Compartir:

Luego de dos días de paro por parte de los arroceros de La Mojana la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, se pronunció.

(Le puede interesar: En Ocad Caribe aprobarían recursos para financiar el PAE de Córdoba)

Aseguró la mandataria que la medida de libertad regulada propuesta por el Gobierno Nacional es paso positivo y “lo que esperamos es que los valores cubran realmente los costos de nuestros productores. No puede haber una libertad regulada si se sigue condenando a los productores a producir con pérdidas”.

A su vez, le pide al gobierno nacional que escuche a quienes hoy están movilizados y “se tomen decisiones justas que garanticen ingresos dignos para las familias productoras de arroz”.

(Vea aquí: La Universidad de Córdoba formará técnicos profesionales en los colegios de los municipios)

El pronunciamiento de García Montes se produjo la tarde de este martes 15 de julio en una mesa de trabajo con la Agencia de Desarrollo Rural en Bogotá, donde se refirió al temor de muchas familias rurales porque la regulación se quede corta para frenar las pérdidas que ya ponen en riesgo su sustento diario.

“Los arroceros piden lo justo, que el precio cubra la inversión y utilidades que les permita vivir dignamente”, puntualizó.

(Lea también: INS y Gobernación de Córdoba entrenan a referentes y gestores comunitarios)

En Sucre hay más de 23.000 hectáreas sembradas de arroz secano mecanizado, el 90% están ubicadas en la Mojana. Con una producción promedio de 4,5 toneladas por hectárea y un costo estimado de $5.142.682 por hectárea. Esta zona aporta más de 103.000 toneladas anuales de arroz al país y es clave para la seguridad alimentaria de Colombia.

La gobernadora de los sucreños propuso además que se fortalezcan los mecanismos de compra pública estatal, como herramienta para garantizar un mercado justo y estable para los pequeños arroceros.

(Le sugerimos: Capturan a un hombre por abusar sexualmente de una menor de edad en condición de discapacidad en Valledupar)

“Entidades como ICBF, USPEC, Ejército, Policía y los programas de alimentación escolar deben priorizar la compra de arroz producido por nuestros campesinos. Es una medida concreta, legal y urgente para proteger su trabajo y dignidad”, anotó.