El camino de espinas que le espera a la reforma a la salud a su llegada al Senado en 2024

La polémica reforma a la salud del Gobierno llegará el próximo año a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado con 10 artículos eliminados y sin los votos necesarios para avanzar a su último debate en el pleno de la Cámara Alta, pero llega también con 133 de sus 143 artículos en total entre intactos y renovados y con dos debates, la mitad de todo el trámite, superados.

La modificación fundamental es que las EPS se convierten en Gestoras de Salud y Vida, con labores administrativas y de supervisión, pasando a la estatal Adres la responsabilidad de los pagos a los prestadores de salud. Esto las dejaría con unos pagos de alrededor de $8 billones entre fijos y por resultados pero sin el grueso de los $80 billones que recibían anuales por UPC –los pagos del Gobierno por cada ciudadano afiliado al sistema de salud-, que serán girados ahora por el Estado a los hospitales, centros médicos y proveedores de medicamentos.

Las críticas de los detractores de la reforma advierten que el modelo sería insostenible para las antiguas EPS, por los dineros que dejan de recibir, y que la Adres no tiene la capacidad para las nuevas funciones que asumiría. Además, señala la oposición que varias gestiones quedarían en manos de actores regionales y otros entes, lo que les complicaría la vida a los usuarios y que no habrá auditoría de la mayoría de los recursos. Lo que dice el Gobierno, entre tanto, es que los pagos llegarán más rápido a los hospitales, para evitar sus quiebras y mejorar el servicio, y que las EPS dejarán de priorizar a sus propias empresas de salud para los giros, agregando que estos sí tendrán auditorías y no como ocurre en la actualidad.

Las otras labores de atención en salud que ahora asumen las EPS serán llevadas a cabo por los CAPS, a donde asistirán los pacientes para ser revisados por los médicos generales que, de ser necesario, los remitirán a los centros médicos u hospitales con especialistas y otros servicios más complejos.

Al respecto, Acemi, el gremio de las EPS, plantea que un pagador único del sistema 'no da garantía de transparencia' y 'en ese sentido, se abandona un modelo exitoso de colaboración público-privada para volver a un sistema de salud manejado exclusivamente por el Estado'.

Por ahora, el Ministerio de Hacienda estima que la reforma a la salud tendrá un costo de $929 mil millones en 2024, lo que hará que los gastos del sector salud el próximo año suban de $91,3 billones a $92,2 billones.

El jefe de la cartera de protección social, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó en Blu Radio paso a paso cómo operaría el nuevo sistema en lo que concierne al ciudadano: 'El paciente va a seguir con su EPS. Puede también tener un prepago de la prepagada. Lo único es que vamos a dar la oportunidad a la gente a que tenga un sitio donde pueda llegar en primera instancia. Puede ser de su propia EPS, puede ser de otra EPS, puede ser de una institución pública o mixta. Ahí se le consulta si necesita algo diferente que no se puede resolver en el centro de atención primaria (CAPS), porque es algo complejo, e inmediatamente se reporta a su EPS para que se pueda ser coordinado hacia dónde tiene que ir el paciente. Y si es una urgencia puede ir a cualquier parte porque no se puede limitar de ninguna manera la urgencia'.

Y sobre los CAPS dijo que se necesitan 'cerca de 2.500, pero la gran mayoría ya están construidos y otros hay que rehabilitarlos, otros tienen que ser nuevos'. Y para el reclamo de medicamentos, aseguró, 'sigue igual: si lo mandan a Cruz Verde, voy a Cruz Verde. La diferencia es que en vez de pagarle a la EPS para que la EPS le pague a Cruz Verde, a la que hoy le deben más de $38 mil millones en cartera vencida, nosotros le pagamos directamente a Cruz Verde'.

La directora de Posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz, comentó en EL HERALDO que hay que reconocerle al Gobierno la celeridad que logró imprimirle en la Cámara al proyecto, pero 'queda la preocupación por los acuerdos particulares que haya podido implicar la reforma para poder sacarla adelante en términos de apoyos por parte de los congresistas'.

Lo cierto, advierte, es que en el escenario que hoy tenemos es posible que en el Senado el proceso de aprobación 'no se dé con la misma celeridad y no consiga el mismo apoyo: es sabido que el ambiente en el Senado, desde la cabeza misma, no es precisamente el de apoyo que se tuvo en Cámara, donde la cabeza era cercana al Gobierno, y donde muchos representantes bien por temas de carácter regional, partidistas, políticos, e incluso por intereses particulares pudieron ser más proclives a apoyar la reforma'.

Lo que parecería que sigue por delante, añade la catedrática e investigadora, es 'una discusión intensa al interior del Senado, que se espera esté más cargada de objeciones, cuestionamientos al articulado, y no va a ser el ambiente más fluido de trámite para que pasen los artículos'.

A su vez, Carlos Arias, analista político y catedrático de la Universidad Externado, le dijo a EL HERALDO que el panorama 'es mucho más difícil en el Senado por varias razones, y fundamentalmente porque los tiempos de discusión son menores, además porque la oposición en Senado es mucho más dura, porque el voto de opinión es más fuerte en Senado que en Cámara y eso en consideración a que la reforma a la salud en todos los estudios de percepción se ha percibido como negativa y nociva para los ciudadanos, lo mismo que la imagen de Petro'.

Además, advierte, en Senado están varios actores políticos que no solamente desde lo mediático sino desde lo político tienen poder dentro de las bancadas y han manifestado estar en contra, 'y creo que es más difícil repartir la ‘mermelada’ en Senado que en Cámara y por esa otra razón va a ser mucho más difícil el trámite'.

