El alto tribunal también ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara.
La determinación fue a causa de los efectos sociales y daños graves de infraestructura vial. La administración local hizo un llamado al Ministerio del Interior, la Ungrd y la Gobernación de Atlántico para que brinden las ayudas pertinentes.
La exfuncionaria estuvo durante cuatro horas en la diligencia ante la Corte Suprema.
Aunque su abogado había anunciado que sería él quien asistiría a la reunión en representación de su cliente, el exfuncionario habría cambiado de opinión.
La saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado llegó a las instalaciones de la PGN para rendir testimonio respecto a la investigación abierta por supuestas irregularidades en ese proceso licitatorio.