Sucre: exsenador Álvaro García continúa con su defensa ante la Corte Suprema de Justicia

El exsenador sucreño Álvaro Alfonso ‘El Gordo’ García Romero no cesa, a través de su defensa, la lucha que libra con la Corte Suprema de Justicia por alcanzar la libertad tras haber pagado más de 20 años de la condena de 40 que le impuso la Corte por la masacre de Macayepo y que le abrió un proceso más por el desplazamiento forzado derivado de ese mismo caso.

En las últimas horas la defensa de García instauró un recurso de queja en contra del auto que profirió la Corte negando una nulidad que le fue solicitada con fundamento en las violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en el caso de desplazamiento, y porque aplazó una decisión hasta cuando ellos profieran sentencia.

En esa decisión del 29 de septiembre, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, no accede al pedido del exsenador Álvaro García Romero de la nulidad del proceso por desplazamiento forzado porque 'el procesado actualmente no se halla privado de la libertad por cuenta de este asunto, no se vislumbra vulneración al derecho fundamental a la libertad, de ahí que esta temática pueda ser ponderada de manera más profunda una vez culminado el juicio'.

Así las cosas, no se vislumbra, por ahora, la salida de la cárcel de Álvaro Alfonso García Romero con libertad condicional porque le fue negada y porque además no ha empezado a pagar prisión por desaparición forzada, como quien dice, en su caso particular, las medidas de aseguramiento cogen ficha y hacen fila, cuando en Colombia las medidas cautelares no son diferidas, no están sujetas a plazos ni mucho menos a condiciones.

La Corte al no acceder a las peticiones de García le niega la posibilidad de demostrar, según él, que no es responsable de la masacre y por ende de la desaparición forzada, y como en aquel momento la entonces defensa no dijo nada sobre el nuevo delito por el que ahora lo procesan no le permiten mostrar pruebas, por lo que el procesado se ratifica en que le siguen violando el debido proceso y en especial su derecho a la defensa.

Desde el 11 de septiembre de 2017, a través del auto AP5945-2017, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decretó las siguientes pruebas:

Testimoniales: Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirry’, que es testigo de los hechos según el proceso; Wálter Tuirán Álvarez, señalado por la defensora como conocedor de los hechos; ampliación del testimonio del exgeneral de la Policía, Rodolfo Palomino Bautista, comandante en Sucre en la época de los hechos y quien puso en conocimiento la conversación sostenida el 6 de octubre de 2000 entre Álvaro García Romero y Joaquín García Rodríguez; ampliación de la declaración del expolicía en grado de capitán Sergio Tovar Pulido, entonces comandante de la Sijin en Sucre; testimonio del expatrullero Dully Rubio Ortega; ampliación de la declaración de Uber Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y quien comandó el grupo de Auc que perpetró la masacra; testimonio del exparamilitar Luis Robles Mendoza, alias ‘Amaury’ y el testimonio del procesado Álvaro García Romero.

En las pruebas documentales pide que se tengan en cuenta las sentencias absolutorias proferidas en contra de unos ciudadanos que son mencionados en este proceso que le siguen al exsenador García, entre ellos a Miguel Ángel Nule.

Si la Corte no accede a las pruebas que la defensa de García ha pedido este podría ser condenado a una pena superior a 15 años.

Al procesado ahora le niegan la práctica de pruebas que, en su momento, cuando Jorge Emilio Caldas Vera era procurador, dijo que se accediera a ellas en el año 2017. Así se desprende de los documentos que obran en este proceso.

La defensa de García se muestra en desacuerdo también en que sea la Sala de Casación la que emita el fallo y no la de Instrucción, puesto que la primera fue la que lo acusó.