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BOGOTÁ. Se hundió el pasado martes en penúltimo debate en la Comisión Sexta de la Cámara el proyecto de ley de rebaja a las tarifas de energía promovido por el senador Antonio Correa, de La U.

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“Otro golpe del Congreso al pueblo: faltando dos debates hunden mi proyecto de ley que iba a bajar las tarifas de energía. No se legisla a favor del pueblo, sino de los intereses económicos”, advirtió el legislador oficialista.

A través de sus redes sociales, Correa explicó que fue archivado el articulado sobre justicia tributaria: “La Comisión Sexta y algunos ponentes le dieron la espalda al país, favoreciendo intereses ajenos al ciudadano. Esta decisión golpea especialmente a la región Caribe. Gracias a maniobras de los representantes Ciro Rodríguez y Daniel Carvalho Mejía, se hunde el proyecto”.

Correa explicó que su iniciativa buscaba “modificar la fórmula tarifaria, eliminar cobros injustos, garantizar transparencia en la factura, proteger a los estratos 1 y 2, impulsar las energías limpias y reformar la CREG”.

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Finalmente, denunció el “cabildeo de monopolios” y reiteró que seguirá planteando “tarifas justas para todos los colombianos”.

Se trata del proyecto de ley 2020 de 2024, conocido como justicia tarifaria, sobre el cual, añadió el legislador de La U, “le dieron la espalda al clamor ciudadano, programando audiencias en ciudades que no sufren las alzas tarifarias como nuestra región”.

A finales de marzo pasado, el ex ministro de Minas, Amylkar Acosta, le dijo a EL HERALDO que el proyecto “acabaría con toda la institucionalidad del sector”, por la cual, afirma, en Colombia no ha habido racionamiento desde hace 30 años.

“Ese proyecto es una mala copia, en el sentido que lo empeora, del anunciado y nunca radicado proyecto por parte del Gobierno de reforma de la ley de servicios públicos. A través de esta propuesta se le da a la Presidencia de la República poderes omnímodos para que maneje el sector”, señaló.

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Advirtió además que la iniciativa “daría al traste con toda la institucionalidad del sector, gracias a la cual Colombia es el único país que no ha tenido racionamiento en la prestación del servicio de energía en los últimos 30 años.

En mi concepto este proyecto es regresivo y nos devolvería al intervencionismo de Estado, que fue el que nos condujo al racionamiento durante los años1992-1993. Una de las enseñanzas que nos dejó el apagón de 1992-1993 es que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere y a ello nos conduciría este proyecto de ser aprobado”.

Por su parte, Correa indicó a este diario en su momento que el proyecto “hace una regulación de lo que tiene que ver con el alumbrado público, y se dice que en los estratos uno y dos no debe ser cobrado el alumbrado público; segundo, expide de manera directa que en la facturación de la energía no se le coloque otra adenda como es el caso de alumbrado público; tercero, genera unas expectativas importantes de normalización eléctrica de la conducción de la misma en las llamadas redes urbanas y redes rurales para que no existan aumentos en las famosas pérdidas técnicas y no técnicas.

Esto es un punto muy importante porque sabemos que esas pérdidas incrementan el valor del recibo de energía casi que en un 30%. Y por supuesto, el proyecto erradica que se le trasladen las pérdidas técnicas y no técnicas al usuario en la región Caribe y el país. Estos puntos entrarían a aliviar el bolsillo de los colombianos más pobres y de los habitantes más pobres del Caribe que padecen con el servicio de energía, que muchas veces tienen o para comer o para pagar el servicio de luz”.