Para hacer un balance rápido de lo que ha pasado este año tras la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc en el Teatro Colón, sobresalen las 2.796 vidas que se han salvado, la reducción del 76% de uniformados heridos, las 42 mil familias retornadas a sus tierras, los 175 municipios libres de minas –con la ayuda de las propias Farc- y la garantía de que fue el mejor proceso de desarme de la historia, pero alertan los 700 guerrilleros reincidentes en 15 grupos desertores, los 94 líderes sociales asesinados, el aumento del 52% en los cultivos ilícitos, la lentitud en la reincorporación y en la disposición de alternativas productivas para los excombatientes y el trancón legislativo y político con los proyectos de paz.
La primera dificultad seria del proceso, en realidad, llegó antes del Teatro Colón, y sucedió luego de que la opción del ‘No’ se impusiera sobre la del ‘Si’ en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, con lo que los representantes de cada sector tuvieron que sentarse a negociar las observaciones que se le iban a incluir al Acuerdo de Paz firmado el 26 de septiembre de ese mismo año en la ciudad de Cartagena.
En ese momento pareció que los más de tres años que se habían tomado las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las ahora desmovilizadas Farc pendían de un hilo. No obstante, esa etapa pudo ver su buen término, y con un nuevo texto en mano, hace un año, el 24 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la firma del Teatro Colón.
A pesar de las negociaciones ‘postplebiscito’ entre los ganadores del ‘No’ y los impulsores del ‘Si’, en el ambiente aún quedaba una sensación de 'falta de legitimidad' con relación al nuevo pacto firmado, por lo que al documento del Colón le restaba un paso previo para poder ponerse en marcha: pasar por el Congreso de la República, en donde, en efecto, fue ratificado por la mayoría de parlamentarios. De esa forma, de los 268 congresistas que en total tiene el país, 205 (130 en Senado y 75 en Cámara) se pronunciaron a favor de lo pactado.
Así las cosas, fue hasta después de diciembre de 2016 que el proceso paralelo de la implementación del Acuerdo arrancó: por un lado, el normativo al interior del Legislativo y, por otro, el 'físico', en los territorios del país. Ambos, con triunfos y derrotas.
Vidas: 2.796 salvadas
Lo primero que pone de presente el Gobierno, porque entre otras cosas es lo más importante, es el estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, que indica que 'el proceso de paz previno, al menos, la muerte de 2.796 personas.
De acuerdo con la misma entidad, de 867 combates que se registraban con reductos de las Farc en 2007, la cifra cayó a 106 en 2015 y a 13 en 2016.
Mientras tanto, en materia de civiles muertos en eventos de conflicto con participación con las Farc, de 1.835 en 2002 y 1.270 en 2007, la cifra se redujo en 2015 a 101 y en 2016 a 3.
De otro lado, la directora del Hospital Militar Central, brigadier general Clara Galvis, informó que un año después de la firma del Acuerdo de Paz y con el cese al fuego vigente la cifra de soldados heridos en combate ha disminuido el 76 por ciento respecto al año 2016.
'Ha habido una disminución significativa en el total de heridos en combate que han llegado al mes de noviembre del 2017, 24 heridos, de los cuales 16 han sido por explosivos, 8 por armas de fuego y 3 amputados', explicó.
En el año 2012 el centro asistencial atendió 388 heridos en combate. Al año siguiente, 2013, esa cifra llegó a 395 uniformados heridos, 231 por explosivos y 122 por arma de fuego.
Y en el 2013 el guarismo de militares amputados fue de 113, cifra que disminuyó en el 50 por ciento en el 2014 cuando 57 soldados sufrieron amputaciones.
Tierras: 42 mil familias retornadas
Con la puesta en marcha del programa de Restitución de Tierras, iniciativa liderada desde el 2011 por Santos y coordinada por la Unidad de Restitución de Tierras, hoy 42.000 familias campesinas retornan a sus legítimas parcelas.
Más de 20.481 baldíos han sido adjudicados a familias campesinas, muchas de ellas víctimas del conflicto armado interno. La meta al 2018 es de 55.200 adjudicaciones.
