En medio de la disputa que tiene la etnia indígena Zenú de San Antonio de Palmito con campesinos por la hacienda Simba, de más de 800 hectáreas, está la Comercializadora y Distribuidora Tamaral S.A.S. a la que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pretende desalojar sin resolverle los compromisos que demanda el contrato que tiene firmado con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde hace varios años.
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Hace una semana la ANT informó a través de carteles pegados en los postes de la zona aledaña al predio, que el sábado 31 de mayo desalojaría a Tamaral y de inmediato entregaría el 60% de la propiedad a campesinos.
La diligencia no se llevó a cabo porque hay muchos pendientes, entre esos, la ANT le prometió a la etnia indígena Zenú de Palmito la entrega de ese predio y por ende desde el 20 de enero están asentados en ella como Minga Indígena.
Además la Comercializadora y Distribuidora Tamaral S.A.S. también ha hecho valer sus derechos en tanto que si la SAE le cedió a la ANT la potestad sobre la hacienda Simba ninguna de las dos entidades del Estado le ha resuelto a ellos su situación dado que hay un contrato firmado y muchos proyectos agrícolas y ganaderos en marcha, incluso con los que se benefician familias de San Antonio de Palmito.
Lo grave de la situación, dicen en la zona, es que la ANT ha hecho creer que la no entrega de la hacienda se debe a que los arrendatarios no han querido desalojar, por eso en las últimas horas se dirigieron con un derecho de petición al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, para que les resuelva varios de los interrogantes que ellos tienen sobre lo que está ocurriendo y que por demás los expone a riesgos por algún tipo de represalias.
Wilfred Anaya Ortega, en calidad de representante legal de la Comercializadora y Distribuidora Tamaral S.A.S., es quien firma el derecho de petición de seis folios y del que además puso en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación – Delegada de Tierras, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
Pedidos
A través de ese documento, al que tuvo acceso EL HERADO, los arrendatarios de la apetecida hacienda Simba piden que se les informe con precisión cuál es el fundamento legal, norma jurídica o disposición reglamentaria que faculta a la entidad para ejecutar una diligencia de desalojo derivada de una aprehensión materia sin orden judicial, sobre un bien inmueble cuya tenencia está amparada por el derecho de retención consagrado en el artículo 1995 del Código Civil, por tratarse de un inmueble arrendado en el que no se ha efectuado el pago de la correspondiente indemnización por la terminación unilateral y anticipada del contrato.
Además necesitan que les indiquen y aporten pruebas del pago de la indemnización que legalmente les asiste ante la terminación unilateral y anticipada del contrato, “especialmente ante la información conocida por fuentes extraoficiales según la cual la ANT y la SAE habrían realizado dicho pago, situación que no corresponde con la realidad”.
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Además le preguntan al director de la ANT por qué no se realizó una notificación personal del acto administrativo fechado el 29 de mayo de 2025 con el cual pretenden ejecutar el desalojo; por qué no le han dado respuesta al recurso de reposición y apelación interpuesto contra dicho acto administrativo y que fue pegado en un árbol del predio; por qué se hicieron presentes cerca de 300 campesinos el día del anunciado desalojo, quién los convocó y si la ANT dispuso recursos para el desplazamiento de dichas comunidades, entre otras.
Es de anotar que muchos de esos campesinos aún permanecen en la zona cercana a la haciendo bloqueos que han afectado el libre tránsito.
