzado de la población civil'.