Según cifras de la Unidad, se ha presentado 100.797 solicitudes de restitución, de las cuales 27.938 corresponden a hombres y 40.034 a mujeres.
Así mismo se han entregado 173 subsidios para aquellas personas que no tienen hectáreas. En 2016 se entregaron 236 subsidios. Y para el 2018 se espera entregar 460 subsidios.
En cuanto a proyectos productivos, se han entregado más de 61.000 millones de pesos para inversión y acompañamiento técnico de dos años para la implementación de los mismos.
Minas: 175 municipios libres
Uno de los resultados que exhibe el Ejecutivo como más positivos es que 175 municipios están declarados libres de minas antipersonal: ello significa el 26 por ciento de los 673 municipios con sospecha de tener en sus jurisdicciones dichos artefactos.
Actualmente, se encuentran 243 municipios con operaciones de despeje de minas antipersonal en departamentos, como: Antioquia, Meta, Caldas, Bolívar, Santander, Caquetá, Cauca, Tolima, Huila, y Putumayo, entre otros.
Una de las organizaciones de desminado, Humanicemos DH, está conformada por 400 excombatientes de las Farc, quienes ya están capacitados para hacer su aporte a una labor de la que se han beneficiado no menos de 2.4 millones de personas.
Seguridad: 15 grupos desertores y 94 activistas asesinados
El Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que hace seguimiento al desarrollo del acuerdo de paz, reporta con corte al pasado 21 de noviembre, al comparar con 34 procesos similares en el mundo, asegura que 'el acuerdo de Colombia es uno de los mejor diseñados del mundo' y que 'el ritmo de implementación es más rápido que el de procesos similares', añadiendo al respecto que 'la desmovilización y la dejación de armas en Colombia fueron completadas a buen ritmo. Mejor que en los procesos de El Salvador, Guatemala y Mozambique, modelos exitosos de desmovilización según la ONU'.
En materia de seguridad, destaca el instituto que hay 80.000 miembros de la Fuerza Pública en los 166 municipios más afectados por el conflicto armado; que del total de los casos de muerte de líderes sociales y los responsables en el 50% de los casos han sido identificados por la Fiscalía y se han dado 103 capturas.
No obstante, la Fundación Paz y Reconciliación alerta sobre que aunque entre 2012 y 2016 la reducción de homicidios a nivel nacional fue de 3.695 vidas, los datos asociados a violencia están repuntando en lo corrido del 2017, ya que hay un grupo de 70 municipios donde la violencia homicida ha aumentado una vez las Farc salieron del territorio.
'Por un lado, varios de estos municipios han sido copados por otras estructuras ilegales, en algunos casos el ELN, en otros Grupos Armados Organizados, principalmente el Clan del Golfo y grupos de desertores de las Farc. Por otro lado, en otros municipios como en el sur del Tolima (…), se incrementa la delincuencia común', se lee en el reporte.
En cuanto a los desertores, señala la Fundación que en todo el país se contabilizan 15 grupos de desertores en 43 municipios, de los cuales los más grandes están en Guaviare, Tumaco y Cauca, y un total de 700 guerrilleros habrían reincidido.
Advierte en este sentido el documento que 'la disidencia de las Farc del sur del país al mando de Iván Mordisco y Gentil Duarte está fortaleciéndose de manera significativa. Las debilidades en materia de reincorporación, el reclutamiento por distintos medios y la débil acción del ejército en Guaviare ha favorecido este proceso. Se cree que este grupo tendría 550 personas, de las cuales al menos 450 serían ex guerrilleros'.
Sin embargo, aclara Paz y Reconciliación que 'no existe ningún tipo de vínculo entre los miembros de las Farc en proceso de reincorporación y los denominados desertores y disidencias del mismo grupo. Quienes han querido mostrar estas relaciones lo han hecho para sacar réditos políticos en el marco de las elecciones del 2018.
Finalmente, se reportan en el primer año de implementación 21 homicidios a excombatientes y 11 más a familiares de ex guerrilleros; y desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017 se ha reportado el homicidio de 94 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Las víctimas, explica la ONG, se trata de 'líderes asociados a actividades en contra de las economías ilícitas y/o en defensa del medio ambiente, líderes que impulsan la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado en la reclamación de tierras, restitución de sus derechos y lucha por la verdad y líderes con potencial participación política en las próximas elecciones en el caso concreto de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz'.
