El director nacional de Fiscalías, Luis González, informó de la captura de seis hombres señalados de abusos sexuales perpetrados contra niñas de la comunidad wayuu en Riohacha, Maicao y Uribia, en La Guajira.
En esta zona, agregó el funcionario, la Fiscalía investiga un total de 38 abusos sexuales a igual número de indígenas menores de edad.
'Ubicamos 38 casos de abuso sexual con niñas de la comunidad wayuu que habían sido violadas, y de esos 38 ya hemos logrado obtener doce órdenes de capturas y ya se capturó a seis de ellos', manifestó a periodistas el director nacional de Fiscalías.
Desde Bucaramanga, González reportó que entre los capturados, a quienes se les impuso medida de aseguramiento por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, hay cinco aborígenes que al parecer eran familiares o personas cercanas a las víctimas.
Así mismo, entre los imputados se encuentra el padrastro de una niña que quedó embarazada en medio del abuso sexual.
'Lo triste es que acá volvemos a encontrar las mismas agresiones a las niñas donde los responsables son los papás, vecinos, padrastros, amigos y gente cercana las familias', agregó González al confirmar que los 38 abusos sexuales han ocurrido en los últimos dos años.
El director de Fiscalías anunció además que se expidieron otras seis órdenes de captura que se harían efectivas en las próximas horas en la península.
De igual manera, por abusos sexuales contra varias niñas, la Fiscalía capturó en Cúcuta a 16 hombres que fueron enviados a la Cárcel Modelo de esa ciudad.
Los abusos sexuales no son el único problema que padecen las comunidades indígenas wayuu que también sufren problemas de desnutrición en sus niños.
En lo que va corrido del año al menos cinco menores de esa comunidad han muerto por problemas asociados a la desnutrición.
El pasado 6 de marzo, Unicef informó de que uno de cada diez niños sufre desnutrición crónica en Colombia.
Las denuncias del fiscal general agravan aún más la crisis humanitaria que enfrentan los wayuu, acrecentada en el último año por la sequía, el abandono del estado, la corrupción, el cierre de la frontera con Venezuela y la ubicación dispersa de sus rancherías que impiden acceder más raídamente a atención en salud o a agua potable.
Lo anterior ha traído como consecuencia la muerte de 24 menores por causas relacionadas con la desnutrición, seis de los cuales fallecieron en clínicas de Barranquilla. Los restantes 18, en centros asistenciales de La Guajira.
Los wayuu están cobijados bajo las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu, en La Guajira, frente a temas que los aquejan como la desnutrición infantil, la falta de agua y el acceso a un buen servicio de salud.
Para dirigentes guajiros consultados ayer, coincidencialmente son las mismas poblaciones en donde se habrían cometido la violación de los menores.
Líderes guajiros piden castigo severo para los abusadores
El líder wayuu y peticionario de las medidas cautelares a la CIDH Javier Rojas calificó de 'indignante' los casos de abuso sexual contra 38 niñas de la etnia, y pidió que los capturados sean castigados con todo el peso de la ley.
Declaró que estos hechos reflejan la ausencia de las autoridades e instituciones garantistas de los derechos de nuestros niños en territorio. 'En violaciones de los derechos humanos, y en especial de los niños, los usos y costumbres de la etnia wayuu pasan a un segundo plano'.
El presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque, consideró que por encima de cualquier consideración cultural existente, lo prioritario es garantizar los derechos de estas niñas. 'Los que hayan cometido este hecho execrable deben ser juzgados con todo el rigor'.
La abogada Estercilia Simanca Pushaina confió en que a las personas involucradas, que al parecer son de la misma etnia, no les permitan acudir a la jurisdicción especial. 'Estos delitos merecen la pena más severa y no compensaciones como se acostumbra entre los indígenas wayuu, no existe compensación con delitos que atenten contra la niñez', añadió.
Dijo que es hora de que las instituciones defensoras de la niñez vigilen y tomen medidas preventivas en este tipo de situaciones ya que también es uno de los factores de embarazos en adolescentes wayuu y por supuesto el abuso sexual en niños por parte de sus mismos familiares como se evidencia en estos casos denunciados ayer por el fiscal general (e), Fernando Perdomo.
El médico pediatra Abudi Dasuki, quien ha sido un defensor de la niñez en La Guajira, pidió cadena perpetua o pena de muerte para los abusadores, 'porque no se merecen menos que eso'.
Indicó que esa descomposición social se ve mucho en esta zona de la Región Caribe en niñas de 12 y 13 años que en lugar de estar jugando con muñecas atienden a sus propios bebés.
El director regional del ICBF en La Guajira, Edwin López, dijo anoche que no tiene reporte oficial de los abusos contra niñas como tampoco de hospitales, clínicas y otras instituciones.
