Las propuestas de la Ley de Seguridad Ciudadana

Entre tanto, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se refirió a la necesidad de “atender a los problemas sociales que generan mayor incidencia en la seguridad de los ciudadanos”.

Hace un par de semanas, Ruiz había hablado del imperativo “de combatir la reincidencia” a través del endurecimiento de “las conductas o los delitos para evitar que exista la famosa libertad condicional o casa por cárcel”.

Y agregó que se propondría elevar la pena de 18 a 36 meses de prisión para el delito de hurto en una cuantía que no supere los cuatro salarios mínimos, así como se buscaría aumentar de 24 a 48 meses de cárcel cuando el robo sea superior a esa suma.

A su turno, el ministro del Interior, Daniel Palacios, advirtió que se establecera “como agravante el atacar a un miembro de la fuerza pública, lo que contempla más allá de las agresiones físicas también cuando se asesina un miembro de la institución, para que la pena sea agravada”.

Justicia

El ex secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, le dijo a EL HERALDO que está de acuerdo con endurecer las penas y reducir los procedimientos para que los delincuentes terminen en la cárcel, “pero esto es insuficiente si no se fortalece la investigación criminal para que las pruebas entregadas a los jueces por fiscales y policías sean contundentes para judicializar, especialmente en flagrancia que es donde se han presentado más casos donde las pruebas presentadas no son aceptadas porque están mal recolectadas o son insuficientes”.

Añade que se debe fortalecer la cadena de justicia, que va desde la denuncia, investigación, detención, juicio, sentencia, prisión y resocialización.

Entre tanto, Andrés Macías, Ph. D. en estudios de paz y conflicto e investigador del Externado, señaló a este diario que hay una “clara desarticulación entre la política de seguridad y la administración de justicia, porque muchos delincuentes capturados quedan en libertad porque no fueron capturados en flagrancia, no tienen denuncias en su contra o son delitos menores, y esa lógica lleva a que esos delincuentes consideren que el riesgo potencial de ser capturados es muy bajo y que es aun menor el que sean judicializados”.

John Marulanda, presidente de Acore, coincide en este medio en que “es urgente que haya un cambio en el aparato de justicia, de manera tal que se disuada a los delincuentes con reales sanciones severas sin perder las garantías legales”. 

Cárceles

El otro asunto que se ventila alrededor de la seguridad es el de la necesidad de construir más cárceles o centros de detención para reducir el hacinamiento de estaciones de policía, URI y penitenciarías.

“Hoy todos quieren detener a los delincuentes y condenarlos, pero la verdad es que no hay establecimientos carcelarios suficientes. Hay que solucionar el grave problema de hacinamiento que tienen las URI, estaciones de policía y cárceles municipales, que hoy supera el 200% y en algunos casos el 500%. Cerca de 25 mil personas privadas de la libertad en estas instalaciones están en grave violación de los DD.  HH.”, alerta Acero.

Ante esto, propone que además del esfuerzo nacional, los alcaldes y gobernadores puedan invertir en el diseño y construcción de nuevos establecimientos carcelarios, “aunque todavía faltan desarrollos normativos para hacer efectiva la responsabilidad que tienen los municipios y departamentos en este tema”.

Por su parte, Macías llama la atención también hacia “el hecho de que hay tantos estudios que demuestran que la cárcel no resocializa y, por las dinámicas dentro de ellas, los detenidos entran en ese círculo donde terminan siendo reclutados por esos grupos delincuenciales”.

Tecnología

Para Marulanda, así mismo, el empleo de la tecnología es fundamental para ir un paso adelante de los criminales en las ciudades.

“Es necesaria una modernización tecnológica de la Policía, usar drones con inteligencia artificial y cámaras inteligentes que les permitan con plataformas prevenir los actos delictivos y poder estar en los puntos ‘calientes’ antes de que sucedan los hechos”, dice.

También, expone, “es necesario emplear los mapas interactivos de seguridad que ya operan en muchas ciudades como Buenos Aires, México y Santiago de Chile”.

A su turno, Acero cree que las alcaldías deben apostarle a recuperar los entornos urbanos deteriorados que facilitan el delito, por ejemplo con una mejor iluminación.

A finales de septiembre, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, adelantó el sentido de parte de la propuesta que plantea para el proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Lo primero que resaltó fue la importancia de trabajar articuladamente para enfrentar la delincuencia y encontrar soluciones a los problemas de seguridad.

"Para la Fiscalía General de la Nación es muy importante este tipo de reuniones, en la medida que las instituciones deben cooperar y articularse. El día de hoy discutimos y conversamos sobre dos temas fundamentales: el tema de seguridad y el tema de la justicia, que es lo que nos compete”, señaló e en su momento.

De esta manera, señaló que hay sobre la mesa posibles salidas rápidas y efectivas a las denuncias y requerimientos de la ciudadanía, la cuales serán concentradas en la iniciativa que irá al Congreso de la República.

“La Fiscalía General de la Nación enviará al ministro del Interior, Daniel Palacios, las propuestas que surgieron, entre ellas el mejoramiento del mecanismo de terminación anticipada de procesos, que son los preacuerdos, para poderlos agilizar, sobre todo en algunas circunstancias que nos permitirían ser mucho más eficaces ante la administración de justicia”, explicó el jefe del ente de investigación penal.

En este sentido, Barbosa resaltó que la entidad ha obtenido medidas de aseguramiento en 80% de los casos que ha conocido.

Sin embargo, reconoció el funcionario que “es necesario trabajar en todo lo relativo a la flagrancia, hacia los informes que se presentan a los jueces y a los fiscales con el propósito de tener elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permita llegar a resultados tangibles en el marco de las decisiones”.

Y, por último, llamó la atención el fiscal general de la Nación acerca de que la labor conjunta con las diferentes autoridades "es un buen mensaje para la ciudadanía y para la legitimidad de las instituciones".

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó esta semana en la Casa de Nariño ante el presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, sus propuestas para el proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El primer planteamiento de la mandataria capitalina se refiere a la disposición para que se imponga medida de aseguramiento cuando se trate de delitos que utilicen cualquier tipo de arma. Esto, dijo, "por el peligro que representa para la comunidad el uso no solo de armas de fuego, sino también de armas neumáticas de aire, armas traumáticas, de fogueo, armas blancas y en general cualquier objeto que simule o se asemeje a este tipo de elementos".

Adicional a esto, el Distrito Capital propone la creación de un régimen especial de contravenciones penales con el que se busca que delitos como los hurtos en donde no se ejerza violencia contra las personas, tal como en los casos de 'cosquilleo' o 'raponazo', así como en las lesiones personales leves, estafas de cuantías pequeñas, entre otros, "tengan un procedimiento más expedito, unas medidas especiales donde prime la resocialización y se cumplan en centros especializados".

López indicó en este sentido que si la persona es recurrente, es decir si presenta una anotación o una captura previa por otro delito pero que aún no ha sido condenada, "se tenga en cuenta esa situación para que también los fiscales pidan su detención en centro carcelario".