Con la visita a Barranquilla del procurador general, Alejandro Ordóñez, se agitó una vez más, como era de esperarse, una de las controversias más movidas que vive el país desde que comenzaron los diálogos de paz con las Farc en La Habana. La que toca con el tema acerca de si habrá impunidad o no en un eventual acuerdo con este grupo armado ilegal para favorecer su participación política en la vida civil y en particular la de sus principales jefes, quienes seguramente aspirarían a tener espacios en el Congreso, en las corporaciones colegiadas territoriales, y en las gobernaciones y alcaldías.
En el tinglado de este debate se han montado los más connotados representantes del establecimiento político e institucional, y a alrededor del conflictivo punto vienen intercambiando a diario sus opiniones con frecuencia barnizadas de frases muy punzantes.
Por cuenta del exvicepresidente Francisco Santos se levantaron y se siguen levantando ampollas al colocar este unas vallas alusivas a Iván Márquez como uno de los mayores generadores de violencia en Colombia, a quien no se le debería premiar con la impunidad. A ello, las Farc respondieron con otra valla –vía Internet– presentando a Santos como promotor de los grupos paramilitares en Bogotá y, por tanto, símbolo también de impunidad. Lo que pone de manifiesto que en el teatrín visceral de esta radical diferenciación de posiciones se apela a las armas de la publicidad efectista para predisponer a la opinión nacional en tal o cual dirección. Quieren fracturar a la ciudadanía entre los partidarios de la paz con impunidad y de la paz sin impunidad. Pero el dilema no es tan simplista. Ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre. Está en juego la paz del país, después del periplo sangriento que hemos hecho desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que dinamitó la guerra cruenta de liberales y conservadores, y en aras de la paz de hoy, como en el pacto del Frente Nacional que le puso término a la confrontación bipartidista y amnistió los delitos atroces que entonces ocurrieron, se requiere, para transitar el camino de la reconciliación, que el ordenamiento jurídico facilite ese proceso, acogiendo, como en efecto lo ha hecho, desarrollos internacionales como la justicia transicional y respetando desde luego la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero sin perder de vista que nuestro conflicto es interno y tenemos que resolverlo los mismos colombianos.
Pero no es verdad que el proceso de La Habana deba estar diseñado para otorgar impunidad total a los jefes de la guerrilla. Antonio Navarro, en reciente conferencia en Barranquilla, recordaba que en la paz de El Salvador ocurrió que a líderes destacados del Frente Farabundo Martí, como Joaquín Villalobos, les correspondió acogerse a la prohibición de hacer un ejercicio político público durante 10 años en razón a las deudas que debió cumplir con la Justicia. Lo que no puede pretenderse, decía Navarro, es que las conversaciones de La Habana sean exitosas si a las Farc solo les ofrecen ir a la cárcel tras la dejación de las armas.
Lo importante es considerar, en consecuencia, lo que ganaría el país en términos de superación de muertes, heridos y secuestros si se firma la paz, además de que el gasto militar se emanciparía de las inversiones que se han venido comprometiendo durante muchos años en el Presupuesto Nacional para atender la guerra.
Por eso, el fiscal general, Eduardo Montealegre, que es un hombre sin las fijaciones y los apegos dogmáticos del Procurador General, se ha mostrado partidario de que se negocie la paz flexibilizando la actuación penal del Estado frente a las Farc.
Ordóñez, en cambio, ha dicho que si siente que su visión no es aceptada posiblemente renunciará. Algunos analistas políticos sospechan que este anuncio podría ser el preaviso de una eventual candidatura presidencial conservadora. Amanecerá y veremos. De momento lo que atisbamos es un mayor recrudecimiento de la polémica nacional alrededor de este tema de la paz y la impunidad.
