La Ley del Montes | ¡Qué nos pasa...!
¿Qué hacen futuros policías exaltando al nazismo?, ¿Qué lleva a un juez a ordenar casa por cárcel al responsable de la muerte de seis menores?, ¿Se puede creer en una congresista señalada de plagio?
Cada escándalo que se desata en Colombia es peor que el anterior. Lo que ayer nos sorprendía hoy hace parte del paisaje. Estamos en el reino de la desmesura. En la Colombia de hoy la ficción superó la realidad. Todo es asombroso, pero nada nos asombra. A nuestros códigos penales no les cabe un delito más, pero los delincuentes siguen aumentando. Se reproducen como conejos. Construimos cárceles y megacárceles para que en cuestión de meses estén hacinadas.
En esta Colombia de hoy hay jueces perversos y corruptos que condenan inocentes y absuelven culpables. Hay oficiales de la Policía que se ponen a órdenes de los capos del narcotráfico, mientras son implacables con quien se roba una lata de sardinas para no morirse de hambre. En esta Colombia hay influencers que aspiran al Congreso que cuentan con sofisticados esquemas de seguridad de la Dirección Nacional de Protección (DNP) –que incluyen camionetas blindadas y motos que les abren paso para que vayan al norte de Bogotá a almorzar– mientras en las regiones hay periodistas y defensores de Derechos Humanos amenazados de muerte, que tienen que huir de sus pueblos para que no los maten los bandidos que ellos denuncian.
Pero nada de eso parece importarles a quienes aspiran a llegar el próximo año a la Presidencia o al Congreso de la República. Por estos días su mayor preocupación es la mecánica electoral, que les permitirá fijar las reglas de juego para salir triunfantes en las elecciones presidenciales o parlamentarias. Ellos solo hablan de listas abiertas o cerradas, de encuestas y de foros, así como de alianzas y coaliciones. Nada más.
Es un hecho que el país político acapara toda la atención tanto de medios de comunicación como de la opinión pública, en especial aquella que se expresa en la redes sociales, pero el país nacional, como lo llamaba Jorge Eliécer Gaitán, va en otra dirección. Es el país del día a día. Es un país lleno de historias complejas y absurdas, que reflejan –ellas sí– una realidad que debe ser atendida con prontitud por quienes aspiran a tomar las riendas del país el próximo año.
En el caso de las elecciones para escoger congresistas en marzo del próximo año, la verdad es que los aspirantes tendrán pocas semanas para dar a conocer sus propuestas y sus iniciativas. Está por terminar el año y apenas están definiendo si aspirarán en listas abiertas o cerradas, así como quiénes encabezarán estas últimas. Se trata de pura mecánica electoral, que poco a nada tiene que ver con los verdaderos asuntos que trasnochan a los colombianos.
El país nacional está ocupado y –sobre todo– preocupado por otros asuntos, que tienen que ver con su supervivencia y la de su familia. A millones de colombianos les preocupa –mucho– la pérdida de sus empleos, la educación de sus hijos, la atención pronta y eficaz por parte del sistema de salud. Les preocupa –mucho– salir de sus casas y ser víctimas de un atraco que les pueda costar la vida.
La indolencia del país político ante los padecimientos diarios del país nacional ha dado como resultado una pérdida de credibilidad no solo en la clase política, sino en aquellas instituciones que sostienen nuestro precario sistema democrático. El desprestigio de las instituciones terminó igualado con el de la clase política, señalada de ser la causante de los grandes males nacionales, entre ellos la pérdida de credibilidad de las instituciones. Si en un sistema democrático la mayoría de los ciudadanos no cree en las instituciones, entonces ¿en quién o en qué deben creer?
Veamos algunos casos que sirven para ilustrar la pérdida de confianza por parte de los colombianos en sus instituciones:
¿Qué llevó a unos estudiantes de la Escuela de formación de la Policía de Tulúa a exaltar el nazismo, mediante la personificación por parte de algunos uniformados de la figura de Adolfo Hitler? ¡En qué cabeza cabe por Dios! ¿Qué llevó a unos jóvenes que se están formando para ser policías a valerse de símbolos propios del Tercer Reich, como la esvástica, para tratar de destacar la labor de la Fuerza Pública en otras naciones? Con toda razón aquellos países que padecieron el horror de la persecución despiadada de Hitler y de su régimen de terror, como la propia Alemania, Israel y Estados Unidos, mostraron su indignación y expresaron su profundo malestar ante el gobierno colombiano, que en cabeza del presidente Iván Duque debió rechazar y condenar lo sucedido.
