Urbanización San Carlos, un dolor de cabeza en Sucre-Sucre

Los ciudadanos Yaira Aleán Acuña, de 34 años, y Solángel Acuña Arrieta, de 24, no son los desvalijadores de las casas en San Carlos, son propietarios de una de ellas que al enterarse de que los amigos de lo ajeno se estaban apropiando de cosas en estas prefirieron quitar lo poco que les habían dejado para entonces utilizarlo en la casa que habitan en un corregimiento.

Su actuación, aplaudida por unos y reprochada por otros, se ha vuelto una constante en San Carlos, pero la Policía en Sucre-Sucre de momento solo los ha capturado a ellos y anotó que lo hizo porque sean dueños o no de estas, “sí estaban incurriendo en un delito al estar causando daños en un bien ajeno, un bien que como es de interés social tiene unas cláusulas que cumplir y aún es del Estado”, dijo la Policía Nacional.

Pese a las cláusulas a las que hace alusión esta institución, en la Urbanización hay casas arrendadas, entregadas al cuido de otros y hasta con promesas de compraventa por entre 4 y 5 millones de pesos cuando a estas el gobierno nacional las ha avaluado en cerca de 50 millones de pesos.

La detención de dos propietarios de estas casas que quisieron preservar para ellos lo poco que los ladrones les habían dejado despertó el malestar de la comunidad y de paso dejó al descubierto las muchas problemáticas que existen en San Carlos y que fueron advertidas en su momento por el veedor Obman Campo Bueno y por el entonces personero Yeison Góez.

Los dos coinciden en afirmar que el Fondo Adaptación --que es una entidad que nació justo para atender las emergencias derivadas por la ola invernal 2010 y 2011-- se contradice en su objetivo al permitirle al contratista la adquisición de un predio que presenta problemas de inundación aunque esté situado en la cabecera.

“Hace unos meses aquí hubo un aguacero y todo esto se inundó. Esa es una decepción para nosotros que precisamente le veníamos huyendo a este tipo de situaciones”, dijo un morador de la urbanización que ratifica que en San Carlos hay problemas graves de inseguridad que deben ser analizados por las autoridades para frenarlos a tiempo y así evitar situaciones que con el tiempo se puedan tornar incontrolables.

Campo y Góez precisan que desde que supieron que en la cabecera, en un sitio no apto para ello, iban a construir 350 casas mostraron su inconformismo porque se trataba de un desarraigo al que muchos no iban a acceder como en efecto ha ocurrido.

“Estamos frente a un proyecto que podríamos decir que es fracasado en todos los sentidos. Se inunda, las familias beneficiadas no lo habitan, hasta hace poco le instalaron la energía, pero no solucionaron el tema de alcantarillado y poco a poco lo han ido deteriorando”, dice Campo.

Agrega que las familias a las que beneficia este proyecto residen en la zona rural donde tienen su modo de vida, “viven de la pesca, la siembra de productos para su consumo y hasta para la venta a menor escala y por eso prefieren seguir allá y no venir a engrosar los cordones de pobreza en la cabecera. Esto se dijo en su momento y hoy las situaciones que vivimos nos lo están confirmando”, dijo Obman Campo, que hoy se duele de que el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hubiese estado hace dos semanas en esa urbanización y no la recorriera para que fuera testigo de los problemas que hoy tiene este proyecto que entre otras cosas podría ser una bomba de tiempo en el tema de orden público.

Una de las habitantes de San Carlos dice que en el patio de estas casas no hay cupo para sembrar una yuca, que las paredes entre una y otra vivienda son compartidas, los pisos son de un material que no es madera ni tampoco es concreto, son pequeñas y no tienen dónde hacer sus necesidades porque no hay alcantarillado.

“No sé cómo es que el gobierno entrega unas casas en esas condiciones, sin garantizar las mínimas condiciones de habitabilidad, sin servicios básicos”, precisa Mila López Navarro, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de San Carlos.

Yeison Góez lamenta la suerte que están corriendo estas viviendas cuando en Sucre-Sucre hay muchas familias que necesitan de un techo digno.

“Es desconcertante que estos subsidios de vivienda no hayan sido de buen recibo por parte de los que fueron beneficiados. Aunque sabíamos que esto se podía presentar porque estábamos frente a un desarraigo, por eso en su momento advertimos que lo mejor era la construcción de estas en sitio propio”.

Finalmente el personero de Sucre-Sucre, Alexander Acuña Rodríguez, rechazó el atropello al que según él fueron sometidos los hijos de una docente de más de 30 años de labores en el magisterio y que residen en el corregimiento de Orejero.

“La Personería está en contra de ese atropello y hay que dejar claro ante la opinión pública que ellos no estaban robando sino salvaguardando lo poco que les habían dejado”.

Agregó que estos ciudadanos como muchos otros desconocen las cláusulas que rigen para estos proyectos y por eso actuaron de esa forma, pero esta Personería da fe que son personas de bien y de respeto.

“Estoy en contra de ese proceder de la Policía, allí no había daño en bien ajeno”, advierte el representante del Ministerio Público que a su vez le hace un llamado a los propietarios de estas casas para que las habiten en aras de evitar que estas situaciones se sigan presentando.