El alto tribunal ordena al Incoder revisar si las adjudicaciones colectivas son viables.Suspender temporalmente los nuevos contratos de arrendamiento y renovación para los terrenos ubicados en las Islas del Rosario, cerca a Cartagena, ordenó ayer la Corte Constitucional al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
El máximo tribunal defensor de la Carta Política del país señaló que se deben detener estas entregas hasta determinar la viabilidad de la adjudicación de manera colectiva de dichos terrenos a las comunidades negras que habitan en la isla, y que le pidieron a la alta corte reconocer lo que consideran su propiedad ancestral sobre esas tierras.
Igualmente, en la providencia se le reitera a los entes del gobierno que todas las determinaciones que afecten a esas comunidades deben ser sometidas a una consulta, para contar con el concepto de los habitantes: "si en el futuro, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, decide expedir decisiones administrativas que tengan efecto directo sobre la población afrodescendiente habitante de este archipiélago, sobre sus formas de vida y sobre el ejercicio de sus derechos fundamentales, lo haga previa la realización de un procedimiento de consulta adelantado con el acompañamiento de las dependencias competentes del Ministerio del Interior”.
Debido a que los terrenos de estas islas, situadas a 35 kilómetros de la capital bolivarense, desde 1999 son propiedad estatal, ningún particular puede hacerse a estos terrenos.
La Corte Constitucional resolvió con este fallo la tutela presentada por las comunidades afrodescendientes de las Islas del Rosario: los contratos de arrendamiento, de renovación, prórroga o adición que estén en curso deben pararse hasta establecerse si son viables o no.
Por Redacción País
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Bogotá.
