Tres líderes sociales asesinados en abril pasado completan las lista de 21 que este año han caído sacrificados, al parecer, por las llamadas bandas criminales que se dedican a la minería ilegal y al entorpecimiento de la restitución de tierras. Cauca y Norte de Santander son los departamentos donde más se han presentado ataques contra los activistas, así lo dio a conocer Todd Howland, delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
El pronunciamiento de la ONU se da a pocos días después del atentado a Imelda Daza en Cartagena y al cumplirse veinte años del que sufriera Aida Avella en Bogotá, lo que demuestra que el peligro siempre ha estado para los líderes de izquierda. Howland afirmó que se están adelantando las averiguaciones pertinentes para confirmar si las últimas tres víctimas eran defensores de derechos y que murieron como represalia a su activismo.
En el Cauca sucedieron dos casos recientemente. Primero fue en el municipio El Tambo, donde Manuel Pinto, dirigente comunitario, murió luego de que los criminales lo interceptaran en una carretera aledaña a la población. El segundo tiene que ver la muerte José Solarte, labriego de la población de Bolívar que recientemente había participado en una marcha de protesta contra la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos.
La afectación de la población rural, manifestó el delegado, tendría que ver, con que al ir cambiando la presencia de las Farc, otros grupos ilegales quieren ejercer control sobre el territorio.
