El Heraldo
La CGN descubrió que existe una cartelización de proyectos de paneles solares. Cortesía
Región Caribe

Denuncian corrupción en el manejo de recursos de la paz

Según la Contraloría, el 33 % de los municipios PDET en Colombia no han recibido ningún recurso del Ocad Paz.

La cartelización de proyectos de paneles solares financiados con recursos de regalías, en al menos nueve municipios  PDET de los departamentos de La Guajira y Cesar, un proceso irregular descubierto por la Contraloría General de la Nación, ha generado una bola de nieve de procesos irregulares con los dineros del proceso de paz.

La supuesta apropiación de estos fondos ya salpica a funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), del ente de control y varios congresistas colombianos, quienes son acusados de crear un entramado para supuestamente quedarse con más del 10 % de los recursos.

En el centro de la supuesta trama está el Ocad Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.

En este sentido, la Unidad de Regalías y la Contraloría Delegada para el Posconflicto descubrió que el 33 % de los municipios PDET no han recibido ningún recurso del Sistema General de Regalías, específicamente del Ocad Paz, desde su creación en el año 2017. 

“En este estudio también se analizó la inversión destinada a la implementación del Acuerdo Final de Paz y se identificaron proyectos que fueron admitidos por el Ocad Paz sin la debida verificación de los requisitos indispensables establecidos en el Concepto Único Sectorial, a la luz de la Ley 2056 de 2020 para su respectiva priorización, aprobación y posterior contratación y ejecución”, explicó la Contraloría.

Según una investigación de Blu Radio, “solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos (más de 121 millones de dólares)”.

En este esquema de corrupción se llegó a denunciar ante diversos organismos que los involucrados “están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que les den el ok”, según se extrae de un correo enviado al ex consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, que entonces presidía el Ocad Paz.

Sobre la denuncia de cartelización de la Contraloría en La Guajira y Cesar, se indicó que en 8 de los 9 proyectos auditados se encontró una misma forma de operar, es decir, a través de contratos de obra, cobrando un AIU  (administración, imprevistos y utilidades) del 30 %, cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90 % del valor total del presupuesto.

Asimismo, que los proyectos carecían de planeación postcontractual.

Se informó que estos resultados hacen parte de una actuación especial de la CGR en la que identificaron 12 hallazgos fiscales por un valor total de $67.230 millones, de los cuales 9 corresponden al sector minas y energía (precisamente los relacionados con la implementación de sistemas fotovoltaicos). Los otros 3 hallazgos pertenecen al sector transporte.

“Lo que más llamó la atención de la Contraloría fue que los 8 proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas, configurándose una posible malla contractual, con el mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios camuflada en distintas uniones temporales”, indicó la Contraloría

Según la auditoría del ente de control, el diseñador de los proyectos de energía solar para los municipios de Fonseca, Dibulla y Urumita en La Guajira y Pueblo Bello, Codazzi y Becerril es Henry Pérez Castro, mientras que las empresas que hacen parte de los consorcios son Baz Marine S.A. de C.V, Escocompañía de Servicios Energéticos SAS y Diselectrico SAS.

Denuncias hechas en su momento

Emilio Archila, ex consejero presidencial de Estabilización y Consolidación, reiteró estas irregularidades en varios eventos públicos y hasta envió oficios a los entes de control en los que le pedía la apertura de las respectivas investigaciones. EL HERALDO conoció que Archila el 19 de marzo de 2021, cuando fungía como presidente del Ocad Paz, por ejemplo, envió una carta a Amparo García Montaña, quien para la fecha se desempeñaba como subdirectora general territorial del Departamento Nacional de Planeación en la que ponía en conocimiento una denuncia ciudadana “por presuntos hechos de corrupción” contra Álvaro Ávila Silva, secretario técnico del Ocad Paz. “Los hechos mencionados fueron puestos en conocimiento del director del DNP, los órganos de control y entidades competentes”. Meses más tarde, específicamente el 17 de septiembre de 2021, Archila envió una misiva a la procuradora Margarita Cabello en la que le explica que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación un posible detrimento patrimonial en la construcción de pavimento en concreto hidráulico de la vía terciaria que comunica San José del Guaviare con el corregimiento el Boquerón Fase II Departamento de Guaviare. Además le pide a la procuradora que para que dentro de su conducto “se adelanten las investigaciones a que haya lugar”.

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