Los espero mañana en la plaza: alcalde Gustavo Petro
Tras la destitución e inhabilidad de 15 años que le dictó la Procuraduría por el manejo de las basuras, el alcalde de Bogotá convocó a los ciudadanos, incluso de todo el país, a que “defiendan su voto” con manifestaciones en el ágora.
A través de un polémico fallo, que generó una multitudinaria manifestación y la militarización del Ministerio Público, el procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de la capital, el cordobés izquierdista Gustavo Petro, por el manejo de las basuras en la ciudad.
De acuerdo a la sentencia, hubo una “crisis” en Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 por la “incapacidad del Distrito en la prestación del servicio público de aseo”, denunciada en “un centenar de quejas” de “ciudadanos, (…) concejales, congresistas y el defensor del Pueblo”.
Tras la imputación el pasado 21 de junio de tres “faltas disciplinarias gravísimas”, la Procuraduría “encontró probado” lo correspondiente a cinco asuntos:
Uno, que el burgomaestre “ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia”; ocasionando una “grave emergencia”, la “improvisación en la compra y alquiler de compactadores con detrimentos al patrimonio público” y “que el Distrito volvió a contratar a los operadores privados”.
Dos, que los artículos 6, 8 y 9 del Decreto 564 de 2012, sobre el nuevo modelo de aseo, “vulneraron los principios constitucionales de libre empresa, pues impusieron una serie de restricciones (…) para que otras empresas no prestaran el servicio”.
Tres, que Petro había sido advertido de que sus decisiones “eran irregulares” por parte de la Superintendencia de Servicios, Comisión de Regulación de Agua Potable, Contraloría, Ministerio de Ambiente y la misma Procuraduría.
Cuatro, que “no era indispensable” que para cumplir con el mandato de la Corte Constitucional de incluir a la población recicladora, “se asignara la prestación del servicio de aseo únicamente al Distrito”.
Y cinco, que Petro cometió “una falta (…) cuando autorizó la prestación del servicio de aseo con volquetas, (…) una de las causas por las que se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras”.
Por su parte, el mandatario, que se enteró de la decisión al mediodía en el foro Transparencia y Lucha contra la Corrupción, advirtió que “aquí se está mandando un mensaje a los alcaldes del país: que recuperar el poder público es un crimen, un delito o una irregularidad”, y añadió que una sanción de 15 años “significa una cadena perpetua”.
Luego, en la tarde, mientras era evacuada y militarizada la sede de la Procuraduría, poco a poco fueron llegando manifestantes a favor del alcalde a la Plaza de Bolívar, hasta ser unos 10.000.
Allí, Petro, tras mencionar los asesinatos sistemáticos de líderes de izquierda desde hace más de 20 años en el país, se preguntó si "¿existe diferencia entre quienes dieron la orden de asesinar a miles y quienes dan la orden de quitarnos los derechos políticos?".
Agregó que "los violentos son ellos; nosotros somos la generación de la paz" y convocó "a los ciudadanos a manifestarse -contra el fallo- en las plazas de Bolívar (...), porque muchos fascismos en el mundo se han detenido con la consigna de '¡no pasarán!' (...). Yo voy hasta donde ustedes me digan".
En otro momento señaló: "dijeron: destituyamos a Petro y pongamos a Pacho Santos en la Alcaldía, ay Uribe si se pudiera burlar al pueblo" y dijo que "Santos debe decidir si avala la decisión del procurador: ahora sabremos si está con la paz o con la reelección".
Pidió a las Farc "que no retrocedan ante la paz" y justificó su voto por Ordóñez cuando senador "porque creí en la diferencia".
El mandatario, sobre su destitución, ha denunciado que "los operadores privados de aseo fueron los que generaron riesgos para la salud y el ambiente cinco días antes de que terminara el contrato, al reducir la recolección de basuras" y añade que fue una "actitud criminal retener la flota de compactadores que era propiedad del Distrito".
De hecho, ayer, Petro, quien también ha criticado que "los operadores han cobrado de más (...), sin que ningún ente de control le hiciera una sola visita", reiteró en Twitter: "me condenan porque le quité a los operadores privados del aseo 500.000 millones de pesos que en diez años ellos le quitaron a los usuarios".
El burgomaestre ha advertido en este sentido que detrás del negocio de las basuras se encuentra el empresario William Vélez, a quien la Fiscalía, en abril, le abrió una investigación por supuestos vínculos con paramilitares a través de empresas de aseo en el Caribe.