Productividad: retrasos con avances residuales
Por el lado de lo productivo, resalta el Instituto Kroc que se vienen identificando alrededor de 1.308 proyectos en 52 municipios para mejorar su calidad de vida con obras que buscan generar soluciones inmediatas (puestos de salud, construcción de parques infantiles, puentes colgantes, dotación de escuelas, encerramiento de colegios, entre otros), con una inversión proyectada de $134.000 millones; se han suscrito 51 convenios con los municipios para el mejoramiento de 2.406 km de vías terciarias con una inversión de $ 50.000 millones.
Así mismo, el Fondo Agropecuario de Garantías expidió 246.096 certificados de garantías por $1,8 billones, respaldando créditos por $2,4 billones de pesos, de los cuales el 97% fueron para pequeños productores; se invirtieron $2 billones en 112.189 operaciones de crédito, de los cuales 76.470 fueron destinados a pequeños productores y hubo 1´159.516 nuevas hectáreas sembradas en los últimos tres años, lo que representó la generación de 307.490 nuevos empleos en el sector agropecuario.
En cambio, la Fundación Paz y Reconciliación, advierte que los retrasos en materia de reincorporación 'son evidentes' y critica que 'el acuerdo reconocía el proceso de reincorporación desde una dimensión política, social y económica, pero los avances son residuales y los incumplimientos en acciones que favorezcan la garantía de los derechos de los excombatientes han generado insumos para que estos se salgan del proceso'.
Y agrega que las Zonas Veredales de Transición y Normalización fueron cambiadas por Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, 'sin que esto transformara la realidad del entorno y permitiera el desarrollo de proyectos productivos y demás ofertas que contempla el acuerdo para la reincorporación'.
Reconciliación: 6,4 millones de víctimas con apoyo
En reconciliación, reporta el Instituto de Notre Dame, con La Ley de Víctimas más de 6,4 millones de víctimas han recibido apoyo por parte de la Unidad de Víctimas, y el Gobierno ha reparado administrativamente a cerca de 700 mil víctimas del conflicto; de las Farc 12.356 personas fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; los excombatientes están recibiendo una renta básica para poder subsistir (90% del salario mínimo); se han registrado 4.879 afiliaciones a Colpensiones y 10.218 afiliados a salud; 5.327 tomaron un curso de economía solidaria y 11.350 tienen cuentas de ahorro abiertas y se han instalado 20 bilbiotecas en comunidades vecinas a las zonas transitorias.
Dejación de armas: la mejor de la historia
La Fundación Paz y Reconciliación, en su informe titulado ‘Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo. A un año del acuerdo de paz’, de 264 páginas, señala, entre otras cosas, que en materia de dejación de armas, el promedio más alto había sido Afganistán, donde se entregaron 0.76 armas por desmovilizado. A nivel nacional, la desmovilización paramilitar arrojó un promedio de 0.6 armas por hombre. Y para el caso de las Farc la relación fue de 1.3 armas por excombatiente.
Cultivos ilícitos: aumentaron un 52%
Aunque el Gobierno saca pecho de que se han erradicado 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos (95% de la meta) de las 50.000 hectáreas planeadas para el 2017 y más de 124.000 familias han expresado el interés de sustituir, lo que significa más de 95 mil hectáreas, la Fundación Paz y Reconciliación recuerda que entre 2015 y 2016 los cultivos de coca aumentaron un 52% al pasar de 96.000 has a 146.000 has.
Llama la atención la ONG acerca de que hay tres fenómenos que tienen relevancia más allá del incremento: la concentración de los cultivos, ya que desde 2014 el número de departamentos afectados con coca decrece a 21, al igual que el número de municipios que pasó de 204 a 183; también el hecho de que el aumento de cultivos se da sólo en 9 departamentos, mientras que en el resto tiende a disminuir y, finalmente, el fenómeno de que se presenta reincidencia de cultivos en zonas donde se pusieron en marcha diferentes estrategias para erradicación de cultivos, tanto la erradicación forzada, como planes de sustitución implementados en el marco del plan consolidación.