La propia senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, presidenta de la Comisión Séptima, admitió que en la célula legislativa de asuntos sociales no tienen las mayorías para sacar adelante la reforma.

'En nuestra Comisión, tengo que ser realista, no tenemos unas mayorías consensuadas y habrá que hacer todas las motivaciones y gestiones, y sobre todo argumentar muy bien y debatir a profundidad y con toda la sensatez el articulado', dijo.

Esto porque en la Comisión Séptima del Senado tiene 14 miembros, de los cuales 5 los tiene asegurados el Ejecutivo, mientras que los opositores a la reforma tienen 6. No obstante, ninguno de los dos sectores tiene los votos para aprobar o hundir la reforma, ya que se necesitarían ocho para alguna de las dos. Es decir, la pelea entre la coalición y la oposición es ganar los votos de los indecisos: algunos integrantes de los verdes y las dos senadoras cristianas.

Y en caso de que el articulado supere el primer escollo en el tercer debate, en el cuarto debate en la plenaria del Senado las cosas siguen complicadas para el Gobierno: el único respaldo sólido que tiene es el del Pacto Histórico, con 20 integrantes. Entre tanto, están los liberales (14) con votos divididos y a la expectativa de la convención, La U (10) que respaldó a Petro en la Cámara pero ello no quiere decir que hagan bis en el Senado y los verdes (8) que tienen presidente de la cámara alta, Iván Name, y que discuten si irse a la independencia o quedarse en el gobiernismo.

En contra estarán los conservadores (15), el Centro Democrático (13) y Cambio Radical (11).

Así las cosas, lo que se espera que el proyecto esté llegando a la Secretaría de la Comisión a finales de enero para que pueda arrancar su discusión en firme a partir del 16 de febrero, cuando se retoman las sesiones ordinarias.

Como si fuera poco el lío que tiene la reforma en el Capitolio, se prevén no pocas demandas ante la Corte Constitucional por vicios de forma y fondo.

La primera razón sería la de que se ha debido tramitar, según varios parlamentarios, como ley estatutaria, a través de las comisiones primeras y mayorías calificadas, y no como ley ordinaria por las comisiones séptimas y mayorías simples, debido a que, afirman, se aborda el derecho fundamental a la salud.

Otros detractores aseguran que se debía hacer una consulta previa antes de radicar el proyecto, como sucedió con la reforma al Código Minero que promovió el gobierno de Juan Manuel Santos y que se cayó por falta de este requisito que, dicen, no se equipara a las audiencias públicas que sí surtió el articulado.

Y también argumentan los eventuales demandantes que algunas disposiciones claves no se podían votar en bloque por su importancia o porque no conservaban unidad de materia con otros artículos del mismo bloque, así mismo porque no se habrían leído en su totalidad las centenares de proposiciones sin aval presentadas en los dos debates, también porque en el primer debate se discutió durante un tiempo un texto distinto a la ponencia y porque, finalmente, afirman que los textos leídos algunos no corresponden con los aprobados, entre otros.

Tras la aprobación de la reforma en segundo debate en la plenaria de la Cámara, el Ministerio de Salud reiteró los ejes fundamentales del proyecto.

'Garantizar una atención en salud cercana a la población, sin barreras de acceso y sin discriminación. Se cuidará a las personas del territorio nacional con equipos de salud durante todas las etapas vitales, buscando prevenir la enfermedad, predecir desenlaces futuros y responder de manera integral y efectiva a las necesidades de salud en el lugar que sea necesario', se lee como primera medida.

Así mismo, organizar Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud para que todas las personas sean atendidas en el lugar más cercano a su domicilio, de forma continua e integral y sin fragmentaciones.

'Fortalecer la atención en salud para las poblaciones marginadas, rurales y dispersas; seguir financiando el sistema de salud con recursos públicos; pagar oportunamente y con tarifas justas a Clínicas y Hospitales una vez presten los servicios de salud; y brindar condiciones laborales dignas y justas para los trabajadores de la salud', añade.

También busca garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones de políticas públicas y cuidado de los recursos; fortalecer la autonomía de los profesionales de la salud; planear la salud basada en la articulación de los diferentes sistemas y fuentes de información; y garantizar que el manejo del dinero será transparente y con múltiples mecanismos de control y seguimiento para su uso eficiente.

Y explica la cartera de protección social que se persigue con el texto 'fortalecer la red pública hospitalaria; identificar todos los medicamentos prescritos dentro del sistema: qué se prescribe, dónde, a quién y cuánto vale, lo que permitiría asegurar la disponibilidad de los medicamentos; crear Instituciones de Salud Itinerantes para la atención de la población que habita en zonas dispersas y de difícil acceso; avanzar en la soberanía farmacéutica con la producción de vacunas; y desarrollar el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, el cual nos permitirá estar más sanos y mejor cuidados'.

Los representantes del Caribe que votaron sí a la reforma fueron: los liberales Andrés Calle, Elizabeth Jay-Pang, Karime Cotes, Dolcey Torres, Silvio Carrasquilla, Kelyn González y Jezmi Barraza; Milene Jaraba, Jorge Eliécer Salazar y Ana Paola García, de La U; Juan Carlos Vargas, Leonor Palencia y Luis Ramiro Ricardo, de las Curules de Paz; Agmeth Escaf, Karmen Ramírez y Dorina Hernández, del Pacto; y Ana Rogelia Monsalve y Jorge Cerchiaro.