Los fallos más polémicos
Dos veces destituyó la Procuraduría a la exsenadora Piedad Córdoba. El primer fallo se dio en septiembre de 2010 y fue por los supuestos vínculos entre la excongresista y las Farc. La sanción fue de 18 años. La segunda destitución a Córdoba fue de 14 años, por haber financiado la campaña de un antiguo asesor suyo que se lanzó sin éxito a la Cámara de Representantes. Este fallo se dio en abril de 2012. También, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar fue destituido e inhabilitado por 12 años en febrero de 2012, por su supuesta participación en política cuando este era la primera autoridad de esa ciudad. Recientemente, en abril de este año, el Ministerio Público destituyó por 12 años al exsecretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla. Según Ordóñez, Asprilla actuaba como apoderado en un litigio contra la ciudad y al mismo tiempo era funcionario de la Administración. La última actuación del procurador fue la sanción contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Un fallo anunciado
En diciembre de 2012, pocos días después de la ‘crisis’ de los días 18, 19 y 20, se inició una actuación preventiva por la procuradora delegada Tatiana Londoño. El defensor del Pueblo expresó dudas sobre el proceso de las basuras. A finales de mes, la Procuraduría abrió indagación preliminar.
En mayo de 2013 fue escuchado Petro en versión libre ante el procurador Juan Novoa.
En junio se formuló pliego de cargos contra el alcalde.
En julio, la defensa del alcalde presentó los documentos de soporte y solicitó los testimonios del caso.
En agosto se practicaron las pruebas documentales y administrativas solicitadas por el mandatario.
En noviembre, la defensa del burgomaestre presentó los alegatos finales.
En menos de una hora se llenó la Plaza de Bolívar.
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Reacciones
Alfonso Gómez, ministro de Justicia
El ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez fue el primer funcionario de alto rango que se pronunció por la destitución del alcalde. Pidió revisar la norma constitucional que le permite al procurador destituir funcionarios elegidos por voto popular.
José A. Segebre, gobernador del Atlántico
Veo con preocupación que ciudadanos y gobernantes con las calidades de Gustavo Petro sean sancionados y por tanto tiempo, afirmó el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre. El mandatario se solidarizó con el alcalde de Bogotá.
Miguel Gómez, representante a la Cámara
El congresista Miguel Gómez, quien impulsa la revocatoria de Petro, manifestó que la decisión del procurador no es una sorpresa. Añadió que con los dos últimos alcaldes destituidos “a la ciudad parece que le hubieran caído las siete plagas de Egipto”.
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
“Sobre la decisión de la Procuraduría, relacionada con el alcalde de Bogotá, mi mejor contribución a la democracia es no politizar el tema”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe Vélez en una prudente declaración.
Clara López Obregón, candidata a la presidencia
La candidata a la presidencia por el Polo, Clara López Obregón, dijo que no estaba de acuerdo con la sanción y que la destitución del alcalde pone a pensar sobre el poder y las facultades de la Procuraduría. “Es demasiado poder para una sola persona”.
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá
El que fue su rival en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá dijo que no compartía que un “procurador tan ideologizado” termine con el mandato del alcalde y que preferiría una votación en la que la gente diga con su voto si quiere a Petro en el cargo.
Análisis: Sutiles diferencias, grandes consecuencias
Muchos confunden la destitución del alcalde Petro con una evaluación de su gestión y dicen que lo tiene bien merecido por no ser un buen alcalde y porque Bogotá no progresa. Pero una cosa es evaluar y castigar a un funcionario y otra destituirlo por una decisión administrativa. La destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde es un ejemplo más de los riesgos que corre una sociedad cuando no se aplican los límites a los poderes de manera adecuada. Durante varios años hemos venido observando como la procuraduría, dirigida por Ordóñez, ha tomado posiciones extremas en temas que no le corresponde o ha ignorado preceptos constitucionales. Gradualmente este poder fue posicionándose y generando situaciones que no son propias de un sistema democrático. En un sistema democrático existen mecanismos institucionales, basados en la manifestación popular, para sancionar a un funcionario que no ha cumplido las expectativas de sus electores. Aceptar que el procurador continúe aplicando este tipo de sanción administrativa contra una autoridad política elegida popularmente es dañino para la democracia y para el naciente proceso de paz.
Alexandra García, politóloga de la Universidad del Norte
Análisis: Recorte de poderes al procurador
¿Es constitucional que el procurador destituya a un funcionario elegido por voto popular? Una primera interpretación diría que el artículo 278 constitucional habilita al procurador para desvincular de su cargo al funcionario púbico que infrinja de manera manifiesta la Constitución y la ley. Sin embargo, la Constitución es más que sus artículos; hace parte de ella la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 23, dice que los derechos políticos solo pueden ser restringidos por medio de una “condena, por juez competente, en el proceso penal”. Como el Procurador no emite condenas penales, no puede destituir a un servidor elegido por voto popular. Esta segunda interpretación es más sensata. Lo anterior significa que en el seno de la Constitución hay una contradicción insalvable. Por ello, estoy de acuerdo con el ministro de Justicia quien ya anunció buscar reformar la Constitución para recortar esos poderes inmensos que tiene actualmente el Procurador.
Fernando Borda, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe.
