Francisco Lloreda, el alto Consejero para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, vino a Barranquilla y presentó los componentes de la política que sobre la materia ha adoptado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Se sustenta esta política en tres ejes básicos: un modelo integral, en el entendido de que la seguridad y la convivencia es un asunto que implica una diversidad de factores; una focalización en lo territorial, y una articulación de esfuerzos.
Los objetivos del Gobierno Nacional apuntan a reducir el crimen, mejorar la convivencia, disminuir el miedo y judicializar a los criminales, y se busca bajar básicamente los indicadores de hurto común, extorsión, homicidios y lesiones personales. Las estrategias concebidas están dirigidas a la prevención social y situacional del crimen, a fortalecer el control social, a priorizar la Justicia, la atención de víctimas y la resocialización, a fomentar la cultura de la legalidad y la convivencia, y a promover una ciudadanía activa y responsable.
El gobierno Santos va a trabajar en dirección a 15 líneas de acción, de las cuales mencionamos la reducción de la desescolarización, la de los beneficios derivados del hurto de celulares, el fortalecimiento del plan cuadrantes de la Policía, el nuevo Código de Policía, y el robustecimiento de las redes de apoyo de las empresas de seguridad privada.
Para la implementación local de este plan de Santos hay acciones directas del orden nacional, asistencia a los gobiernos locales, implementación gradual, y autoimplementación de la Policía.
A nivel territorial se requieren planes que aterricen la política nacional. Barranquilla y el área metropolitana ya tienen el suyo, debe ejecutarse en diez años y ha sido elogiado por el Gobierno Nacional como plan modélico.
Fue muy insistente el consejero Lloreda en la necesidad de trabajar en la creación de entornos seguros mediante la concurrencia de los gobiernos locales, el sector privado y la comunidad.
Acciones como la recuperación de parques, sugirió, deben asumirse en esa perspectiva de lograr que los espacios públicos sean más seguros. “La seguridad y la convivencia nos concierne a todos, no es un tema que exclusivamente debe manejar el Estado”, dijo Lloreda. “Los empresarios y la ciudadanía, agregó, deben protagonizar un rol muy dinámico y contribuir para que estas políticas, objetivos, estrategias y acciones se concreten”.
Hay, desde luego, que lograr mayores compromisos del orden nacional para vigorizar las instituciones encargadas del combate directo a la criminalidad, como la Fiscalía que en lo seccional tiene notorias debilidades debido a que no dispone de los recursos humanos y logísticos necesarios para atender de la mejor manera su misión.
En el Atlántico, por ejemplo, hay 116 fiscales y cada uno maneja entre 700 y 1.500 procesos. Barranquilla se ha convertido hoy en sede de la delincuencia informática, y hay en marcha un trabajo de capacitación para mejorar la actuación de la Fiscalía en la lucha contra esta modalidad delictiva. La ciudad está necesitando también optimizar su equipamiento carcelario para superar el hacinamiento de presos.
En fin, hay que seguir buscando mejoramientos de la mano del Gobierno Nacional, al que debemos pedirle que –además de un magnífico plan como el que presentó Lloreda la semana que concluye– siga efectivizando los recursos.
