La campaña presidencial del próximo año no puede seguir en manos de quienes amparados en el anonimato y refugiados en 'bodeguitas' muy bien pagas, se encargan de difamar y calumniar a sus contradictores, o a quienes no hacen parte de la legión de seguidores de su candidato preferido. Esas hordas salvajes que mueven los hilos en las redes sociales no pueden seguir manejando y manipulando una contienda que ya encendió motores.
El ejemplo más reciente de esta guerra sin cuartel se acaba de presentar con el lanzamiento de la candidatura de Alejandro Gaviria a la Presidencia. En cuestión de minutos su llamado a 'buscar caminos de reconciliación y juntar a quienes piensan distinto' quedó por el piso. De inmediato ese 'ejército desalmado de seres anónimos' se encargó de divulgar toda su vida tanto pública como privada, mezclando hábilmente verdades con mentiras, todo con el firme propósito de aniquilarlo como persona e inhabilitarlo como aspirante presidencial.
La campaña electoral 2022 -que incluye también a los candidatos que aspiran al Congreso- no puede convertir la desinformación en su gran protagonista. El próximo presidente de Colombia no puede ser elegido a punta de 'fake news' y matoneo a los contradictores políticos.
En Colombia se ha vuelto costumbre difamar y calumniar impunemente. Todos los días decenas de candidatos son señalados de todo tipo de delitos sin que nadie aporte una sola prueba. En Twitter -la red social más influyente utilizada por los políticos- un solo trino es capaz de destrozar la honra y el buen nombre de quien por años se esforzó por gozar de una excelente reputación como ser humano y como funcionario público.
La presunción de inocencia -principio fundamental de todo sistema democrático- quedó proscrita por cuenta de quienes fungen de jueces y dictan sentencia desde las redes sociales. Todo vale en su afán por destrozar la vida y la honra de quienes cometieron el grave delito de no pensar como ellos.
Ante este escenario desolador es necesario que quienes aspiran a regir los destinos del país tomen cartas en el asunto. No pueden seguir indiferentes ante la avalancha de improperios y agravios. Esa indiferencia los vuelve cómplices por omisión o -inclusive- por acción, porque cada ataque despiadado se hace con el firme propósito de causarle daños irreparables a sus contradictores.
¿Qué hace un candidato presidencial -o al Congreso- retuiteando un mensaje difamatorio o calumnioso? ¿No tiene ninguna responsabilidad una persona que tiene 5 o 6 millones de seguidores en Twitter al divulgar masivamente una información falsa? ¿Quién sanciona a los candidatos que reproducen en sus redes sociales las calumnias que escriben sus seguidores? ¿No son cómplices de esos delitos?
La desinformación y los ataques aleves deben ser combatidos sin contemplación sino no queremos asistir a la peor campaña electoral de todos los tiempos. La más sucia, por lo menos. Los medios de comunicación llamados tradicionales deben retomar su liderazgo en lo que tiene que ver con el manejo de la información y el análisis del proceso electoral. Haber quedado a la zaga de las redes sociales ha resultado demasiado costoso. Hay que sacar la campaña electoral de la cloaca a la que la llevaron quienes aspiran a pescar en las aguas que ellos revuelven con astucia y mala fe. Colombia merece un debate electoral con altura, que parta del respeto no solo entre los contendores, sino -sobre todo- entre sus seguidores. ¿Qué hacer para combatir la guerra sucia que se avecina en el 2022?
