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Cuando todo parecía indicar que se abría una etapa de paz en la Cámara de Comercio de Barranquilla, una sombra de duda vuelve a cernirse sobre la institución; más específicamente, sobre el último proceso electoral, de agosto pasado, del que surgió la actual junta directiva.

Después del desprestigio que ha sufrido la Cámara en los últimos meses, a raíz de irregularidades cometidas por los principales contendientes en las elecciones de julio de 2012, lo mínimo que cabía esperar es que todos hubiesen aprendido la lección y mantuvieran en adelante una conducta que no solo fuese impecable, sino que, además, lo pareciera. Por eso, sorprende que la Fundación Mario Santo Domingo (FMSD) haya incurrido de nuevo en la práctica de pagar masivamente a comerciantes sus obligaciones con la Cámara justo el día –30 de marzo de 2013– en que expiraba el plazo para que se pusieran al día con la institución y pudiesen participar en las elecciones de agosto. En concreto, pagó las obligaciones de 329 comerciantes.

En un comunicado, la Cámara de Comercio alega que el pago de la Fundación a los comerciantes no correspondió a afiliaciones, sino a renovaciones de la matrícula mercantil, “lo que por sí no otorga derecho a voto”. La explicación resulta insuficiente, ya que, si bien es cierto que la matrícula no asegura el derecho a voto, sí que es un requisito necesario para poder votar.

También señala el comunicado que, de los 329 comerciantes a los que la Fundación pagó la matrícula, solo 153 quedaron habilitados para votar tras el pertinente proceso de depuración, de los cuales ejercieron el derecho al voto apenas 93. Con esta información, la Cámara pretende desvincular la ayuda económica de la Fundación a los comerciantes de cualquier propósito electoral. En este punto, la Cámara debería realizar un mayor ejercicio de transparencia y aportar toda la información que contribuya a confirmar la veracidad de los datos.

Afirma el Superintendente de Industria y Comercio que la ley permite asumir obligaciones de terceras personas, como ha hecho la FMSD con los comerciantes. Sin embargo, pagar masivamente las obligaciones de terceros en la fecha límite para participar en un proceso electoral no ayuda en nada a transmitir una imagen de pulcritud a una institución como la Cámara de Comercio, tan necesitada de recuperar su buen nombre.

Antes de las elecciones de 2012, la FMSD pagó, en el último momento, la afiliación o la renovación de matrícula a unos 400 comerciantes. Sus rivales fueron muchísimo más lejos, al inscribir casi 1.500 sociedades de papel, que ni siquiera tenían actividad comercial. A partir de ahí se desató una guerra jurídica que desembocó en las elecciones de agosto pasado. El plazo para impugnar estos comicios ha expirado. Pero la nueva directiva no debería ampararse en ello para soslayar unas explicaciones que despejen todas las dudas que han surgido, o puedan surgir, sobre las elecciones, no solo en lo concerniente a la actuación de la FMSD, sino a la de todos los que participaron en los comicios. Las sospechas solo se combaten con transparencia.