'¿Pero usted sí cree que se necesitan dos periodistas para que vayan a Santa Marta a investigar un tema? ¿Uno solo no es suficiente? ¡Mire que eso significa más plata!'. Esas fueron las preguntas que, como Jefe de Redacción de la revista Cambio, me tocó responderle al Director Administrativo de la Casa Editorial El Tiempo –de la que hacía parte la publicación– cuando a mediados de 2006 solicité recursos para enviar a dos reporteros a investigar los asuntos relacionados con la destinación, aparentemente irregular, de multimillonarios recursos del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro, ejecutado por el Ministerio de Agricultura.
Convencer al ejecutivo de la Casa Editorial resultó más complicado de lo que inicialmente había pensado, pues, como sucede casi siempre en este tipo de misiones periodísticas, terminaron enfrentadas las dos posiciones: la mía, que tenía motivaciones exclusivamente informativas, y la suya, preocupado por el flujo de caja y las pérdidas y ganancias que podían derivarse de la publicación del artículo.
A la postre, él terminó por entender mis argumentos, todos ellos basados en la urgencia del desplazamiento de los periodistas y en el hecho de que la complejidad del asunto ameritaba que fueran dos, y no uno, quienes debían viajar a la capital del Magdalena. 'En lugar de un fotógrafo, enviamos dos periodistas, y ellos mismos hacen las fotos. Pero deben ir los dos porque hay que visitar varias fincas, ir a Notarías de Santa Marta y tienen que hablar con muchas personas y eso no lo puede hacer una sola persona en dos días', recuerdo que le dije en medio de la discusión.
La versión inicial de que algo raro podría estar pasando con los recursos de Agro Ingreso Seguro y su destinación a familias poderosas del Magdalena, nos llegó a la Redacción por cuenta de funcionarios del Congreso de la República, quienes, conociendo nuestra vocación investigativa como medio de comunicación, nos informaron acerca de las posibles irregularidades que se estarían cometiendo con convenios celebrados entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA).
'Ustedes que investigan todo, averigüen lo que está pasando con Agro Ingreso Seguro. Se van a llevar una sorpresa', me dijo uno de ellos, al tiempo que me suministró el nombre de una fuente que nos podría servir para realizar la investigación.
Después de hablar con Rodrigo Pardo, director de Cambio, y con María Elvira Samper, Editora General, a quienes informé de los alcances de la conversación y de las implicaciones que tendría meterle muela a uno de los programas banderas del gobierno de Álvaro Uribe, se tomó la decisión de designar a José Manuel Reverón y a Harold Abueta, quienes hacían parte de la Unidad Investigativa, para que se pusieran al frente de la colosal y riesgosa tarea. De hecho, ellos fueron quienes terminaron llevando todo el peso de las indagaciones y quienes durante varias entregas suministraron información valiosa que sirvió de base para las investigaciones de los organismos de control, así como la realizada por la Fiscalía General. El capítulo más reciente de ese episodio se acaba de escribir con la decisión de la fiscal Vivianne Morales de solicitar medida de aseguramiento en contra de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura.
La narración de los reporteros a su regreso del Magdalena resultó macondiana. En la visita de uno de ellos –encubierto, por supuesto– a la finca de la familia Dávila, al preguntarle a uno de los empleados por la frecuencia con la que la exreina nacional de la belleza Valery Domínguez, cuyo nombre aparecía en la lista de posibles beneficiarios de los subsidios, visitaba la finca, la respuesta fue contundente: 'A esa señorita nunca la hemos visto por estos lados'.
Destapar la ‘olla’ del Magdalena nos sirvió para que otras fuentes informativas nos contactaran para contarnos episodios similares que se estarían presentando en otras regiones, donde el comportamiento de los beneficiarios de los recursos era similar al de la familia Dávila.
Hoy, la investigación de Agro Ingreso Seguro involucra a unas 50 personas, entre exministros, exfuncionarios de la entidad y beneficiarios, y varios de ellos se encuentran detenidos.
Contra el exministro Arias también se adelanta una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, desde octubre pasado. El escándalo, sin duda, marcó la suerte de su carrera política, puesto que fracasó en su intento por ser candidato presidencial del Partido Conservador, y tampoco pudo posesionarse como embajador en Italia, cargo para el que fue designado por el presidente Juan Manuel Santos.
Arias siempre ha argumentado en su defensa que su comportamiento fue 'transparente, honorable y ajustado a la Ley'. Su suerte está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que establecerá su responsabilidad en ese delicado asunto.
Y en lo que tiene que ver con Cambio, su suerte final es bien conocida por los colombianos: la Casa Editorial El Tiempo decidió acabarla y su ausencia se siente en un país donde la corrupción sigue siendo el peor de sus males.
Óscar Montes
Exjefe de Redacción Revista Cambio.
