Alfonso Cajiao Cabrera, Defensor del Pueblo, junto a María Cristina Hurtado Sáenz, delegada para los Derechos de la Niñez viajarán a La Habana este miércoles a integrar la mesa técnica para la desvinculación de los menores de edad que hacen parte de las filas de las Farc.
La mesa, compuesta por 15 organizaciones nacionales e internacionales, debe entregar en un plazo de 15 días una propuesta de protocolo para la salida y asistencia a esa población infantil según lo señala el acuerdo alcanzado por Gobierno y Farc.
Hace ocho meses la Defensoría estableció un decálogo de condiciones mínimas para asegurar los derechos fundamentales de los menores de edad partícipes de la guerra y será su bandera en La Habana. Las condiciones incluyen el reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidad, satisfacción de derechos, participación de las víctimas, esclarecimiento de la verdad, reparación a las víctimas, garantías de protección y seguridad, garantías de no repetición, principio de reconciliación y enfoque de derechos.
Previamente se han definido parámetros como presupuesto para la desvinculación de la población infantil en las filas del grupo guerrillero, estas consisten en la elaboración de una base de datos de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de las Farc, considerando características como la edad y el estado de salud.
Para el proceso de entrega, se buscará priorizar aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren heridos o en situación de discapacidad. Así como fijar prelación en la entrega de las niñas y mujeres que se encuentren en estado de embarazo.
Otro parámetro en el acuerdo es la entrega urgente de todos los niños y niñas menores de 15 años y entrega final y definitiva de todos los y las adolescentes cuyas edades oscilen entre los 16 y los 18 años.
Tras los anuncios de las Farc el 12 de febrero de 2015 para poner fin a la incorporación de menores de 17 años y el 10 de febrero de este año entorno a su compromiso de no seguir vinculando menores de 18 años, la Defensoría del Pueblo documentó tres casos de reclutamiento ilícito el 24 de mayo de 2015, así como el 5 y el 23 de noviembre del año anterior en Cauca, La Guajira y Vaupés, respectivamente, los cuales aún no han sido aclarados a la opinión pública.