Pero más allá de condenar los hechos y emprenderla contra los jóvenes estudiantes, quienes seguramente ignoran todo lo relacionado con el Holocausto promovido por Hitler, la pregunta es: ¿dónde están los superiores de los jóvenes y los altos mandos de la Institución? ¿No enseñan en las escuelas de formación tanto de la Policía Nacional como del Ejército algo tan elemental como la historia universal? Esta “formación” que reciben los futuros policías se traduce años más tarde en oficiales ignorantes tanto de la historia universal, como de las gravísimas consecuencias que tuvo para la Humanidad la persecución nazi contra el pueblo judío en Alemania y en otros países del mundo.
La decisión de un juez de Santa Marta de revocar la medida de aseguramiento intramural impuesta al empresario samario Enrique Vives Caballero, luego de causar la muerte a seis menores samarios en Gaira, causó indignación en la capital del Magdalena. En efecto, el juez tercero del circuito de Santa Marta consideró que Vives Caballero debía ser sacado de la cárcel de Ternera en Cartagena y enviado a su residencia para que siga afrontando el proceso penal en su contra. Para el juez, Vives Caballero cometió el delito de homicidio culposo agravado y no el de homicidio bajo la modalidad de dolo eventual, por el que había sido sancionado por el Juzgado Primero Municipal de Santa Marta, que el 18 de septiembre pasado lo envió a la cárcel de Ternera.
Con la nueva valoración jurídica realizada por el juez, Vives Caballero podrá permanecer detenido en su casa. Su defensa consideró ajustada a derecho la decisión del juez, al tiempo que calificó lo ocurrido –la muerte de los seis menores atropellados por el empresario samario, mientras conducía borracho– como un “accidente infortunado”. Un “accidente infortunado” que enlutó a seis familias de Santa Marta y que pudo evitarse si Vives Caballero no hubiera conducido su vehículo en estado de ebriedad.
Los familiares de las víctimas rechazaron la medida del juez al tiempo que expresaron su malestar, porque consideran que si el conductor del vehículo hubiera sido alguno de ellos y no un miembro de una familia pudiente de Santa Marta, la decisión habría sido muy distinta. ¿Una justicia que mide con distintos raseros a ricos y pobres merece credibilidad?
La publicación del portal Plagios S.O.S tiene en el ojo del huracán a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. El portal sostiene que Arias y su compañera de tesis Leydi Lucía Largo, plagiaron su tesis de grado en la Universidad Externado para aspirar al título de magister en Gobierno y Políticas Públicas. Aunque la presidenta de la Cámara alega que cumplió con los requisitos exigidos por la Universidad y sostiene –además– que la tesis radicada ante el centro universitario se encuentra extraviada; razón por la cual, su compañera Largo debió radicar otro texto recientemente, lo cierto es que tiene muy mala presentación que la presidenta de la Cámara de Representantes se vea envuelta en un escándalo por –supuestamente– haber plagiado su tesis de grado.
Pese a los múltiples requerimientos por parte de los medios de comunicación y de veedurías ciudadanas, que exigen una explicación de lo sucedido, la representante Arias ha optado por guardar silencio sobre ese delicado asunto. Su caso es tan solo uno de los muchos que todos los días acompañan a los congresistas del país. Si hay una institución relacionada directamente con corrupción es el Congreso de la República. De ahí su desprestigio y su pérdida de credibilidad.
Los habitantes de las riberas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge llevan meses con el agua al cuello sin que se adopten medidas que pongan fin a su suplicio. Son miles de familias que duermen con el credo en la boca ante la arremetida violenta de las aguas.
En La Mojana sucreña se han perdido miles de hectáreas sembradas con todo tipo de alimentos y han muerto centenares de cabezas de ganado, las vías entre el Atlántico y el Magdalena son trochas intransitables, el sur de Bolívar está inundado por todos sus costados, todo ello sin que nadie se conduela de la suerte de sus habitantes. El Gobierno nacional tiene otros asuntos más importantes que atender, los políticos están reunidos en cónclaves para saber cómo van a integrar sus listas al Congreso, alcaldes y gobernadores están mirando cómo raspan la olla para obtener recursos que les permitan cumplir sus promesas.
Este país nacional con sus tragedias, poco o nada interesa –por ahora– al país político. En marzo, cuando lleguen las elecciones, ahí si será objeto de todo tipo de atenciones. ¿Merece o no su desprestigio una clase política que solo se ocupa de la suerte de quienes los eligen en época electoral? Y esa responsabilidad es igual para quienes respaldan a gobierno como quienes lo atacan, quienes tampoco ofrecen salidas serias a la crisis. Torpedear, torpedear y torpedear todas las iniciativas –aún aquellas que podrían favorecer a amplios sectores de la población– no es ninguna solución.