También advierte el informe de la Fundación que el tiempo que hay entre la firma del acuerdo colectivo y la inscripción de las familias en los programas de erradicación y sustitución es demasiado largo: alrededor de 8 o 10 meses: 'este periodo se configura como una posibilidad de desconfianza por parte de las comunidades hacia el Estado (…), pues mientras que el Estado demora en entregar los subsidios prometidos, están en el territorio otros actores armados ilegales incentivando la siembra de coca'.
Y agrega que mientras que en el tema de erradicación se comprometieron a 8.000 efectivos de la fuerza pública, para el programa de sustitución existen alrededor de 100 funcionarios públicos en territorio: 'el desbalance es enorme'.
Leyes: lento ‘fast track’ y cambios a los acordado
El Gobierno celebra que para implementar los acuerdos se hayan expedido y sancionado 94 normas, entre ellas siete actos legislativos, 36 decretos-ley, cinco leyes aprobadas en el Congreso por el procedimiento fast track, y 46 decretos ordinarios.
Durante el primer semestre de 2017, fueron aprobados en bloque, antes de la regulación de la Corte Constitucional cuatro actos legislativos: Justicia Especial para La Paz, Reincorporación, Estabilidad Jurídica del Acuerdo y Monopolio de las Armas; dos leyes orgánicas: Voceros Farc-EP y Unidad Nacional de Protección; una ley ordinaria: Amnistía e indulto; y una ley estatutaria: Estatuto de la Oposición.
Sin embargo, la Fundación Paz y Reconciliación advierte que dos de las más importantes iniciativas para la implementación, que están en trámite actualmente, la Justicia Especial para La Paz y la Reforma Política, 'fueron mutiladas y están lejos de lo que fue acordado en la Habana'.
Lo anterior, en parte, porque en el segundo semestre de 2017 entran las tensiones de las presidenciales de 2018 y los partidos tienden a alejarse del gobierno de turbo para recoger réditos políticos. Lo anterior ha sucedido con partidos como Cambio Radical, que incluso abandonó la Unidad Nacional, y el Partido Conservador, bancadas que han criticado varios aspectos del proceso de paz con las Farc y han puesto peros al trámite legislativo de los proyectos de paz.
Para la ONG, 'el comportamiento de los partidos políticos durante el trámite en el Congreso de las leyes para la Paz evidencia la ruptura que existe entre lo que fue la Unidad Nacional y permite identificar hacía dónde se moverá el mapa político para las próximas elecciones'.
Por ahora, los proyectos de paz priorizados son la reglamentación de la JEP, la Reforma Política y las Circunscripciones Especiales, que intentarán aprobarse antes del 30 de noviembre, cuando se vence el ‘fast track’.
Entre tanto, quedan en vilo proyectos que constituyen, al menos, el 50 por ciento de las iniciativas de implementación de los acuerdos de paz, pues son más de 40 proyectos, y quedan faltando media decena por presentar. Entre los que esperan su turno están la iniciativa que exceptúa a algunas entidades del Estado de las limitantes que impone la Ley de Garantías y que permitirá seguir ejecutando los programas de la implementación a pesar de la campaña electoral; la que habilita un registro de los predios rurales; la reforma a la ley del plan de desarrollo, el tratamiento diferencial de los cultivadores de coca, el catastro, la sustracción de baldíos de zonas de reserva forestal, la ley de innovación y la ley de la protesta social.
En Atlántico
Así será la celebración de la paz
De cara al primer aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, que se cumple hoy, el Atlántico se une a la conmemoración con la ‘Caravana de la Paz’, en donde víctimas del conflicto armado y entidades del orden departamental y municipal, darán a conocer los avances, logros y transformaciones tangibles, que se han generado en el departamento a partir de este hecho histórico en el país. La caravana visitará cinco puntos estratégicos en Barranquilla, para luego finalizar en el municipio de Soledad, donde se llevará a cabo el evento principal.
El recorrido iniciará a las 9:00 de la mañana desde el bulevar del Paseo Bolívar, en el centro de Barranquilla, y seguirá hacia la Plaza de San Nicolás. Posteriormente, visitarán la Plaza de la Paz y el centro comercial Portal del Prado.
