Trece partidos políticos del país han advertido que no hay garantías para las elecciones de Presidencia y Congreso de 2026, argumentando que no hay seguridad para los candidatos, mientras que el presidente Gustavo Petro ha desviado la conversación hacia la supuesta falta de transparencia en la participación de la empresa Thomas Greg & Sons en los procesos tecnológicos e informáticos que contrata la Registraduría para los comicios.
De hecho, las colectividades opositoras e independientes se abstuvieron de participar en la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales convocada por el Gobierno, advirtiendo “la falta de garantías mínimas que debe ofrecer el Gobierno para el desarrollo de procesos electorales transparentes y confiables”, y agregando que “las recientes declaraciones del presidente de la República cuestionando el sistema y el proceso electoral, desconociendo el rol institucional que le corresponde como garante de la democracia, generan profunda preocupación sobre su verdadero compromiso con la transparencia electoral”.
Previamente, Cambio Radical había emitido un comunicado fundamentando su ausencia en la reunión con el Ejecutivo en que “la seguridad de nuestros dirigentes es cada vez más precaria. A diario, congresistas, diputados, concejales y líderes de Cambio Radical son objeto de amenazas. El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es apenas una muestra del clima de intimidación política que enfrentamos quienes somos oposición, sin medidas de protección para las organizaciones políticas. El Gobierno nacional guarda un silencio cómplice de la inseguridad del ejercicio político”.
Petro, de otro lado, ha cuestionado que “la sala plena del Consejo de Estado en el caso de pérdida de votos del partido MIRA dictaminó que el software de escrutinio de esas elecciones fue declarado débil y manipulable y permitió el fraude contra el MIRA. Esa empresa ahora transita de hacer el software a hacer el kit electoral. Al Pacto Histórico se le quitaron en el primer conteo 700.000 votos por un tarjetón mal hecho. El tarjetón hace parte del kit electoral, los esferos y las cajas”.
Y agregó en este sentido que “en toda democracia los partidos deben poder auditar los algoritmos del software de cómputo de las elecciones para saber si es transparente o no. En Colombia jamás se ha podido ejercer ese derecho electoral. Yo mismo le pedí al exregistrador (Alexánder) Vega que lo permitiera, y lo puse en el proyecto de código electoral que se debatía en el Congreso. Ni Vega accedió a entregar los algoritmos del software y el código electoral se cayó en la Corte Constitucional. La empresa que era propietaria privada del software era Thomas Greg y, extrañamente, con pliego de condiciones amañado, ahora la trasladan a manejar el kit electoral”.
Garantías del registrador
El registrador Hernán Penagos, precisamente en la reunión convocada por el Gobierno, anunció que “para las próximas elecciones se permitirá el acceso al código fuente del software de escrutinio, con el fin de garantizar la transparencia de estos comicios y la confianza de la ciudadanía. Además, dijo que se contratarán auditorías externas para hacer seguimiento a todas las etapas del proceso electoral y se adquirirá una herramienta de ciberseguridad, con el fin de proteger la integridad del sistema y reducir riesgos informáticos”.
Garantizó así mismo que “como parte del compromiso con la transparencia, se publicarán los tres cuerpos del acta electoral (E-14) para todas las mesas de votación, permitiendo a la ciudadanía y a los testigos electorales verificar y comparar los resultados. Para fortalecer la identidad y evitar suplantaciones, se incorporará biometría facial, complementando la biometría dactilar utilizada hasta ahora, con tecnología ya probada en elecciones atípicas recientes. La Registraduría ha sostenido reuniones con misiones de observación tanto nacionales como internacionales, para garantizar que el proceso electoral cuente con acompañamiento y transparencia”.
Patricia Muñoz, directora de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública Territoriales de la Universidad Javeriana, le dijo a EL HERALDO que “estos comentarios, manifestaciones del presidente que ponen en duda la limpieza del proceso electoral, terminan generando, primero, inquietudes y zozobra en los ciudadanos al perder confianza en la institución electoral, y segundo, que es lo más importante, terminan generando un proceso de desinstitucionalización, en la medida en que la institución electoral, que ha venido adelantando los procesos electorales donde no han faltado inconvenientes, pero han sido superados, se ha dado la aceptación de los resultados de los ganadores y perdedores, y las veedurías y organizaciones electorales nacionales e internacionales han reconocido que el proceso electoral ha tenido unos procedimientos rigurosos, exentos de temas de corrupción”.
Añadió la politóloga que así mismo “estas manifestaciones de dudas sobre la limpieza del proceso electoral, además de minar la confianza, por supuesto pueden traer como consecuencia que un número de ciudadanos decida no participar y eso puede aumentar los niveles de abstención, en un contexto en donde estamos llamando a los ciudadanos para participar en los mecanismos democráticos institucionalizados”.
A su vez, Andrés Dávila, politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales, comentó en este diario que “llevamos por lo menos desde 1970 cuando el supuesto fraude que llevó a Misael Pastrana al poder con elecciones que incluso con resultados cerrados no han recibido ningún cuestionamiento, y creo que en ese sentido el sistema electoral, que obviamente enfrenta problemas, que hay algo de fraude, de trasteo de votantes, hay en algunos lados obligación a ciertos electores de votar en ciertas condiciones o la historia que hubo con los paramilitares, que prácticamente en algunas regiones las elecciones estaban predefinidas de antemano, de todas maneras el sistema electoral colombiano es bastante legítimo”.
