La polémica generada por cuenta de la asistencia del presidente Juan Manuel Santos a la convención del Partido Liberal llevada a cabo el pasado domingo apenas inicia. Lo que algunos consideran normal y sin repercusiones, para otros fue una evidente violación a la Ley de Garantías Electorales.
Durante su intervención en la convención Liberal en Cartagena, Santos dijo que a pesar de las advertencias para que no asistiera al evento, había consultado y estaba 'cumpliendo con la ley'.
El mandatario explicó ante el público asistente que el artículo sexto de la mencionada norma dice que el Presidente, cuando aspira a la reelección, puede participar 'en los mecanismos de selección de candidatos de los partidos o movimientos políticos'.
Sin embargo, el abogado y exconstituyente Ricardo Barrios Zuluaga dijo a EL HERALDO que al inicio, el proyecto del que nació la Ley de Garantías contemplaba en el inciso tercero del artículo sexto que 'en cualquier momento el presidente de la República podrá asistir a eventos internos de los partidos o movimientos políticos (...) y participar de los eventos en los cuales se decidan las reglas de juego para la selección de candidatos o se adopten decisiones sobre el candidato oficial de dicho partido o movimiento, o se seleccione o elija el mismo'. Sin embargo, este párrafo 'fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005.
Por lo tanto, al declararlo inexequible, 'esta disposición se elimina del ordenamiento jurídico', razón por la cual en el texto definitivo de la Ley de Garantías no se contempla, explicó Barrios .
En consecuencia, el presidente 'está incurriendo en intervención política prohibida. Él puede intervenir en política pero cuatro meses antes a la elección presidencial', puntualizó el exconstituyente.
Al ser consultado por este medio, Jaime Araújo Rentería, quien fue magistrado de la Corte Constitucional hasta 2009 y uno de los que hizo control previo la norma, argumentó que la aparición del presidente Santos el domingo en la Convención Liberal 'está prohibido, pero otra cosa es que violen la prohibición y nadie controle al presidente'.
Araújo señaló que el motivo por el que la Corte en 2005 declaró inexequible dicho inciso es porque 'el Presidente tiene la burocracia del Estado y es el mayor empleador del país, tiene los contratos y tiene el presupuesto nacional', lo que le da una posición de 'privilegio' que sumada a una 'participación en política sin control', llevaría a la 'desigualdad' del proceso electoral y a 'condiciones de poder difíciles de derrotar'.
El exmagistrado de la Corte Constitucional aseguró que si bien el presidente y sus asesores saben de la prohibición, 'quien lo juzga es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y de aquí hasta que el proceso inicie, el Presidente ya habrá sido elegido nuevamente e igual va a ser inmune'.
En este sentido, el exconstituyente Ricardo Barrios advirtió que 'cualquier ciudadano puede poner en conocimiento de la Comisión de Acusaciones que el presidente está violando las normas contempladas en la Ley de Garantías y por tanto sería sujeto de investigación disciplinaria'.
Además indicó que si la Cámara de Representantes considera que la actuación de Santos realmente viola la norma, 'podría inhabilitarlo para ser candidato presidencial'.
Es necesario recordar que los particulares pueden hacer todo siempre y cuando no esté prohibido, mientras que los funcionarios públicos, y aquí se incluye al presidente, únicamente pueden hacer aquello que le está expresamente permitido por la ley.
Entonces, si la ley estatutaria permitía al presidente acudir a esos actos internos de los partidos y esa regulación sale del ordenamiento jurídico porque se declara inexequible, el presidente no podrá argumentar que como no está expresamente prohibido, entonces si lo puede hacer.
Llama la atención que en su intervención en la Convención Liberal, Santos advirtió que asistió en su 'condición de presidente', por lo que habló en el atril presidencial, ¿será esta la justificación que utilizará el mandatario para evadir la responsabilidad por su presunta participación en política? Es el interrogante con el que continuará el debate.
