Este miércoles, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio el primero de cuatro debates sobre el proyecto de acto legislativo que propone una reforma política y electoral.
Se trata de una iniciativa que busca cambiar la Constitución para introducir una nueva institucionalidad electoral y unas nuevas reglas de juego a la hora de realizar los comicios democráticos, de forma tal que se 'creen condiciones más equitativas y transparentes en la participación política'.
No obstante, el proyecto no ha dejado de levantar revuelo y todo tipo de críticas en el mundo político.
Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que tenga que tramitarse vía fast track.
Si bien el Acuerdo de paz establece en su punto de participación política la necesidad de realizar una reforma al régimen electoral, la Procuraduría y la Contraloría no están de acuerdo, primero, porque dicen que nada tiene que ver la iniciativa con lo acordado con las Farc y, segundo, porque les resta algunas facultades jurisdiccionales y sancionatorias.
Otra crítica, por el contrario han sido los ‘micos’ que tendría el proyecto y que afectaría la institucionalidad del país.
Así las cosas, estos son algunos puntos claves de la reforma (que están en discusión y que, por tanto, son susceptibles de modificarse a medida que avancen los debates) y algunas de sus dudas.
Puntos claves
Financiación estatal de campañas políticas
El Estado se encargaría de pagar las campañas políticas de todos los candidatos.
Control a la financiación de las campañas:
Los particulares que contribuyan en la financiación de campañas lo deberán declarar públicamente para evitar sanciones de carácter penal. Así mismo, el día de las elecciones las campañas no podrán contratar transporte ni dar dádivas, donaciones o regalos.
Pérdida de investidura:
La pérdida de investidura es un mecanismo con el que se la hace control a los congresistas, pues en caso de cometer ciertos actos o delitos, pierden su carácter de parlamentarios. En este caso, la reforma elimina tres de esa causales de pérdida de investidura: la violación al régimen de inhabilidades, el tráfico de influencia o la indebida destinación de dineros públicos.
Es decir, quien cometa lo antes mencionado, podría simplemente cumplir una sanción y regresar a la vida pública, hecho que ha sido denunciado por varios sectores políticos.
Reconocimiento sin umbral
Los partidos políticos podrán tener su personería jurídica (el reconocimiento legal) sin haber alcanzado el umbral, siempre y cuando cumplan el siguiente requisito: tener un mínimo de afiliados equivalente al 0.2% del censo electoral, es decir, de la población apta para votar (esto vendría siendo unos 71.226 ciudadanos). Esta base se irá aumentando a partir de 2019 hasta que llegue al 0.5 del censo electoral, (178.065 personas) lo que les permitirá acceso a nuevas organizaciones políticas. De aprobarse la reforma, durante ocho años, los partidos que tienen personería jurídica mantendrán esta condición sin afiliación o votación.
Promoción de la participación política:
Se limita a tres periodos la reelección para cualquier corporación (Senado, Cámara de Representantes, Concejos, Asambleas, etc), y se reduce la edad para postularse a diferentes cargos (Senado de 30 a 28, Cámara de 25 a 23), así como también se reglamenta el principio de paridad gradual.
Financiación de partidos políticos
Al igual que las campañas, sobre la financiación de los partidos políticos el proyecto dice que será por partes equitativas con dineros provenientes del Estado.
Las dudas
Luego de que se llevara a cabo el primer debate, el mundo político y social reaccionó a varios de los planteamientos que se registraron en el documento del proyecto. Estas son algunas de esas dudas.
30% más
Angélica Lozano, representate a la Cámara por la Alianza Verde, asegura que en el proyecto está planteado que los partidos políticos en la elección del próximo año podrán incrementar sus gastos de campaña en un 30%, cuestión que no deja de preocupar.
Pérdida de investidura
Quizá el aspecto que más críticas ha recibido el proyecto y desde diferentes sectores, es el hecho de que se eliminen tres causales de pérdida de investidura.
Varios analistas han dejado en claro el retroceso que significaría aprobar la reforma con ese elemento, pues no habría forma de sancionar de manera efectiva a los parlamentarios.
Talanqueras para que el Estado financie el transporte
Lozano también asegura que espera que se quite del articulado un parágrafo que le resta dientes a la propuesta de que el Estado fuera el único financiador del transporte en los días de elecciones. 'El parágrafo le permitía a los partidos financiar el transporte hasta que se expidiera una regulación sobre transporte público que lleva años en mora de ser expedida'.