Explica el catedrático de la Universidad Javeriana que este asunto se funda en que “uno, es un sistema altamente competitivo, con resultados, y con una herramienta poderosa que es el preconteo, que permite en un lapso muy corto tener unos resultados que los actores políticos van aceptando, aunque al final algunos terminen haciendo demandas y peleando sobre todo en los últimos renglones en los cuerpos colegiados, e incluso fenómenos como el de 2022, cuando hubo que recuperar casi un millón de votos para el Pacto Histórico, pero eso indica que el sistema funcionó. Pero también hay algo muy colombiano y de todos los sectores, y ahí caben el uribismo y la izquierda y otros partidos en la mitad, que siempre cantan fraude y que les toca silenciosamente retirarse cuando tienen los resultados favorables: le ha pasado a (Álvaro) Uribe, a Petro, y a sus sectores cercanos. Eso hace parte de la cultura política colombiana, en donde es muy curioso que se cuestione con tanta facilidad el sistema electoral como sin tener en cuenta lo valioso que es hasta este momento”.
Elecciones en entredicho
De otra parte, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, indicó en este medio que “lo primero que uno no puede hacer es empezar a enlodar unas elecciones sin ningún tipo de evidencia ni responsabilidad. El Gobierno empieza a asomar el miedo de tener el remordimiento de haberle fallado a tanta gente que sabe que es muy probable que no lo respalden con entusiasmo en las urnas”.
Lo segundo, agregó el parlamentario opositor, “es que hay que buscar la forma de garantizar el orden público. Un llamado respetuoso a los gobiernos locales, porque con el Gobierno nacional no se cuenta para eso. El Gobierno empieza a tejer una incertidumbre de unos resultados que sabe serán adversos. Resulta penoso que una persona que ha ganado todo tipo de elecciones no crea en ellas cuando sabe que va en declive”.
Entre tanto, el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, impulsor del código electoral que se cayó en la Corte en agosto pasado, advirtió que “desde hace más de 30 años, organismos internacionales han recomendado que el país recupere el control estatal del sistema electoral, como ocurre en la mayoría de las democracias del mundo. Hoy, una sola empresa tiene a su cargo el diseño de software, la instalación de mesas, la impresión de tarjetones y hasta el acopio y la contabilización de votos. Incluso maneja los llamados formularios E14, claves en el escrutinio”.
Aseveró el legislador oficialista que “esta concentración de funciones en una entidad privada, calificada como un monopolio, representa un riesgo real para la transparencia de las elecciones. (…) Ya es hora de que el Estado colombiano asuma la conducción plena del proceso electoral, garantizando transparencia y confianza”.
Pero por otro lado, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, dijo a este periódico que “ha habido dos semanas que han sido críticas para el proceso, la primera después del atentado al senador Miguel Uribe, donde todos los temas de seguridad se pusieron sobre la mesa y eso ha generado un contexto electoral de muchísima preocupación sobre los temas de orden público, y la segunda semana ha sido esta a raíz de la declaraciones que se han efectuado en torno a la transparencia del proceso y esto ha venido de la mano de la decisión de la unión temporal que va a tener a su cargo el contrato donde se hacen las soluciones integrales para las elecciones, de $2,1 billones”.
En este aparte, afirmó Barrios, “nosotros hemos acompañado este proceso de contratación, y como manifestamos, los términos se han cumplido, obviamente lo mejor para cualquier proceso es que hubiera diferentes proponentes, pero de un grupo de 10 empresas que manifestaron su interés en participar, termina participando solo una que es la que cumple todos los requisitos”.
Y, finalmente, planteó la directora de la MOE “la importancia de que las 13 organizaciones políticas regresen a la mesa de seguimiento con el Gobierno, porque es la encargada de la gobernanza de las elecciones y ahí pueden presentar las molestias y solicitar las garantías”.
La Misión también presentó esta semana su más reciente informe sobre violencia política, en el que señala que “entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2025, la MOE registró 134 hechos de violencia contra personas con liderazgo político, social y comunal. A pesar de que este número indica una reducción del 29,84 % respecto al mismo periodo de 2024, y del 18,78 % con relación a 2021, lo anterior no se puede interpretar como una disminución en la gravedad del fenómeno. Lo anterior debido a que persisten niveles críticos de violencia letal (atentados y asesinatos), con 59 casos (44 % del total), y se observa un preocupante aumento de los secuestros, que alcanzaron su nivel más alto desde 2016 con 13 registros, la mayoría ocurridos en zonas rurales”.
Y concluye que esta violencia no se distribuye de forma homogénea, ya que 43 de los 134 hechos se concentraron en tres departamentos —Cauca, Norte de Santander y Huila—. Cauca lideró tanto en número total de hechos (20) como en violencia letal (10), con una fuerte presencia de disidencias de las Farc (Estado Mayor Central - EMC). En el Norte de Santander, el Catatumbo fue epicentro de secuestros y amenazas atribuidas al ELN y al Frente 33 del EMC, mientras que en el Huila se destacó la circulación de panfletos intimidatorios firmados por estructuras disidentes.
